ULL: Paralizado el trabajo presencial del personal sensible al Covid19

Desde el pasado viernes 26 de junio, y hasta que la Inspección de Trabajo lo ratifique o anule, todo el personal de administración y servicios de la ULL especialmente sensible al Covid19 NO ACUDIRÁ de forma presencial a su trabajo

Por la similitud de circunstancias entre nuestras dos universidades en este tema, pensamos que es importante informar de esa decisión, la de paralizar el trabajo presencial del PAS de la Universidad de La Laguna especialmente sensible al Covid19,  ya que la han adoptado  la Junta de PAS funcionario y el Comité de Empresa del PAS laboral  de la ULL a propuesta de CCOO y en aplicación del apartado 3 del artículo 21 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) [clic aquí para descargar la LPRL y  clic en la imagen de la derecha para ampliar el documento que notifica la paralización y leer su contenido].

Según el Artículo 21.3 de la LPRL, para que sea efectivo ese acuerdo la decisión debe haber sido adoptada por la mayoría del órgano de representación y, hemos de decir, que tanto la Junta de PAS funcionario como el Comité de Empresa del PAS laboral de la ULL lo han aprobado por unanimidad. Por lo que se cumplen los requisitos legales necesarios para que esta decisión sea plenamente efectiva.

Propuesta similar presentada por CCOO en la ULPGC
pero que quedó pendiente del apoyo del resto de sindicatos

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Tal como indicamos más arriba, esta decisión unánime de los sindicatos de la ULL tiene una importancia fundamental, ya que nuestras dos universidades mantienen una política poco protectora en lo que se refiere a la protección frente al Covid19. Aunque hemos de decir que, a pesar de que es en la ULL donde Junta y Comité de Empresa han decidido paralizar la actividad del personal especialmente sensible, la situación en la ULPGC tiene mayor gravedad puesto que aquí ni siquiera se está realizando la evaluación por personal médico cualificado. Razón por la que CCOO también propuso iniciar los trámites para aplicar el Artículo 21.3 en nuestra universidad, aunque lamentablemente no obtuvo el respaldo del resto de sindicatos, al contrario que nuestros vecinos de Tenerife que si dieron su apoyo unánime a la iniciativa [en la imagen de la izquierda se puede ver la propuesta de CCOO en la ULPGC].

Los acuerdos de este tipo, paralizando la actividad laboral por mandato de los órganos de representación o de los/as Delegados/as de Prevención que representan al personal, son poco usuales ya que únicamente se llevan a cabo cuando existe un peligro grave e inminente para la salud de los trabajadores y trabajadoras y la empresa no adopta las medidas necesarias para evitarlo. De manera que la representación sindical toma la iniciativa de paralización hasta que la Inspección de Trabajo adopte una resolución avalando esa suspensión o anulándola.

En el caso de la ULL, esta decisión ha sido necesaria a la vista que la Gerencia de la universidad no ha querido o podido solucionar el grave problema al que se enfrentan los compañeros y compañeras especialmente sensibles al Covid19. En unos casos porque a muchos/as aún no se les ha respondido desde el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y a los que sí les han respondido, obligándolos a trabajo presencial, porque el estudio de su situación no se ha hecho correctamente. En concreto no se ha llevado a cabo ningún estudio de evaluación de riesgos en función de su ubicación y trabajo real (si realiza atención al público, si su puesto está ubicado en un lugar de tránsito de personas, etc) ni tampoco se ha tenido en cuenta las medidas concretas de protección que tiene o no tiene ese/a trabajador/a. Algo especialmente importante si tenemos en cuenta que en la mayoría de los casos la ULL no ha suministrado material de protección.

Por otra parte, para tranquilizar a quienes se han de ausentar del trabajo presencial por esta denuncia, comentar que el apartado 4 del Artículo 21 de la LPRL establece que "4. Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de la adopción de las medidas a que se refieren los apartados anteriores". Por lo que obedecer el mandato de la Junta y del Comité no implica ninguna repercusión negativa y, en cambio, sí sería muy positivo para todo el colectivo del PAS que esta decisión unánime demuestre a la universidad que nos tomamos muy en serio las medidas de prevención frente a los contagios.

Esta situación de riesgo, además, se produce en un momento delicado en la llamada "desescalada", donde el peligro de rebrotes es ya un hecho contrastado. Tanto en otros países como en España. De manera que el reinicio de los viajes entre distintos países y territorios o los comportamientos irresponsables en fiestas o acontecimientos de ocio y la negligencia de algunas empresas en el ámbito laboral, están provocando nuevos contagios que ponen en peligro todo el proceso de recuperación, tanto de nuestra salud colectiva como de la supervivencia económica.

