Mostrando entradas con la etiqueta PDI. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta PDI. Mostrar todas las entradas

jueves, 22 de octubre de 2026

El Gobierno confirma que la subida salarial del 4,5 % está garantizada para más de tres millones de empleadas y empleados públicos

CCOO reclama una norma que garantice dicha subida salarial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Gobernar es cumplir lo pactado.

 

Coincidiendo con las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y servicio a la ciudadanía y de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 5 de julio de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público, celebradas en la tarde del 20 de octubre, CCOO ha reiterado la reclamación, ya formulada previamente por escrito al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, para que se garantice el incremento salarial del 4,5 % para el 2027, a través de un real decreto ley, y confirme cuándo lo va a aprobar.

El Gobierno se ha comprometido a aprobar legalmente esa subida, pero sin especificar la fecha. Para CCOO el cumplimiento de los acuerdos retributivos incluidos en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía debe reflejarse en una norma legal, por una cuestión de seguridad jurídica, antes de la celebración de las elecciones generales fijadas para el próxima 29 de noviembre, momento en el que el Ejecutivo pasará a estar en funciones. Ante el escenario de adelanto electoral, desde CCOO exigimos la aprobación urgente de una norma de rango legal que blinde las retribuciones ya pactadas, evitando que el periodo de transición a una nueva legislatura paralice las comisiones de seguimiento y el desarrollo del resto de los derechos acordados. El Acuerdo Marco constituye una hoja de ruta vinculante con los servicios públicos y el poder adquisitivo de quienes los sostienen día a día.


Como ya señalamos, el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado por CCOO, junto a UGT y CSIF, establecía un incremento salarial que recogía una subida salarial global del 11,4% (contando con el efecto deslizamiento en las tablas salariales) para el periodo 2025-2028, así como reivindicaciones históricas, como la implantación de un modelo alternativo a la tasa de reposición en las ofertas de empleo público. El incremento salarial pactado, que es consolidable en su totalidad, se distribuía del siguiente modo:


2025 

Un incremento salarial fijo del 2,5% sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024. YA COBRADO. 

2026 

Un incremento salarial del 2% sobre la base de las retribuciones incrementadas en 2025. Este incremento, de carácter consolidable, se abonará en dos momentos:

1.  El 1,5% fijo se abonará en el año 2026. ¡¡¡¡PENDIENTE DE PAGO!!!!

2. Y el 0,5% restante se abonará en el primer trimestre de 2027, si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%. La tasa de variación anual del IPC del mes de septiembre, último mes del que el INE ha publicado datos, se situó en el 4,9%. Por lo tanto, casi con toda probabilidad este 0,5% adicional se cobraría en 2027.

2027 

Un incremento salarial fijo del 4,5% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en 2026. Este incremento, de carácter consolidable, tendrá efectos de 1 de enero de 2027 y se abonará en 2027.

2028 

Un incremento salarial fijo del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en 2027. Este incremento, de carácter consolidable, tendrá efectos de 1 de enero de 2028 y se abonará en 2028.


Por lo tanto, a fecha 1 de enero de 2027 se debería percibir:

1. El 0,5% pendiente de 2026, con efectos de 1 de enero de 2026 y que ya fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

2. El 4,5% correspondiente a 2027, con efectos de 1 de enero de 2027.

Pero, es más, debería avanzarse en una revisión del Acuerdo en el sentido de actualizar el mismo en función del incremento del coste de la vida. La realidad del año 2025, momento de la firma del Acuerdo, dista mucho de la actual situación, con un incremento del coste de la vida cercano al 5% en su período de vigencia a día de hoy.


Las cuestiones pendientes

Ni la ULPGC ni la ULL han pagado la subida del 1.5% comprometido entre el Gobierno y la representación sindical, aunque esperamos que ANTES DE FINAL DE ESTE AÑO podamos percibir el incremento salarial puesto que la Consejera de Universidades y Cultura comunicó en la sesión de control al gobierno, que ya se ha dado la orden para la transferencia de crédito a las universidades para el pago del 1.5% pendiente. 

Para el Área Pública de CCOO, tan importante como la cuestión retributiva es que no se paralicen ni se pospongan el resto de las medidas incluidas en el Acuerdo Marco. Entre ellas, el sindicato ha reiterado la necesidad de avanzar en:

· La eliminación y/o modificación del actual modelo de tasa de reposición.

· La mejora de haberes reguladores para el personal sujeto a clases pasivas.

· Las materias recogidas en el Acuerdo en relación con el empleo público, digitalización, salud laboral o igualdad a través de la comisión de seguimiento y de los grupos de trabajo creados al efecto.

· La solución definitiva al problema de la temporalidad.

CCOO quiere destacar que sigue pendiente el cumplimiento efectivo de compromisos fundamentales recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la implantación de la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario.


Para CCOO los acuerdos alcanzados deben cumplirse en su integridad y sin más demoras. Las empleadas y empleados públicos necesitan hechos y no declaraciones de intenciones. No puede haber dilaciones para convertir los compromisos en mejoras reales para el conjunto de las plantillas y para la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.


viernes, 9 de octubre de 2026

11N HUELGA GENERAL: Una huelga para que el trabajo y los salarios nos permitan vivir

CCOO llama a la movilización por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo.


Hay una preocupación compartida por millones de personas: trabajar y cobrar un salario no garantiza llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o construir un futuro con seguridad. El esfuerzo cotidiano de los trabajadores y los trabajadores pierde valor cuando el alquiler, la hipoteca, la cesta de la compra, el transporte, el gas o electricidad, absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos. Los bienes y servicios esenciales para poder vivir dignamente resultan demasiado caros y los servicios públicos no responden suficientemente a nuestras necesidades. 

Esta huelga nace para cambiar esa situación. Para convertir problemas que cada persona afronta por separado en reivindicaciones colectivas. Para exigir que la mejora de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora sea una prioridad política y económica.  


Una huelga para garantizar una vivienda asequible. Para que se garantice el acceso a una vivienda digna a un precio que podamos pagar. Para que encontrar una casa no obligue a dedicar la mayor parte del salario al alquiler o a una hipoteca, alejarse del lugar de trabajo o retrasar indefinidamente la emancipación y los proyectos de vida. 

La vivienda es una necesidad básica y un derecho. Todas las administraciones deben asumir su responsabilidad: Ampliar la oferta de vivienda pública y asequible, regular el mercado y frenar las prácticas especulativas. 

Una huelga para mejorar los salarios. Para que los salarios ganen poder adquisitivo y permitan vivir con dignidad, porque los incrementos conseguidos no bastan ante y la inflación y los precios de la vivienda. Para que el crecimiento económico y la riqueza que generamos con nuestro trabajo se traduzcan en una mejora de nuestras vidas. Esto exige compromisos de las empresas en la negociación colectiva y políticas públicas que impulsen los salarios, empezando por los más bajos. Necesitamos poder pagar los gastos cotidianos, disfrutar del tiempo libre, afrontar un imprevisto y tener perspectivas de futuro. 

Una huelga para que vivir cueste menos. Para que las empresas reduzcan sus márgenes y bajen los precios allí donde existe capacidad para hacerlo, especialmente en los bienes y servicios esenciales. Para que las mejoras salariales no queden absorbidas por nuevas subidas de precios. Las empresas deben asumir su responsabilidad y los poderes públicos deben actuar frente a los abusos y la concentración de poder económico. El coste de la vida también depende de decisiones empresariales y políticas que podemos y debemos cambiar. 

