lunes, 26 de noviembre de 2012

No a la reducción del Presupuesto de la ULPGC

La reducción que el Gobierno de Canarias quiere aplicar a las universidades es del 8,34%, donde un 5% se aplicará directamente sobre los Capítulos 1 y 2 de los gastos (personal y gasto corriente)

Clic para ampliar (chiste de Padylla - La Opinión)
El recorte del 8,34% a las universidades es superior a la media que se aplicará en las Consejerías del propio Gobierno de Canarias, establecida en un 7%. Pero, además, la parte de recorte que nos aplicarán en los apartados de Personal y Gasto Corriente (Capitulo 1 y 2) cifrada en el 5% es también superior a lo que registran las universidades españolas, que solamente van a sufrir un 3% de media en sus presupuestos de 2013.

En las dos reuniones que se celebraron el pasado viernes, una entre la Dirección General de Universidades y los representantes sindicales de las universidades y otra entre el Presidente del Gobierno Canario y los rectores de la ULPGC y la ULL, se manifestó la total oposición de las universidades y sus trabajadores a este recorte presupuestario.

En ambas se dejo claro que las universidades canarias han cerrado filas en la defensa del carácter público de nuestras instituciones y en la necesidad de contar con el presupuesto necesario para prestar los servicios de educación superior e investigación con la mayor calidad posible. Algo que será imposible si se aprueba definitivamente el recorte que ha anunciado el Gobierno de Canarias.

Esa unidad de criterio en contra de este recorte presupuestario, compartida por los dos rectores y todos los representantes sindicales, han permitido que se obtengan tres compromisos importantes por parte del Gobierno de Canarias:

  • La reducción de un 5% en el presupuesto de las universidades esta destinada para ser aplicada conjuntamente en los Capitulos 1 (Personal) y 2 (Gastos Corrientes), pero se permite que cada universidad decida el criterio en la distribución del recorte.
  • El importe recaudado como consecuencia del aumento de las Tasas no será retenido por el Gobierno de Canarias, quedando a disposición de las propias universidades para "tapar" parcialmente esa reducción del 5%.
  • El Gobierno también se compromete a permitir que se reduzca ese 5%  en un punto, para llegar solamente al 4%.  De forma que las universidades en lugar de sufrir una reducción global del 8,34% se queden en el mismo porcentaje aplicado a las Consejerías: 6-7%. Aunque condiciona ese compromiso a que sean las propias universidades las que gestionen con los grupos parlamentarios esta modificación, por medio de enmiendas a los Presupuestos durante su tramitación parlamentaria. 
Es evidente que el primer compromiso, permite que las universidades canarias diseñen su propia estrategia de ahorro, evitando los criterios de recorte de personal o reducción de jornada y salario que quiere utilizar el Gobierno de Canarias para 2013 en el conjunto de la administración autonómica. Compromiso que han recogido los dos rectores de las universidades canarias para añadir que este recorte no repercutirá en despidos.

Sin embargo, esos compromisos de los equipos de gobierno de la ULL y la ULPGC solamente serán viables si logramos aplicar la reducción presupuestaria de una forma racional y controlada, algo que se puede ver dificultado si las previsiones de pagos por Tasas académicas no se cumplen. En este sentido, no serviría de nada que ese dinero se quede en las universidades si al final se formalizan menos matriculaciones o si los/as alumnos/as que estan pendientes de beca o de pago fraccionado no pueden obtener el dinero necesario para abonar las Tasas. Incertidumbre que mantendremos, al menos, hasta los meses de abril y mayo que es cuando finalizan ambos procesos.

Por eso es especialmente importante no conformarnos y seguir presionando para que en lugar de un 8,34% se nos aplique un máximo de reducción equivalente al previsto para las Consejerías: el 6-7%, lo que significaría rebajar en uno o dos puntos porcentuales el recorte sobre la financiación básica de la universidad (del 5% al 3 ó 4%).

miércoles, 21 de noviembre de 2012

No a los recortes del Gobierno en prevención de la violencia contra las mujeres

El próximo domingo 25 de noviembre se celebra el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres


Desde CCOO consideramos imprescindibles las políticas de concienciación y sensibilización social y el refuerzo de los recursos sociales, económicos y jurídicos que favorezcan la visibilidad y la denuncia de la violencia de género y llaman a la participación en las distintas movilizaciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales convocan el 25 de noviembre para manifestar su compromiso en la denuncia y por la erradicación de la violencia contra las mujeres.

Con motivo de Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres CCOO ha elaborado un manifiesto en el que denunciamos el impacto de los recortes en los PGE del Gobierno central que en políticas de igualdad entre mujeres y hombres se reducen el 24,1% y el 6,8% para la lucha contra la violencia de género. También se reduce un 6% la partida total destinada a la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, y por segundo año consecutivo las CCAA son las grandes perjudicadas, reduciendo la cuantía que se les adjudicaba para Programas de asistencia social par mujeres víctimas de violencia de género, que percibirán en 2013 un 20% menos.

También denunciamos los efectos perniciosos del fracaso de una política gubernamental que precariza las condiciones de vida y trabajo de las personas, incrementa las bolsas de desigualdad y pobreza e impacta doblemente en las mujeres, penalizadas por la adjudicación de las cargas familiares y la atención a la dependencia; situación que supone un grave retroceso en su autonomía e independencia económica, estrategia imprescindible para salir de las situaciones de violencia, tal como refleja en informe del Consejo General del Poder Judicial, "la violencia económica es un factor mas de presión al que se ve sometida la víctima".