Todos y todas debemos ser responsables. No es alarmismo, es prudencia. Debemos aplicar el máximo esfuerzo en las medidas preventivas propias y ajenas, evitando cualquier riesgo en la propagación de los contagios. 



<= Noticia publicada en ELPAÍS donde se puede ver que la actividad laboral en algunas empresas también es uno de los lugares donde se están concentrando los nuevos focos de contagio, debido a la falta de protección.

La ULPGC tampoco cumple la priorización del teletrabajo

La pasada semana denunciamos que nuestra universidad estaba incumpliendo la protección del personal especialmente sensible frente al Covid19, y hoy tenemos que volver a insistir que la ULPGC sigue incumpliendo sus propios protocolos de protección

Uno de los mecanismos de mas importancia para evitar la propagación de contagios es el mantenimiento de la distancia social, y el teletrabajo o "trabajo no presencial" es la mejor alternativa para lograr ese objetivo en las actividades en las que sea posible. Por esa razón todos los protocolos elaborados por empresas y organismos públicos para evitar contagios de Covid19, han establecido como prioridad ese procedimiento. Incluida nuestra universidad.

La nueva situación de desescalada permitirá una mayor movilidad interterritorial y el turismo volverá a traer nuevos posibles casos de contagios, a pesar de todas las medidas de protección que se puedan imponer, ya que hasta que exista una vacuna no hay garantía absoluta de frenar su propagación. Por esa razón, extremar el resto de precauciones es de vital importancia.  Eso explica que tanto el Gobierno central como el autonómico hayan desarrollado normativas para mantener el teletrabajo de su personal durante un periodo de tiempo más prolongado.

Sin embargo, de manera incomprensible, la ULPGC parece ir contracorriente y en sentido contrario a la prudencia y esta impartiendo instrucciones para incorporar a gran parte del personal en trabajo presencial de forma rotatoria. Incluyendo a servicios y unidades que pueden hacer todo o casi todo su trabajo de forma remota.

Que una parte de los sectores de las Islas y la economía canaria deban activarse en modo presencial (la hostelería no tiene posibilidad de teletrabajar) no implica que el peligro de contagio y el riesgo hayan desaparecido o disminuido, como algunos pretenden dar a entender. El riesgo sigue siendo el mismo y la velocidad de contagio y letalidad del virus sigue siendo la misma, tal como muestran los recientes casos de brotes masivos en Pekin, Alemania o, mucho más cerca, en el País Vasco. Si se ha llegado al final de la desescalada permitiendo actividades y movilidad es simplemente por razones económicas y no médicas ni sanitarias. Ya que es imposible prolongar más tiempo una paralización sin provocar daños irreversibles en nuestra economía. Pero, precisamente esa misma razón, debe ser la que nos indique que el resto de actividades que puedan mantener la distancia social y evitar contagios deben ser mantenidas hasta que exista una vacuna. El teletrabajo debe ser "de verdad" prioritario hasta ese momento, tal y como recomiendan las autoridades sanitarias y los Gobiernos del Estado y de Canarias y, también, tal y como establecen los propios protocolos de la ULPGC.

Peticiones sindicales de reunión urgente de la Comisión de Seguimiento
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Desde CCOO denunciamos el recorte injustificado del teletrabajo y las incorporaciones presenciales que se están produciendo en nuestra universidad, así como la falta de medios o el incumplimiento de la protección del personal especialmente sensible.

Por esa razón nuestro sindicato ha pedido a la Gerencia una reunión urgente de la Comisión de Seguimiento, petición que también ha secundado SEPCA y esperamos que se sumen el resto de sindicatos para hacer la mayor presión posible. Porque solamente con una acción unitaria de toda nuestra representación sindical podremos conseguir que se garantice una adecuada protección de nuestra salud laboral.

La ULPGC incumple los protocolos en la protección del "personal sensible"

La ULPGC ha comenzado el retorno al trabajo presencial y hemos observado con preocupación que se están incumpliendo los protocolos de protección relativos al personal especialmente sensible al Covid19, así como en otros casos sobre los que también informaremos en los próximos días

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El incumplimiento se esta produciendo en varias situaciones, como los/as trabajadores/as en los que debería ser prioritario el teletrabajo o el personal con problemas de conciliación familiar. Sin embargo la situación de mayor gravedad en esos incumplimientos se produce sobre el denominado "personal especialmente sensible" y que viene definido como tal por las autoridades sanitarias.