Una huelga para garantizar unos servicios públicos de calidad. Para que todas las personas puedan acceder a una sanidad, una educación, unos cuidados y un transporte público suficientes y de calidad, con independencia de sus ingresos o de dónde vivan. Cuando los servicios públicos fallan, las familias pagan con dinero, con tiempo o renunciando a lo que necesitan. Reforzarlos exige financiación suficiente, personal y buenas condiciones de trabajo. También es una forma de hacer que vivir cueste menos y de dar seguridad a la población. 

Una huelga por la salud de las personas trabajadoras. El derecho a la salud y a recuperarla tras un accidente o una enfermedad es incuestionable. Son las personas trabajadoras las que siguen perdiendo la vida y la salud y la responsabilidad empresarial no puede obviarse. Que nadie vaya obligado a trabajar enfermo.

Una huelga para avanzar en las reformas pendientes. Un control horario que acabe con el fraude de las horas extra, actualizar el Salario Mínimo, transponer directivas europeas de calado, acometer la reforma de pluses y complementos para que no absorban la subida del SMI, son medidas políticas cruciales que este Gobierno tiene pendientes, y hay tiempo para dar pasos adelante. 

¿Por qué antes de las elecciones? 

Porque estas necesidades no pueden quedar aplazadas hasta que termine la campaña y se forme un nuevo Gobierno. La clase trabajadora tiene derecho a intervenir con voz propia, organizar sus demandas y exigir compromisos concretos. La huelga sitúa una agenda social en el centro del debate electoral y establece una exigencia que continuará después de las urnas. Quienes aspiren a gobernar deben explicar qué van a hacer para mejorar nuestras condiciones de vida. Y quienes gobiernen deberán responder por sus decisiones. 

¿A quién se dirige la huelga? 

A quienes tienen responsabilidades y capacidad de decisión. El Gobierno ha perdido una mayoría parlamentaria en las materias económicas y laborales. Medidas como la reducción de jornada laboral y los Decretos sobre vivienda han sido rechazadas por una “mayoría negativa” compuesta por PP, VOX, UPyN y Junts. Denunciamos esta actitud antisocial de la derecha y la extrema derecha. También exigimos al Gobierno de España que apruebe las medidas pactadas con los sindicatos como el registro horario, o evitar la absorción de los complementos salariales, e impulse el SMI para hacer frente al nuevo episodio de inflación. 

Los gobiernos autonómicos han recibido más recursos económicos que nunca. Y en buena medida son los grandes responsables del deterioro de la calidad en los principales servicios públicos extrayendo recursos públicos para ponerlos en manos privadas. Las CCAA tienen las principales competencias en materia de vivienda y en buena parte del territorio se han mostrado contrarias a poner en marcha políticas públicas que protegieran un derecho esencial para la ciudadanía, promoviendo un sector elitista que utiliza la vivienda como un bien de mercado en mayor o menor medida. 

Hoy la privatización parcial de la sanidad, la educción, o el insuficiente desarrollo de la atención a la dependencia, se lleva dinero del bolsillo de las familias para incrementar los resultados de las empresas. 

Pedimos unas políticas que miren a las personas trabajadoras, unos presupuestos que pongan esas políticas en el centro. También que los recursos que desde el estado se ponen a la disposición de CCAA sirvan para mejorar la calidad de los servicios públicos (y no para financiar su privatización) y a las condiciones laborales de personal público, y las personas quienes trabajan en actividades externalizadas desde el sector público (en este momento de forma singular, todos los sectores vinculados a los cuidados). 

A las empresas y a las organizaciones empresariales, por sus decisiones sobre salarios, reparto de beneficios y precios. La inflación y la subida de precios tienen que ver con el incremento de costes producto de las guerras en Ucrania o la intervención de Trump en Oriente Medio. Pero también porque las empresas están haciendo caja, trasladando esos costes al bolsillo de las familias, y salvando así los beneficios (incluso mejorándolos). 

Las elecciones no suspenden las obligaciones de las administraciones ni las de las empresas. 

La clase trabajadora toma la iniciativa. Se organiza para conquistar mejoras y hacer valer sus intereses. Para que la vivienda, los salarios, los precios y los servicios públicos sean prioridades sobre las que se adopten decisiones concretas. Queremos que trabajar y los salarios nos permitan vivir.

lunes, 5 de octubre de 2026

No es falta de dinero, es falta de voluntad: Canarias, a la cola en esfuerzo por sus universidades públicas.


CCOO denuncia que las islas son la tercera comunidad por la cola en esfuerzo de financiación universitaria y exige al Gobierno un cambio de rumbo en el nuevo modelo.


Los datos disponibles sobre financiación universitaria muestran una realidad preocupante: Canarias se encuentra entre las comunidades autónomas que menor esfuerzo relativo realizan para financiar sus universidades públicas.



A pesar de contar con una financiación por habitante superior a la media, en 2022 Canarias fue la tercera comunidad por la cola que menos esfuerzo hizo por financiar sus universidades, superado únicamente a Baleares y Castilla-La Mancha. Este dato resulta especialmente crítico si se considera que las islas gozaban de una financiación disponible por habitante relativamente alta: ocuparon la quinta posición en 2019 y la sexta en 2022 dentro del régimen común (excluyendo al País Vasco y Navarra). En definitiva, esta holgura presupuestaria no se tradujo en un respaldo equivalente para la educación superior pública de nuestra comunidad.

La situación crítica de las universidades públicas canarias no es puntual, sino que persiste desde 2019¹. El déficit crónico de financiación, sumado a los retrasos en la cobertura de determinadas obligaciones y al incremento de los costes de personal, ha impedido cualquier mejora significativa en los últimos años.

Lo más preocupante es que, hasta el momento, la información que ha llegado a CCOO sobre el nuevo modelo de financiación no permite apreciar el cambio de rumbo que esta situación exige. Las propuestas conocidas resultan decepcionantes y no parecen responder a la dimensión del problema.

No basta con gestionar la insuficiencia. Canarias necesita una apuesta decidida por sus universidades públicas, con una financiación suficiente, estable y sostenida que permita renovar plantillas, garantizar el relevo generacional y mantener una docencia, una investigación y unos servicios públicos de calidad.

La universidad pública no es un gasto secundario, sino una inversión estratégica. En una comunidad con recursos naturales limitados como Canarias, el conocimiento, la formación, la investigación y la innovación son elementos esenciales para su desarrollo económico y social.

Desde CCOO reclamamos al Gobierno de Canarias un verdadero cambio de rumbo. El nuevo modelo de financiación debe ser un punto de inflexión y no una prolongación de una dinámica que ha situado a Canarias entre las comunidades que menor esfuerzo realizan por sus universidades públicas. Si esta tendencia no cambia, la universidad pública canaria de los próximos años será inevitablemente más débil y muy distinta de la que hemos conocido hasta ahora, poniendo en riesgo la educación pública universitaria.


¹ Melián González, Arturo (2026), Acerca de la financiación autonómica de las universidades públicas, Apuntes Universidad, 7 de abril de 2026. Melian A. (2026) - FINANCIACION…

jueves, 30 de julio de 2026

Los intereses "políticos" del PP bloquean el Programa Maria Goyri

El bloqueo de la Conferencia General de Política Universitaria retrasa la financiación del Programa María Goyri para las universidades públicas. 

CCOO exige el desbloqueo inmediato de la financiación del Programa María Goyri.

