El Ministerio de Universidades esta preparando una inminente convocatoria para la evaluación de Sexenios de Transferencia
En principio, a la vista del Borrador,
parece que la intención del Ministerio es publicarla antes de que finalice el año. Aunque lo lógico sería hacerla coincidir con los las mismas fechas de la convocatoria "normal" de Sexenios de investigación para evitar distorsiones y despistes en los plazos. Sobre todo porque parece que ya se va a normalizar después de la experiencia piloto de 2018.
En el borrador aparece la convocatoria y los aspectos formales, aunque aún falta por conocer los criterios de la evaluación, que deberán ser publicados de manera simultanea y que hasta última hora están siendo reevaluados para corregir las disfunciones detectadas en la convocatoria piloto.
... y otras novedades de final de año
El mes de diciembre de 2020 trae algunas novedades junto a actuaciones que ya vienen siendo habituales al finalizar cada añoSEXENIOS DE INVESTIGACIÓN
ANECA-CNEAI en breve hará pública la convocatoria anual de los sexenios de investigación. Esta convocatoria mantendrá los criterios anteriores y se espera que termine las evaluaciones hacia el mes de mayo del 2021. El plazo para las solicitudes es, una vez más, durante el próximo mes de enero. Desde CCOO seguimos reclamando que a la misma puedan presentarse el profesorado Ayudante Doctor y el resto de PDI temporal que tenga méritos de investigación, tal y como hemos logrado que se reconozca en sentencias judiciales ganadas por CCOO en La Rioja, Gran Canaria, Madrid, etc. Asimismo también esperamos que se reconozca el derecho a prorrogar el último sexenio vivo ante una baja de larga duración por enfermedad, como ya se reconoce para las situaciones de maternidad, adopción, etc.
PROYECTO DE RD SOBRE UNIVERSIDADES
El Gobierno ha iniciado un Proyecto de RD de “creación, reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios” que es una nueva ocasión desperdiciada para mejorar el actual RD 420/2015, en el que el gobierno del PP ya estableció requisitos demasiado laxos para reconocer como universidades a numerosos centros académicos privados.
La propuesta carece de una adecuada definición de lo que es una universidad y de lo que debe ofrecer a la sociedad y tampoco distingue entre “universidades” y “centros universitarios”, manteniendo un modelo continuista que, de hecho, promociona la docencia virtual y “bimodal” y los aspectos cuantificables, tanto en docencia (títulos expedidos) como en investigación (evaluaciones positivas). Por ejemplo, si las ratios profesores/estudiantes en las universidades presenciales ya resultan claramente insuficientes, en el caso de las universidades “bimodales” y a distancia son sencillamente ridículas.
El modelo “bimodal” no puede implementarse sin la suficiente financiación, lo que es incompatible con la reducción de los presupuestos de las universidades públicas en los últimos años. No se puede aprovechar el esfuerzo del personal para cubrir la docencia de forma bimodal en una situación tan excepcional como la de la pandemia para implementar ese modelo en el futuro con el objetivo de reducir costes.
Por otro lado, el principal riesgo de la enseñanza a distancia (virtual) es que deja fuera a enseñanzas eminentemente prácticas, así como no favorece la incorporación de los estudiantes a tareas de investigación o de campo, lo cual desfigura por completo la esencia de lo que debe hacer una universidad.
En definitiva, el proyecto de RD pretende endurecer ligeramente los criterios de la normativa actual (cosa no muy difícil, dadas las escasas exigencias del anterior RD 420/2015) pero no resuelve el problema de la proliferación descontrolada de universidades privadas que han surgido sin el adecuado control de calidad (recordamos algunos escándalos recientes), a la vez que debilita los cimientos en los que se construye la misma esencia universitaria en la conjunción de docencia e investigación.
DISTRIBUCIÓN 0,3% ADICIONAL
Como ya viene siendo habitual, nuestra universidad no ha negociado ni acordado la distribución del 0,3% adicional prevista en los Presupuestos Generales del Estado. Todo lo contrario que si han hecho el resto de universidades, como la ULL, que ha vuelto a pactar la asignación del 0,3% de reparto de los denominados fondos adicionales establecidos en los Acuerdos retributivos entre sindicatos y Gobierno desde 2018. La novedad en La Laguna en este caso es que, en lugar de distribuir una pequeña cantidad de manera generalizada a modo de gratificación, se ha optado por emplear el dinero disponible en mejorar diversos aspectos relativos a la prevención de riesgos laborales y mejoras en las condiciones de trabajo.
ESTABILIZACIÓN PERSONAL TEMPORAL E INTERINO
Esta misma semana los partidos PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana (ERC), PDeCAt, Más País-Equo y Compromís han acordado en el Congreso una enmienda transaccional que apuesta por reformar de urgencia el Estatuto Básico del Empleado Público con el fin de dar respuesta a las diferentes sentencias sobre la temporalidad en el sector Público. En principio, hoy jueves se empezará a debatir en el Pleno del Congreso una propuesta que permite la reserva extraordinaria de plazas, en las convocatorias de empleo público, para el personal interino y temporal más veterano.
La iniciativa, que aún debe concretar medidas legales precisas y respetuosas con la legislación constitucional, pide articular "respuestas legales básicas eficientes y eficaces de estabilización de los empleos, previo diálogo con las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), así como con las centrales sindicales". Y también pide evitar la generación de nuevas bolsas de empleo público temporal "intensificando los controles sobre los gestores públicos en relación con los incumplimientos de las previsiones normativas en materia de empleo público temporal".