CCOO reitera su apoyo a la ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género y valoran los logros alcanzados, si bien consideramos que hay carencias importantes en la aplicación de la norma que deben ser resueltas par combatir y eliminar la violencia de género y que deberían contemplar el asesoramiento previo y la asistencia jurídica especializada y gratuita durante todo el proceso judicial; la mejora y fortalecimiento de la coordinación y colaboración de todas las administraciones, de cuerpos policiales y de seguridad, judicatura, fiscalía, abogacía, profesionales sanitarios y servicios sociales y educativos; la creación de juzgados especializados y puesta en marcha de unidades de valoración integral del riesgo; reforzar las acciones den sensibilización y formación especializada de carácter mas integral a los operadores jurídicos, y por último aplicar la normativa igualitaria para combatir en sexismo existente en la publicidad y algunos medios de comunicación, integrar la igualdad en los contenidos curriculares, favorecer la formación inicial y permanente del profesorado, promover la sensibilización de la infancia y adolescentes, contribuyendo a los necesarios cambios en valores y actitudes sociales imprescindibles para la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres.

lunes, 19 de noviembre de 2012

El decreto sobre desahucios es claramente insuficiente

Desde CCOO seguimos demandando la paralización de los procesos de embargo de viviendas que provengan del deterioro de situaciones económicas sobrevenidas y la reforma de la legislación hipotecaria

Ya hay 614.00 firmas, y siguen...
El Real Decreto Ley no da respuesta a muchas personas que se ven o pueden verse afectadas por la concurrencia de una grave situación económica y una legislación hipotecaria desequilibrada e injusta. Sigue siendo urgente adoptar medidas transitorias integrales, en tanto en cuanto no se modifique la legislación en materia de ejecución hipotecaria, y esta medida no puede ser otra que la suspensión temporal de los procesos de ejecución en marcha.

Para CCOO, la definición de una moratoria de dos años a colectivos muy reducidos, no aborda actuaciones sobre una normativa hipotecaria rígida y que favorece la acumulación de deuda, alargando el problema más allá de la ejecución. 

Es especialmente relevante el mantenimiento del elevado interés por mora que grava enormemente las deudas contraídas y que no pueden ser atendidas. La demora habitual de los procesos judiciales, que no aborda esta norma, juega a favor de la entidad financiera que va acumulando una cantidad adicional a la deuda, inasumible para el propietario de la vivienda.

No puede mantenerse la posibilidad de que una entidad financiera pueda: subastar primero y adjudicarse después una vivienda por debajo del 80% del valor de tasación (límite máximo de valoración marcado por el Banco de España), permitiendo eludir a las entidades financieras su responsabilidad en la inadecuada gestión de la concesión de los préstamos.

Desde diferentes instancias se ha cuestionado la regulación vigente y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene que pronunciarse sobre la adecuación a la normativa comunitaria del procedimiento de ejecución hipotecaria español, aunque el informe preliminar concluye que no es compatible con la directiva europea de protección del consumidor frente a cláusulas abusivas.

El actual problema de desahucios debe abordarse desde tres ejes de actuación:
  1. Soluciones para los hipotecados actuales para evitar la exclusión que está asociada a no disponer de vivienda habitual. 
  2. Soluciones para los hipotecados futuros. 
  3. Garantizar el acceso a una vivienda en alquiler a un coste asumible (sean viviendas públicas o privadas).
Se deben articular fórmulas para la ampliación del plazo de vencimiento del crédito contando con un periodo razonable de carencia ligado a la duración de la actual crisis (por ejemplo la bajada de la tasa de desempleo por debajo del 15%). A la vez, permitir el uso de la vivienda en régimen de alquiler con un precio razonable que pueda ser tomado en cuenta a la hora de la liquidación del préstamo hipotecario (alquiler con opción de compra). La suma de medidas debe evitar en primer lugar el desahucio.

En paralelo, el stock de viviendas públicas donde se incluyen las que están en poder de los bancos nacionalizados y del SAREB deben poder ser alquiladas a las personas que han perdido su vivienda bajo un sistema de alquiler social,  pero llama la atención, como CCOO ha denunciado, que semanas después de que el Gobierno haya eliminado la Agencia Estatal de Alquiler justificándolo como una medida de racionalización de la estructura de la Administración, no se determine el organismo que gestionará el parque de viviendas disponibles.

Es necesario implantar de inmediato y regular con claridad el procedimiento de dación en pago y el acceso de las personas físicas en situación de insolvencia sobrevenida o riesgo inminente de insolvencia en los términos de la legislación concursal común.

Por otro lado, las declaraciones efectuadas desde la Comisión Europea recordando que bajo las condiciones impuestas en el Memorando de Entendimiento suscrito para el rescate bancario, España tiene que consultar antes con la Comisión y el BCE la adopción de políticas del sector financiero que puedan tener un impacto material en la consecución de los objetivos del programa, muestran el elevado grado de intervención externa en nuestra economía y las consecuencias que se derivan de ello, por mucho que el Gobierno siga empeñado en demostrar lo contrario.

Finalmente, los debates sobre las modificaciones legislativas que deban producirse no deben limitarse a las dos fuerzas políticas mayoritarias, debiendo incorporar una visión integral que permita recoger y proteger adecuadamente los derechos básicos que se ven afectados por esta grave situación.


jueves, 15 de noviembre de 2012

Un millón en Madrid...

Cabecera de la manifestación en Santa Cruz de Tenerife `[Foto: Diario de Avisos]



La Huelga General del 14N ha culminado con manifestaciones en todo el país, destacando el millón de personas que se han concentrado en Madrid.

La participación en la Huelga también ha sido importante, más significativa en los sectores industriales y de transporte y con menor incidencia en el comercio. Especialmente significativo es que, en esta ocasión, se ha visto un aumento de la huelga en el sector público (el 31% según el Gobierno de Canarias) cuando en las Huelgas Generales anteriores apenas llegaban al 10 por ciento.