Este miércoles, 29 de julio, estaba prevista la reunión del Pleno de la Conferencia General de Política Universitaria, donde iba a tratarse un tema de gran importancia: la financiación del Programa María Goyri para la incorporación de Profesorado Ayudante Doctor (PAD) a las universidades públicas. Sin embargo, esta reunión no se ha podido celebrar al no alcanzarse el quórum necesario para su válida constitución.

Esta falta de quórum no se ha debido a un problema técnico, sino a una decisión política: todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido no acudir a la reunión, aduciendo estar centradas en la crisis de los incendios o solidaridad con las que lo están.

Según la información facilitada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el acuerdo que debía ratificarse ya había sido aprobado por unanimidad en la Comisión Delegada de la Conferencia General de Política Universitaria y el Pleno tenía por objeto iniciar el procedimiento administrativo imprescindible para transferir los fondos a las comunidades autónomas, que posteriormente deben hacerlos llegar a las universidades públicas.

Para CCOO, este desplante no tiene justificación, ya que la reunión era breve (básicamente para ratificar el acuerdo), no afectaba a los consejeros y consejeras implicados en la respuesta a la crisis, era telemática e, incluso, los consejeros pueden delegar en otro alto cargo de su departamento para acudir a las reuniones. Por tanto, más que una dificultad real, parece un nuevo ataque al gobierno y a la universidad pública por parte de estas comunidades autónomas que parecen incapaces de asumir sus competencias y gestionar el servicio público universitario de manera adecuada.

El Programa María Goyri constituye una de las pocas medidas de apoyo al sistema universitario público de los últimos años y tiene como objetivo financiar contratos de profesorado ayudante doctor, contribuyendo al relevo generacional, al fortalecimiento de las plantillas universitarias y al cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Desde CCOO manifestamos nuestra preocupación porque cualquier demora en el inicio del procedimiento administrativo reduce el margen disponible para que los recursos lleguen a las universidades en los plazos previstos, pudiendo afectar a la contratación del profesorado y a la planificación del próximo curso académico.

Al mismo tiempo, consideramos que una actuación de esta trascendencia exigía el máximo compromiso institucional por parte de todas las administraciones implicadas, sean del partido que sean. Tratándose de una financiación esencial para las universidades públicas y para miles de personas trabajadoras, la celebración del Pleno y la aprobación del reparto de los fondos deberían haberse garantizado con tiempo y con independencia de la fecha fijada para su convocatoria.

Las universidades públicas necesitan estabilidad, planificación y una financiación suficiente para desarrollar sus políticas de personal. Las discrepancias institucionales por razones políticas no pueden traducirse en retrasos que perjudiquen a las universidades, al profesorado ni al estudiantado.

Por ello, CCOO exige que la Conferencia General de Política Universitaria sea convocada nuevamente con la mayor urgencia posible para aprobar la distribución de estos fondos y garantizar que las universidades públicas reciban cuanto antes los recursos necesarios para reforzar sus plantillas, además del resto de medidas que afectan a la financiación pública de las universidades y a las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras para continuar avanzando en el desarrollo de lo que marca la LOSU.


martes, 28 de julio de 2026

CCOO exige negociación y financiación suficiente para garantizar el futuro de las universidades públicas canarias

El pasado 20 de julio la representación legal de los trabajadores de las universidades públicas canarias mantuvo una reunión con el Viceconsejero de Universidades e Investigación tras numerosas solicitudes dirigidas tanto a la viceconsejería como a la dirección de universidades. Se trataron temas de gran interés como el borrador del contrato programa para la financiación plurianual de las universidades públicas canarias, la modificación del decreto 140 sobre el régimen del profesorado laboral y los incentivos del profesorado universitario, la promoción y estabilización del profesorado universitario, entre otros. Lo más reseñable es que la Viceconsejería de Universidades e Investigación está trabajando en normativas y programas que definirán el futuro de las universidades públicas canarias y de su profesorado, sin tener en cuenta ni a las universidades públicas canarias ni a la representación sindical. 

 

En un escenario de transformación del panorama universitario, la actual ley de universidades (Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, LOSU) apuesta por el compromiso de los poderes públicos de dejar atrás la precarización y deterioro de las condiciones de trabajo que estamos sufriendo las universidades públicas españolas en el último decenio, fijando un mínimo de financiación pública del 1 % del PIB.

La Comunidad Autónoma de Canarias se encuentra en este reto de profundo cambio de las universidades canarias a través de la articulación de dos elementos:

· Un plan plurianual de financiación de las universidades que proporcione estabilidad al modelo universitario de calidad docente e investigador mediante fondos sostenibles a varios años vista (contrato programa).

· La modificación del Decreto 140/2002, de 7 de octubre, por el que se regula el régimen del personal docente e investigador que establezca un sistema de incentivos económicos por méritos y revalorice la calidad docente e investigadora.

 

Dado que el desarrollo de ambas piezas afecta directamente a las condiciones de trabajo del personal universitario, la representación sindical ha venido solicitando en reiteradas ocasiones reuniones a la Viceconsejería de Universidades y a la Dirección de Universidades para abrir un diálogo entre poderes públicos, gobierno universitario y representación sindical. Finalmente, el pasado día 20 de julio, tuvimos ocasión de conocer que el contrato programa se hará público a finales de ese mes, y que el borrador del Decreto 140/2002 se encuentra ya en un estado avanzado. Ayer, el Gobierno de Canarias hizo pública su propuesta de financiación plurianual, dando cumplimiento a lo anunciado y abriendo una nueva fase en este proceso de reforma del sistema universitario canario.

Aun así, manifestamos nuestro deseo de concertar reuniones después del periodo estival en favor de hacer cumplir nuestro compromiso por mejorar las condiciones laborales de nuestro personal. La representación sindical puso de manifiesto que esta negociación no constituye únicamente una oportunidad de diálogo, sino una exigencia derivada del marco legal vigente cuando las disposiciones normativas afectan directamente a las condiciones de trabajo del personal.

Durante la reunión también se solicitó la transferencia de los créditos necesarios a las universidades públicas canarias para financiar el incremento retributivo del 1,5 % correspondiente al año 2026, pactado entre el Gobierno del Estado y las organizaciones sindicales. Igualmente, se reclamó la financiación del incremento adicional del 2,5 % que las universidades públicas ya han venido asumiendo con cargo a sus propios presupuestos. La representación legal del PDI recordó que corresponde al Gobierno de Canarias dotar a las universidades de la financiación necesaria para hacer frente a estos incrementos salariales, tal y como establece la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2026.

La reunión concluyó sin el compromiso del Viceconsejero de Universidades sobre el procedimiento de dialogo entre las partes para la tramitación del futuro Decreto 140/2002.

Desde CCOO no vamos a bajar la guardia: seguiremos de cerca cada cambio normativo que afecte al PDI de ambas universidades públicas y, si no se nos convoca a la negociación, la exigiremos.

Asimismo, solicitaremos formalmente el borrador del contrato programa marco de financiación plurianual para evaluar si garantiza los recursos comprometidos. CCOO defenderá que dicho marco incorpore el objetivo de financiación del 1 % del PIB previsto en la LOSU, condición imprescindible para afrontar el relevo generacional, la estabilización del empleo y la promoción profesional del Personal Docente e Investigador. 

¡POR UNAS UNIVERSIDADES CANARIAS PÚBLICAS Y DE CALIDAD!