Atendiendo a sus particulares situaciones de vulnerabilidad, a este personal se le dedicó un apartado concreto en el Acuerdo de los sindicatos con Gerencia del pasado 21 de mayo [clic aquí para consultar el Acuerdo] en el que se estableció, entre otras cosas:

• Se deberá priorizar la prestación de trabajo en modalidades no presenciales para los trabajadores pertenecientes a los colectivos definidos por el Ministerio de Sanidad, como grupos vulnerables para la COVID-19 así como los que tengan a menores o mayores dependientes a su cargo, o afectados por el cierre de colegios o de centros de mayores.
• En base a estos criterios del Ministerio de Sanidad, deberemos considerar estos grupos de vulnerabilidad, su condición de especial sensibilidad (art. 25 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales) y tomar acciones para evitar la exposición, evitando el riesgo, mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización del trabajo

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Colectivos de especial riesgo que, de acuerdo con lo previsto en el Procedimiento de Actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2 del pasado 8 de junio [clic aquí para descargarlo], deben ser evaluados por el servicio sanitario de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales (SPRL). Es decir, la evaluación debe correr a cargo de personal médico colegiado como especialista de medicina del trabajo, tal y como puede verse en los anexos documentales de este protocolo de actuación (ver ejemplo en la imagen de la izquierda). Algo que no esta cumpliendo la ULPGC que, en una injustificada prisa por acelerar la desescalada, simplemente notifica a las personas afectadas que deben incorporarse al trabajo presencial sin la evacuación de ningún informe médico.

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Precisamente, temiendo esta situación, desde nuestro sindicato presentamos la semana pasada una propuesta de  "paralización" de estas incorporaciones presenciales así como las del personal de conserjerías y de atención al público en aplicación de lo previsto en el Artículo 21.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Propuesta que quedó pendiente, sin resolver, por parte del resto de sindicatos del Comité de Empresa.

Como alternativa urgente, desde CCOO propondremos al resto de sindicatos pedir una reunión urgente de la Comisión de seguimiento prevista en el Acuerdo del 25 de mayo, para reconducir esta situación así como el resto de incumplimientos detectados.

Comunicado unitario CCOO-UGT-CSIF sobre el Estatuto del PDI

Información sobre el Estatuto del Personal Docente e Investigador de las universidades

Algunas universidades cambian ilegalmente los periodos de vacaciones

Varias universidades están modificando de forma irregular los periodos de disfrute de las vacaciones anuales del PAS, limitando su disposición hasta el mes de septiembre exclusivamente

El Gobierno de Canarias también ha aplicado este
cambio ilegal a su personal (Resol.Func.Pública)

Esta modificación en las vacaciones, además de irregular por el momento elegido para llevarla a cabo cuando ya han sido planificadas y reguladas desde principios de año, también es ilegal. Por lo que CCOO ha dado instrucciones a sus Servicios jurídicos en todos los territorios para que impugnen judicialmente cualquier cambio de este tipo.

En Canarias hemos detectado que la ULPGC ha denegado varias peticiones que solicitaban parte de sus vacaciones después de septiembre. Asimismo, el Gobierno de Canarias ha cometido esta misma ilegalidad, ya que el pasado día 9 se firmó una nueva Resolución de Función Pública estableciendo el límite vacacional hasta el 30 de septiembre. La ULL, por su parte, no ha mostrado aún intención de aplicar esta limitación aunque estamos pendientes por si intenta sumarse a esta ilegalidad.

Para explicar las razones que justifican que estos cambios unilaterales son irregulares e ilegales, transcribimos parte del comunicado que nuestro sindicato envió ayer al personal del Gobierno de Canarias:  "CCOO presentará recursos judiciales porque consideramos que la Resolución número 631 de 9 de junio de 2020 de la Función Pública Canaria incumple de forma flagrante el artículo 37 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público sobre el derecho a la negociación colectiva y las materias que son objeto de ello : “m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.

En la ULPGC vulnera la actual Instrucción de Gerencia
sobre calendario laboral del PAS

También vulnera el artículo 50 Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 45.2) de la Ley 2/1987 de 30 de marzo de la Función Pública Canaria y Acuerdo Administración – Sindicatos sobre condiciones de trabajo de los empleados Públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias suscrito el año 2003 (BOC número 122, de 27 de junio de 2003)."