 

lunes, 29 de junio de 2026

Estatuto de PDI: ¡19 años sin cumplir las Leyes de Universidad!

La administración ignora el mandato legal que ella misma ha establecido. ¡CCOO exige al Ministerio que cumpla la ley!.

El derecho del personal docente e/o investigador a tener un Estatuto propio se regula en 2007, con la modificación de la LOU, en su Disposición adicional sexta. Desde su entrada en vigor el 13 de abril de 2007 y hasta su derogación, 16 años más tarde, se produjeron diferentes intentos de negociación formales que no culminaron en la aprobación de un Real Decreto, a pesar de que la LOMLOU establecía el plazo de un año para su aprobación.

El 12 de abril de 2023 entró en vigor la LOSU que, en su Disposición final décima, establecía que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley orgánica el Gobierno presentaría al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario.

Desde la entrada en vigor de la LOSU se han celebrado 4 reuniones en 3 años entre el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) con personas delegadas de los sindicatos más representativos en el ámbito de la universidad.

Salimos prácticamente a una reunión por año y no hemos pasado del Capítulo II (Derechos y deberes). CCOO viene solicitando de manera reiterada la convocatoria de la mesa de negociación. Es más, las dos últimas reuniones de negociación han venido precedidos de reclamaciones por escrito de CCOO para que se convocara a las partes. Ahora, CCOO ha presentado un nuevo escrito reclamando su convocatoria.

La negociación del Estatuto del Personal Docente e Investigador (EPDI) se inició hace más de quince años y, a día de hoy, sigue paralizada, con incumplimientos reiterados por parte de los responsables políticos de los distintos plazos legales. La última reunión de la mesa de negociación se produjo el 25 de septiembre de 2025 por lo que, tres años después de la entrada en vigor de la LOSU y más de ocho meses de paralización del proceso de negociación, consideramos que el MICIU no tiene un interés real en abordar de forma seria y decidida esta cuestión.

Contar con un estatuto específico para el profesorado universitario es fundamental para blindar la calidad académica, garantizar la libertad de cátedra y definir una carrera profesional estable y transparente. Es momento, también, de afrontar mejoras en las condiciones retributivas del PDI. El Estatuto del PDI es una herramienta esencial para luchar contra la precariedad, garantizar unos derechos laborales del siglo XXI y unificar criterios frente a la dispersión de normativas autonómicas y universitarias.

El MICIU ha justificado la lentitud y los sucesivos aplazamientos de las reuniones bilaterales escudándose en la falta de disponibilidad de financiación como consecuencia de la prórroga presupuestaria del Estado y en que han priorizado otros planes sectoriales (como el Plan María Goyri para la incorporación de talento docente). Es decir, siendo todas las reformas necesarias, parece que dicha prórroga no afecta por igual a todos los proyectos normativos o nuevos programas, algunos de los cuales sí tienen disponibilidad presupuestaria a pesar de las supuestas limitaciones legales.

Para CCOO resulta imprescindible abordar de manera decidida y urgente la necesidad de un texto legal que contemple el conjunto de derechos del colectivo. Reclamamos la reactivación inmediata del proceso de negociación ya que no podemos renunciar a definir materias como:
  • El acceso y promoción del PDI. Es necesario un sistema de promoción transparente basado en criterios objetivos: docencia, investigación, gestión, extensión, participación y representación. También es necesario desarrollar políticas de igualdad.
  • La definición clara de la carrera docente e investigadora. Reconocimiento a todas las figuras del derecho a la evaluación de su actividad (docente, investigadora, de gestión) y al complemento salarial correspondiente.
  • El reconocimiento de la carrera profesional. Desarrollo de la carrera horizontal con una definición clara de los criterios y sus efectos. Articulación de la carrera vertical y de la promoción interna.
  • La definición clara de la estructura retributiva y dignificación de ésta. Subida de los niveles del complemento de destino del TU y el CU.
  • La dignificación de las condiciones de trabajo y de las funciones de gestión y representación.
  • La equiparación a todos los efectos entre el TU y el Profesorado Permanente Laboral. Igualdad de derechos, a todos los niveles, entre el profesorado funcionario y laboral en el marco de las realidades de cada colectivo.
  • La regulación clara de los derechos sociales, de salud, formación y sindicales y de representación del colectivo.
  • La mejora de las condiciones de trabajo y definición de los derechos digitales y de desconexión.
  • El derecho real a la conciliación laboral y flexibilidad de la jornada.
  • Medidas contra el acoso laboral, sexual, por razón de género o discriminación dentro de la institución. Plena aplicación de las políticas y normas de igualdad y no discriminación.
  • La definición clara y actualización del régimen de incompatibilidades.
Estas cuestiones parece que no interesan al MICIU, que ignora de manera reiterada todas aquellas cuestiones que afectan a las condiciones de trabajo del PDI. Sólo así se puede entender que las dos grandes propuestas que afectan de manera directa a este colectivo, como son el Estatuto del PDI y un nuevo decreto de retribuciones que acabe con el obsoleto e ilegal en muchos puntos RD 1086/1989, sean aquellos que los responsables ministeriales están dejando en el olvido de manera intencionada.

En este contexto, CCOO entiende, y así se lo ha manifestado al MICIU, que hemos llegado a un punto de no retorno. No podemos mantener por más tiempo este goteo intermitente de supuestas “reuniones negociadoras” anuales en las que, en realidad, se habla de diversas cuestiones, pero no se afronta una negociación real y efectiva de las condiciones de trabajo del PDI de las universidades públicas. Si el ministerio hace dejación de sus obligaciones, nosotros no vamos a ser cómplices con nuestro silencio.

jueves, 28 de mayo de 2026

Decreto modificando el procedimiento de control sobre Títulos oficiales

En medio de varios Reales Decretos estatales modificando diversos aspectos de la normativa que regula las universidades públicas españolas, ha pasado desapercibido el Decreto del Gobierno de Canarias que modifica la autorización, extinción y control sobre las enseñanzas universitarias.

Con las modificaciones incluidas en el nuevo Decreto (que "regula el procedimiento para la autorización de la implantación y extinción de las enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como para el aseguramiento de su sostenibilidad y de su calidad"), se completa el sistema  que el gobierno autonómico ha diseñado para regular y limitar a las universidades públicas de Canarias, sumándose al mecanismo de control ejercido anualmente con los Presupuestos y, también, a la ampliación de competencias de los Consejos Sociales en detrimento de la autonomía universitaria.

La Consejería de Universidades ha publicado este Decreto en el marco normativo amparado por  la LOSU, el RD 822/2021, y la normativa europea sobre calidad universitaria.

La norma otorga a la Comunidad Autónoma un papel decisivo al exigir informe preceptivo de necesidad y viabilidad académica y social de las enseñanzas, que además ha de ser favorable para poder iniciar el procedimiento de verificación. Da a la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) un papel central al intervenir en los procedimientos de verificación, seguimiento y modificación, así como la renovación de la acreditación de los títulos.

El Decreto refuerza la internacionalización de los grados y másteres al incorporar una segunda lengua (preferentemente inglés), establece medidas de para reforzar la empleabilidad o el mapa de titulaciones, pero también, introduciendo criterios economicistas, resta autonomía a las universidades.


martes, 5 de mayo de 2026

Real Decreto acreditación PPL y otros tres RD claves para la universidad

El Ministerio inicia la tramitación de varios Proyectos de Real Decreto claves para la estructura de las universidades públicas y la carrera profesional del profesorado, abriendo plazo para la presentación de alegaciones y aportaciones al contenido de la normativa sometida a audiencia e información pública.

Los trámites de audiencia e información pública tienen por objeto recabar la opinión de los ciudadanos titulares de derechos e intereses legítimos afectados por un proyecto normativo ya redactado, directamente o a través de las organizaciones o asociaciones que los representen, así como obtener cuantas aportaciones adicionales puedan realizar otras personas o entidades. 

En este marco, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha sometido a audiencia e información pública los siguientes proyectos de reales decreto que afectan de manera directa al profesorado de las universidades públicas:

1. Proyecto de Real Decreto por el que se determinan las especialidades de conocimiento a efectos del establecimiento de los perfiles de los concursos de las plazas de profesorado universitario de las universidades públicas y los ámbitos de conocimiento a efectos de la adscripción de los puestos de trabajo del profesorado universitario, y se modifica el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado universitario.

2. Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento para la acreditación del Profesorado Permanente Laboral por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.

Junto con otros proyectos de reales decretos del ámbito universitario:

1. Proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario.

2. Proyecto de Real Decreto de reconocimiento y verificación académica y profesional de las titulaciones universitarias oficiales obtenidas en sistemas universitarios extranjeros.

Plazo de presentación de alegaciones y aportaciones.

Del 27 de abril hasta al 18 de mayo de 2026, ambos inclusive (15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Portal de Transparencia. Esta publicación ha tenido lugar el miércoles 27 de abril de 2026).

Cómo presentar las alegaciones.

Las propuestas deberán remitirse a la dirección de correo electrónico participacionpublica.sgu@ciencia.gob.es

Debe tenerse en cuenta que las personas jurídicas, de acuerdo con el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, están obligadas a presentar sus alegaciones o aportaciones de forma telemática.

El reto que se plantea.

CCOO no pone en cuestión la necesidad de la regulación normativa de estas materias, absolutamente relevantes y que, en dos de los tres proyectos de Real Decreto, vienen a condicionar las condiciones de acceso y los derechos a la carrera y la progresión profesional y la movilidad del profesorado universitario.

Pero, dada precisamente su relevancia, su articulado debe ser el resultado del diálogo, la negociación y el acuerdo, principios que hasta el momento no se han cumplido. CCOO defiende siempre que la opinión de la comunidad universitaria debe ser tenida en cuenta, fruto de un proceso de participación y aportación de ideas que no siempre se ha producido:

  • En relación con el proyecto de Real Decreto de especialidades y ámbitos del conocimiento se mantuvo una última reunión el pasado mes de enero entre el MICIU y las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de las universidades, hasta el día de ayer no hemos tenido acceso al documento final, a pesar de que CCOO lo ha venido solicitando de manera reiterada.
  • En cuanto al proyecto de RD de acreditación del PPL, no teníamos otra información que la que se nos trasmitió en la reunión con ANECA el pasado 9 de abril. Hemos tenido acceso al texto de la norma de forma simultánea al resto de la ciudadanía.

En este sentido, queremos recordar al ministerio que negociar no es, en el mejor de los casos, verse un par de días para recoger pareceres, sino un proceso abierto y constructivo en el que ambas partes intercambian propuestas e intentan alcanzar un acuerdo. La negociación colectiva no es una opción, es un derecho fundamental que forma parte de la libertad sindical.

En todo caso, desde CCOO estamos ya analizando los textos publicados y hemos puesto en marcha un proceso de trabajo sobre el documento a través de nuestros equipos y territorios, con el objeto de informar sobre el mismo a las plantillas y perfilar una propuesta de modificaciones a los mismos.

En este sentido, animamos al conjunto de la comunidad universitaria a participar en el proceso de información y  consulta pública que se abre, al tiempo que las personas interesadas pueden hacernos llegar las aportaciones que consideren oportunas a través de nuestra estructura sindical. Es importante que se conozca el criterio real de la comunicad universidad en cuestiones que pueden condicionar de manera muy relevante al acceso y la carrera profesional del profesorado de las universidades públicas.

Estamos ante unas regulaciones normativas que van a condicionar la realidad del profesorado de las universidades públicas, por lo que debemos ser capaces de articular una respuesta adecuada y ajustada al modelo de universidad pública que defendemos.


jueves, 16 de abril de 2026

ANECA: Decreto acreditación PPL y evaluación agencias autonómicas

A petición de ANECA, el pasado 9 de abril se ha celebrado una reunión entre la agencia y las organizaciones sindicales más representativas (CCOO, UGT y CSIF). 

En esta reunión, presidida por Pilar Paneque, presidenta de la ANECA, se han tratado dos grandes bloques temáticos:
  • Evaluación de la actividad del profesorado, con especial incidencia en la actividad investigadora.
  • Acreditaciones: Profesorado Permanente Laboral (PPL).

La Secretaría estatal de Universidad, de la Federación de Enseñanza de CCOO, ha elaborado un documento informativo que puedes descargar en el siguiente enlace y que analiza todos los aspectos desarrollados en la reunión:

jueves, 3 de julio de 2025

El Gobierno aprueba el resto de subida pendiente 2024 ¡MUY RETRASADO!

El Consejo de Ministros aprueba la subida salarial pendiente del 0,5% correspondiente al año 2024. ¡El abono llega con 18 meses de retraso!

El Consejo de Ministros celebrado el martes 1 de julio ha aprobado el abono del 0,5% pendiente de 2024 para las personas que trabajan en el empleo público.

El cumplimiento de este compromiso llega con 18 meses de retraso. El “Acuerdo para la Administración del Siglo XXI” firmado el 19 de octubre de 2022 contemplaba un incremento de hasta un máximo del 9,5 % de las retribuciones en tres años (2022-2024), la jornada laboral de 35 horas semanales, la obligación del cambio normativo para establecer Planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas y la derogación de los recortes introducidos durante el Gobierno del PP con el Real Decreto-ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (prestaciones de la incapacidad temporal, permiso por asuntos particulares, vacaciones y días adicionales a los de libre disposición o de similar naturaleza, etc.).

La aplicación de este acuerdo ha supuesto incrementos salariales del 3,5%, los años 2023 y 2024 y del 2% en 2024, quedando pendiente de aplicación, hasta el día de hoy, un incremento adicional para 2024 de un 0,5% sobre las retribuciones de aplicación a 31 de diciembre de 2023 si la suma del IPC Armonizado de 2022 y 2023 (que se ha situado en el 12%) fuera superior al incremento salarial inicialmente previsto (un 8%). Este es el 0,5% de incremento salarial que ahora finalmente se reconoce.

El acuerdo se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a
través de una paga de atrasos. Este pago adicional incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de
2024 hasta la fecha actual.
Y el 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, tal y como ha ocurrido en todas las subidas previas.

¿Y cuándo cobraré las cantidades correspondientes a este incremento?
El Acuerdo del Consejo de Ministros se ha reflejado en la Orden PJC/681/2025, de 1 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de julio de 2025, por el que se aprueba el incremento del 0,5 por ciento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social, publicada en el BOE de 2 de julio de 2025.

A partir de este momento se dan dos situaciones:
 Para el personal que depende directamente de la AGE (Administración General del Estado), y tras la
publicación de la correspondiente resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por
la que se dictan instrucciones sobre el pago al personal del Sector Público Estatal del incremento retributivo complementario, se procederá al abono en las nóminas de las cantidades que correspondan.
Para el personal que depende, directa o indirectamente de las comunidades autónomas (como es el caso del personal de las universidades públicas), se deberá publicar en el boletín oficial de la respectiva comunidad el acuerdo o resolución que aplique dicho incremento en su ámbito territorial. A partir de ese momento, este incremento salarial se podrá reflejar en las nóminas de las personas trabajadoras afectadas.