En el caso de la ULPGC este cambio intempestivo vulnera la Instrucción de Gerencia, del 17 de diciembre de 2019, por la que establecía el calendario laboral de todo el PAS para el año 2020. Calendario que desde hace tiempo viene aplicando periodos restrictivos de "cierre obligatorio" en varias semanas de agosto y, como compensación, permite disfrutar de forma flexible el resto de días vacacionales en cualquier otra fecha del año.

La reforma de la RPT del PDI necesita transparencia y negociación

Mañana martes, 9 de junio, se ha convocado una segunda reunión para analizar más de setenta cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del PDI, entre los que se incluyen amortizaciones (=supresión de plazas) y modificaciones (traslados de plazas entre Áreas)

Esta segunda Reunión, la primera fue el pasado miércoles, es la respuesta del Vicerrector de Organización Académica y Profesorado (VOAP) a la petición de CCOO sobre la necesidad de un calendario de negociación, aunque resulta incompleta porque vuelve a convocar para que la representación sindical “solo” informe y sin entregar la memoria de datos que expliquen los cambios propuestos para la RPT. Vulnerando, así, la obligación legal de negociar y, por lo tanto, poniendo en peligro la viabilidad jurídica de estos cambios.

La modificación de la RPT es un cambio sustancial de las condiciones de trabajo de parte de la plantilla del PDI. Afecta al derecho a nuestra promoción y cambia las cargas de trabajo entre Áreas al aumentar o disminuir el potencial docente con las modificaciones propuestas, aparte del efecto lesivo que pueden suponer las amortizaciones de plazas o su cambio de Área. Por lo que su negociación es obligatoria de acuerdo con la normativa legal.

Además, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, dicha negociación debe ser realizada bajo el principio de buena fe, que incluye la entrega previa de documentación y datos que justifiquen los cambios. Algo que tampoco se ha producido.

Esperamos que el VOAP entienda las graves consecuencias que se derivan de incumplir este requisito y atienda nuestra petición, posibilitando el inicio de un proceso negociador, transparente y cooperativo con la representación sindical del profesorado, para sacar adelante la promoción y renovación de plantilla que nuestra universidad necesita.

Recorte brutal a las universidades andaluzas: -10% del presupuesto

La Junta de Andalucía, gobernada por una coalición de PP/Cs/VOX, acaba de aplicar un recorte en el presupuesto de este mismo año a las universidades públicas

El recorte, cifrado en 135 millones de Euros (el 10% del presupuesto) supone una cifra desmesurada que implicará problemas en las contrataciones de personal y gastos de funcionamiento. Precisamente en el momento que el sector público se estaba recuperando de los anteriores recortes. 

Además, al aplicarse a mitad de año, cuando gran parte del gasto ya está realizado, supondrá una readaptación presupuestaria muy difícil de realizar y que tendrá repercusiones en la contratación de nuevas plazas y la renovación de contratos.

CCOO apoya un frente común con los diez rectores andaluces para emprender una movilización contra estos recortes, que no se justifican ya que el gobierno del Estado está negociando con Bruselas una financiación especial de la Unión Europea por el Coronavirus. De forma que no existen motivos para comenzar ningún recorte en el sector público y mucho menos en las universidades.

No es descabellado suponer que este recorte es un adelanto de las políticas de PP, Ciudadanos y VOX para apoyar a las universidades privadas y reducir aun más la financiación del sector público y de la investigación en nuestro país. Atacando nuevamente a la Ciencia y a los/as científicos/as.

Por esa razón es imprescindible que todos y todas apoyemos las protestas contra este recorte brutal, porque es un adelanto de lo que pretenden aplicar otros gobiernos autonómicos del PP/Cs/VOX y que, de no ser frenado a tiempo, podría servir de ejemplo para el resto. Otra muestra de esta política privatizadora se esta llevando a cabo en Galicia, para transformar permanentemente las universidades públicas gallegas en semipresenciales para reducir costes.

Que en este momento, para reducir las posibilidades de contagio, haya sido necesario implementar docencia y atención virtual, o que en el futuro debamos utilizar más intensamente las herramientas digitales no es motivo para eliminar permanentemente la enseñanza presencial y la atención personalizada. Sobre todo porque ya existen universidades "a distancia" (UNED, UOC...) y el resto ya tienen en marcha impartir algunas titulaciones de forma virtual, para estudiantes que no pueden asistir de forma presencial.