En todo caso, CCOO señala que aún queda pendiente de cumplir una parte importante del Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. Estos incumplimientos son, entre otros, la jubilación parcial, la jornada de 35 horas en todas las administraciones públicas, la clasificación profesional o la mejora de las retribuciones de 2025.



<= Concentración de protesta de CCOO ante la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid en abril de 2025.

lunes, 9 de junio de 2025

2º Convenio Colectivo del PDI laboral: ¡ÚLTIMA OPORTUNIDAD!

El mes pasado, CCOO informó de nuestra propuesta de borrador para retomar la negociación del 2º Convenio Colectivo del personal docente e investigador contratado laboral de las dos universidades públicas canarias.

La difusión de la propuesta se remitió directamente a todo el PDI laboral de las dos universidades (ULPGC y ULL) y también se publicó en el blog, desde donde se puede descargar el documento PDF.

Previamente se había remitido a los otros dos sindicatos que participan en la negociación (UGT y APU) para que pudieran contrastarla con sus propias ideas y, recientemente, ya nos han hecho llegar una respuesta agradeciendo la iniciativa y comentando que esperan tener su propuesta antes de final de este mes. 

La propuesta también es conocida por los Vicerrectorados de las dos universidades, ya que se ha difundido ampliamente y de forma transparente. Aunque aún no se ha comunicado de manera formal a la espera de hacerlo conjuntamente entre todos los sindicatos, para retomar las negociaciones paralizadas por las incertidumbres que provocaron la aprobación de la LOSU y su desarrollo normativo posterior.

En este último mes hemos recibido numerosas peticiones de información con dudas y propuestas sobre el borrador, así como sobre lo que implica un Convenio Colectivo y sus repercusiones en la vida laboral del PDI universitario. Por esta razón, en paralelo al reinicio de las negociaciones para su aprobación y firma final, hemos considerado conveniente iniciar la publicación de una serie de pequeñas notas informativas sobre diversos aspectos que pueden ayudar a comprender mejor qué significa tener un Convenio Colectivo. Información que difundiremos durante las próximas semanas para intentar aclarar cualquier duda.

Por otra parte, reiteramos nuestra disposición a responder a cualquier pregunta, duda o propuesta que quieran hacernos llegar a través del blog, del correo electrónico o directamente a nuestros/as representantes sindicales.
 
Enlaces al 1º Convenio (actualmente en vigor) y a nuestro borrador de propuesta para el 2º Convenio (en negociación):

miércoles, 9 de abril de 2025

Borrador para la negociación del 2º Convenio colectivo del PDI laboral

El primer convenio colectivo que regula las condiciones laborales del PDI laboral en las universidades públicas canarias, se publicó en el BOC el 26 de junio de 2012. Este convenio tenía un ámbito temporal de 30 meses, contando desde el día siguiente de su publicación en el BOC, lo que significa que dejó de estar vigente el 27 de diciembre de 2014. Desde entonces, se está prorrogando de forma anual, hasta que se negocie un nuevo convenio colectivo. 

La política de recortes del Gobierno de Rajoy hizo imposible cualquier negociación de un segundo Convenio, por lo que hubo que esperar a 2015 para hacer un primer intento. Aunque no fue hasta el segundo intento, en 2021, cuando se pudo iniciar en serio una negociación con las dos universidades canarias. Interrumpido algún tiempo después a la espera de conocer el alcance de las modificaciones legales implantadas con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Por lo que ahora es un buen momento para retomar y finalizar la negociación del II Convenio Colectivo del PDI laboral de las universidades públicas canarias.

La negociación de un nuevo convenio es crucial para la mejora de las condiciones laborales del PDI de las universidades públicas canarias. En el borrador que CCOO ha enviado al resto de los sindicatos, se abordan temas pendientes como los quinquenios, el reconocimiento de la antigüedad en otras administraciones, la inclusión de las nuevas figuras recogidas en la LOSU, la mejora de las retribuciones, la conciliación, entre otros. Este borrador tiene como objetivo ser consensuado entre el resto de los sindicatos y, posteriormente, presentado para su negociación con las universidades públicas canarias.

El Director General de Universidades, ha mostrado su interés en la participación en el proceso de negociación, hecho a destacar puesto que la financiación necesaria para implementar las mejoras recogidas en el convenio dependerá fundamentalmente de la financiación del Gobierno de Canarias a las universidades públicas.

Para dar mayor transparencia al proceso de negociación, nos gustaría compartir con el PDI laboral de la ULPGC y la ULL el borrador:

martes, 26 de noviembre de 2024

Derecho a la desconexión digital, es TU tiempo, es TU derecho

La desconexión digital es un derecho reconocido por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPDGDD), gracias al que se garantiza que, fuera del tiempo de trabajo establecido, se respete el descanso, permiso o vacaciones, redundando en el respeto a la intimidad personal y familiar.

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales: Artículo 88. Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 

1. Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su intimidad personal y familiar. 
2. Las modalidades de ejercicio de este derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo establecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores. 
3. El empleador, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, elaborará una política interna dirigida a trabajadores, incluidos los que ocupen puestos directivos, en la que definirán las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de formación y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológicas que evite el riesgo de fatiga informática. En particular, se preservará el derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total o parcial del trabajo a distancia, así como en el domicilio del empleado vinculado al uso con fines laborales de herramientas tecnológicas.

La realidad es que hoy estamos más interconectados que nunca en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, el equilibrio entre nuestra vida laboral y personal puede verse afectado. 

La hiperconectividad perjudica nuestro día a día, afecta a la salud y el bienestar; crea tensión e interfiere en tu privacidad; la exigencia inmediata genera estrés y aumenta la probabilidad de errores. Normalizar estos hábitos puede generar un ciclo difícil de romper. Todas las empresas y organizaciones, tanto públicas como privadas, tienen la obligación de garantizar el derecho a la desconexión digital de todas las personas. Para ello deberán: 
• Elaborar una política interna de desconexión digital. 
• Consultar con los/as trabajadores/as o sus representantes con carácter previo. 
• Establecer las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión y las reglas de disponibilidad en su caso. 
• Desarrollar acciones de formación y sensibilización para toda la plantilla. 

En este sentido, CCOO reclama la apertura de un proceso de negociación en todas las universidades, para definir de forma exhaustiva este derecho sin dejar margen a interpretaciones o aplicaciones no ajustadas. La sobreexposición tecnológica y la conectividad permanente producen impactos negativos en la salud mental, cardiovascular y musculoesquelética. 

El derecho a la desconexión digital contribuye a garantizar el derecho al descanso, a la intimidad personal y familiar, a la conciliación y a una protección eficaz de la seguridad y salud de las personas trabajadoras. 

El derecho a la desconexión digital se mantiene durante todos los días del año, pero en las proximidades de los períodos vacacionales es más necesario que nunca recordar este derecho. Las consultas, llamadas, preguntas, correos, mensajes, etc. se dan en todo momento a lo largo del año, no son algo circunscrito a las vacaciones y atentan contra tu derecho a la conciliación y a la desconexión digital. Lo que queremos dejar claro es que, no es que no tengas por qué responder o hacer caso a esos mensajes y/o llamadas, sino que ni tan siquiera tenemos que recibir este tipo de comunicaciones fuera de nuestro horario laboral. Y, muchísimo menos, cuando no se nos paga por esa disponibilidad. 

Da igual que tengas un puesto de responsabilidad o que trabajes a distancia: tienes tus derechos, ya seas PDI o PTGAS. Tienes derecho a que se respete tu tiempo libre y debemos defender este derecho de manera activa: debemos proteger nuestra salud mental, defender nuestro espacio personal. No tienes por qué atender esos mensajes, no tienes por qué responder para ser cortés, no tienes por qué soportar esa situación. Tienes el derecho a la desconexión digital, a la conciliación y a disfrutar de tu tiempo libre.

La desconexión es un derecho, la desconexión es salud.

domingo, 10 de marzo de 2024

CCOO aumenta su representación y gana las elecciones de PDI laboral

Una vez que se han proclamado los resultados de las elecciones para el Comité de Empresa de PDI contratado laboral, ya han sido elegidos/as los/as 23 representantes de CCOO, UGT y APU.

En el recuento de resultados, CCOO ha incrementado su representación (pasando de 10 a 11) y siendo el sindicato mas votado, seguido por UGT que ha mejorado su representación anterior y, finalmente APU.

Haciendo clic en la imagen de la derecha se pueden ver las compañeras y compañeros de CCOO que han resultado elegidos/as. 

El resultado de estas elecciones al Comité de Empresa, sumado al de las últimas votaciones para la JPDI de profesorado funcionario, mantienen a CCOO como el sindicato más representativo del profesorado y del personal de investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

Resultados que mejoran la situación anterior al aumentar también nuestros porcentajes de representatividad total. Algo que también se ha producido en la ULL y en el resto de universidades españolas, acreditando que somos referencia fundamental para el conjunto del profesorado y personal de investigación.


Desde CCOO queremos agradecer la ayuda y el apoyo que hemos recibido por parte del PDI en estas elecciones, al mismo tiempo que felicitamos al resto de candidatos y candidatas que han resultado elegidos/as por UGT y APU. 



martes, 27 de febrero de 2024

CCOO exige cambios en los nuevos criterios de acreditación estatal

Desde CCOO teníamos previsto iniciar esta semana con información sobre el inicio de la negociación del Estatuto del PDI, pero hemos tenido que reajustar nuestra planificación ante la reunión que mantendremos con la Directora de ANECA este jueves, 29 de febrero, con el objetivo de plantearle nuestras peticiones de cambios en sus nuevos criterios de Acreditación estatal para los cuerpos docentes TU y CU.

Considerando el procedimiento de ANECA para realizar la consulta sobre sus nuevas propuestas de acreditación y la cercanía de nuestra reunión con su Directora, en CCOO consideramos de especial relevancia difundir nuestra principales preocupaciones. Independientemente que más adelante también publicitaremos las propuestas concretas sobre cada apartado.

El pasado 8 de febrero, la ANECA hizo público el borrador de criterios de evaluación y requisitos mínimos de referencia para la acreditación a TU y CU y abrió un proceso de participación para recibir sugerencias de la comunidad universitaria y otras agencias de evaluación. 

Independientemente del resultado de dicho proceso, desde CCOO exigimos la negociación del borrador de criterios con la representación legal del personal docente e investigador, más allá de los procesos de consulta previos que la ANECA quiera establecer. 

Nos parece correcto que la ANECA pretenda recoger ideas a través de un “proceso participativo”, pero estos criterios de evaluación afectan a las condiciones de trabajo del profesorado y del personal investigador, por lo que legalmente deben ser establecidos en un proceso de negociación colectiva. Es escandaloso que el criterio de la ANECA sea “poner el foco en las propuestas más apoyadas”, como si fuera una consulta en redes sociales.

A continuación, recogemos algunos de los aspectos que deben ser tenidos en cuenta:

En primer lugar, las personas a las que representamos están hartas de que se les cambien los criterios que permiten el desarrollo de la carrera académica de manera errática y retroactiva. Las personas planifican su carrera con los criterios en vigor y no es aceptable que se impongan como obligatorias actividades que antes no lo eran y que mucho de lo realizado ahora no vaya a ser tenido en cuenta. Al igual que en otros procedimientos donde los méritos se obtienen a lo largo de muchos años, la implantación de un nuevo modelo no puede significar que se perjudique a las personas que han estado obteniendo méritos según las reglas actuales y que, en breve, iban a solicitar la acreditación. Es necesario que los criterios sean conocidos con antelación, y por tanto, se necesita una cierta transitoriedad.

Consideramos que estos criterios no cumplen con lo establecido en la Disposición Transitoria cuarta (DT4) de la LOSU, que señala que éstos deben adaptarse a una nueva carrera docente e investigadora más corta. Aunque nos parece bien que los criterios sean generales para todas las áreas de conocimiento, el ajuste a la nueva carrera académica promulgado en la DT4 debe ser efectivo y real para todas las áreas. Después del análisis realizado por CCOO, podemos corroborar que en algunas áreas de conocimiento se han producido importantes ajustes en los criterios y sin embargo en otras prácticamente no han sido modificados, generando una discriminación absurda e injusta.

Recordemos que, en la nueva carrera académica dibujada por la LOSU, la figura de entrada al sistema es la de Profesor Ayudante Doctor (PAD), cuyo contrato es de 6 años de duración. Pues bien, se supone que tras ese periodo el personal tiene que haber reunido los requisitos y méritos necesarios para cumplir, al menos, los criterios para conseguir la acreditación a TU sin necesidad de pasar por un contrato de Profesorado Permanente Laboral (antiguo Contratado Doctor). Pero si atendemos a los nuevos criterios podemos observar, por ejemplo, que para alcanzar la puntuación máxima en “actividad investigadora” se necesitan dos sexenios de investigación. Por tanto, no se dará igualdad de oportunidades desde la propia convocatoria, ya que será difícil que nadie pueda justificar dos sexenios de investigación antes de la finalización del contrato de PAD, salvo que previamente haya obtenido contratos de investigación posdoctoral que le permitan acceder a esos méritos. Lo que es una contradicción porque implicaría un añadido adicional obligatorio a la nueva carrera académica, ya que la teoría LOSU de Predoc => PAD => TU => CU se transforma, en la práctica, en Predoc => Postdoc => PAD (¿+PPL?) => TU => CU. Sinceramente no vemos cómo estos nuevos criterios pueden ayudar a hacer "más corta" la carrera académica actual.

Otro aspecto claramente discriminatorio es la omisión de medidas para eliminar la brecha de género en estos criterios. Al respecto, el borrador solo indica que “la Directora de ANECA aprobará una resolución específica para incorporar criterios que garanticen que la igualdad, la conciliación y la inclusión sean efectivas”. Desde luego, no ayuda a eliminar la brecha de género solicitar requisitos y duración mínimos en criterios como estancias (3 meses), proyectos de transferencia y divulgación (1 año), gestión (4 años) o requisitos de liderazgo que tradicionalmente han sido ocupados por hombres y lo siguen siendo (IP de proyectos de investigación a los que se vinculan contratos de atracción de talento). Esta falta de concreción en medidas efectivas es incongruente, especialmente porque la desigualdad existente entre hombres y mujeres en estos aspectos ya fue reconocida por la propia ANECA en el informe “Brecha salarial de género en las universidades públicas españolas (2023)” publicado junto con el Ministerio de Universidades y la CRUE.

La eliminación de la posibilidad de compensar unos apartados con otros, sumado a la imposición de mínimos en la mayoría de los méritos a cumplir, establece, de hecho, una serie de requisitos sine qua non, que transforman la carrera académica y convierten al profesorado universitario en una especie de “hombres y mujeres orquesta” obligadas a estar más pendientes de la multitud de criterios que deben reunir que a su desempeño profesional. Se debería tender a un sistema de autoevaluación donde todos los méritos se valoran, pero no se establecen requisitos excluyentes y cada persona es capaz de diseñar su propia carrera profesional en virtud de sus fortalezas.

Aunque la docencia adquiere algo más de relevancia en la evaluación, el modelo rezuma una mayor valoración y tendencia hacia la investigación. Esto se puede observar en que las personas que tienen un perfil de investigación excepcional (programas de excelencia investigadora del ERC) son eximidas de los requerimientos en el apartado de docencia, algo que resulta paradójico. ¿Por qué se hace impensable eximir de la investigación a alguien con resultados excelentes en docencia pero no al revés? Además, estos resultados de excelencia investigadora no dependen, únicamente, de la calidad de las personas que investigan, sino del contexto e infraestructuras existentes donde realizan su labor, por lo que incrementa la desigualdad en el modelo.

Esto último es una constante en la propuesta presentada. Es decir, existen multitud de criterios que no dependen de la persona que se presenta a la evaluación. Esto potencia las desigualdades por género, área de conocimiento, tamaño y prestigio de la universidad, grupo o centro de investigación. Algunos ejemplos de estos criterios pueden ser: dirección de equipos de investigación, ser IP de proyectos, desempeño de cargos unipersonales con un mínimo de duración, dirección de tesis doctorales (existen departamentos universitarios sin programa de doctorado propio), pluralidad e interdisciplinariedad docentes, etc.

En el caso de CU, tener que reunir muchos de los criterios en los últimos 10 años no hace sino poner una barrera inexplicable a modo de “grifo” o embudo para limitar el número de Catedráticos y Catedráticas en el sistema. La carrera académica de una Cátedra es dilatada en el tiempo y los méritos “antiguos” también deben ser tenidos en cuenta, porque son fruto del esfuerzo personal y una aportación real que no puede ni debe ser "olvidada".

Por último, en cuanto a estancias de investigación y resultados de transferencia, además de la eliminación de requisitos de mínimos y duración, se hace necesario un incremento en la financiación de estas actividades, para que sean realmente efectivos, justos y participativos. El ejemplo más claro está en la convocatoria del sexenio de transferencia, de la que no se tiene noticias. El hecho de puntuar un criterio que sólo pudo ser obtenido en una única convocatoria piloto va en contra del principio de igualdad ante este proceso de evaluación.

Desde CCOO exigimos que, una vez que finalice el proceso participativo, se abra, tal y como establece la normativa de aplicación, una verdadera negociación con la representación legal del personal docente e investigador.


jueves, 22 de febrero de 2024

Tres sindicatos se presentan a las elecciones del PDI contratado laboral

Ayer se publicó la proclamación provisional de los sindicatos que presentan candidaturas para las elecciones del Comité de Empresa del personal docente e investigador laboral, que incluye en su censo también al personal investigador contratado.

Tres han sido los sindicatos que presentan candidatura (APU, UGT y CCOO) para las elecciones que celebrarán su votación el 6 de marzo.

Puedes consultar las candidaturas oficiales proclamadas provisionalmente por la Mesa electoral coordinadora, accediendo al sitio web institucional que la ULPGC ha creado para estas elecciones:

miércoles, 14 de febrero de 2024

Borrador de la propuesta del Ministerio para "implementar" la LOSU

El pasado lunes el Ministerio nos entregó un borrador de la "Propuesta de acciones para facilitar la operatividad de las universidades públicas para implementar la LOSU en el ámbito del PDI", con el objetivo de su análisis en una reunión mañana jueves.

La reunión corresponde a la Comisión del plan de financiación de las universidades públicas españolas, en la que participa el Gobierno, las Comunidades Autónomas, la CRUE y los sindicatos. Formada el pasado día 2 de febrero a iniciativa del Ministerio [clic aquí para ver la composición de la Comisión y sus objetivos].

Desde CCOO hemos remitido urgentemente este borrador a nuestros/as representantes en las Juntas y Comités de Empresa en todas las universidades para, dentro de lo posible, realizar un debate interno antes de presentar propuestas en la reunión de mañana. Lamentablemente, el poco tiempo que nos ha dado el Ministerio, no permitirá ampliar la participación. Pero esperamos que en estos dos días toda nuestra gente tenga la oportunidad de estudiar el borrador antes de adoptar cualquier decisión de CCOO. En Canarias, Cádiz, Extremadura y Galicia hay dificultades adicionales porque los días 12 y/o 13 son festivos, pero también se esta haciendo el esfuerzo de participar dada la importancia de las propuestas.

El documento (que también estamos remitiendo a nuestra afiliación) contiene dos apartados:
  1. Programa INTEGRA. Incorporación de talento joven al sistema universitario mediante la contratación por las universidades de 4.200 profesores y profesoras ayudantes doctores.
  2. Acciones sobre la flexibilidad en la aplicación de la LOSU en materia de personal docente e investigador.
En un primer vistazo resulta evidente que las intenciones del Gobierno se limitan al ámbito del personal docente e investigador, olvidando las necesidades de dotación para el PAS (PTGAS según la nueva denominación establecida en la LOSU). Necesidades de personal que están lastrando y ocasionando graves problemas de gestión en las universidades al tener sus plantillas de personal de administración y servicios congeladas desde hace años. Por eso, aparte de las aportaciones al borrador presentado, desde CCOO tenemos previsto plantear en la reunión la necesidad urgente e inaplazable de abordar también una propuesta similar para el PAS de las universidades.

Según el Ministerio, la propuesta de "4.200 plazas de profesor ayudante doctor es el resultado de una
estimación de la implementación de la LOSU basada en los datos que se recogen de las diversas tipologías de profesorado en el SIIU. Concretamente, se estima en 3.000 plazas de PAD las derivadas de la aplicación de la LOSU en el caso del profesorado asociado, en 500 plazas de PAD derivadas de los cambios de dedicación de los profesores ayudantes doctores ya activos, y en 700 plazas derivadas de los cambios de dedicación del profesorado permanente."

En cuanto al segundo apartado, la propuesta del Ministerio es aprovechar otra Ley para añadir una Disposición adicional modificando la LOSU, supuestamente para flexibilizar algunos apartados referidos al PDI. En concreto proponen "alargar" los plazos de implementación en algunas disposiciones transitorias (7ª y 12ª) y cede competencia a las universidades para que decidan concretar esa flexibilización (algo que inicialmente no parece viable jurídicamente ya que invade competencias de las Comunidades Autónomas y contradice la regulación de negociación colectiva emanadas del Estatuto Básico del Empleado Público y del Estatuto de los Trabajadores).


miércoles, 7 de febrero de 2024

Primeros resultados positivos de las demandas colectivas de CCOO

Ya se han empezado a ver los primeros resultados positivos de las demandas colectivas interpuestas por CCOO en el mes de noviembre contra las dos universidades canarias en materia de incumplimientos laborales.

Los primeros resultados se han logrado sobre algunas reclamaciones del profesorado y personal investigador contratado laboral como ha sido el reconocimiento del derecho a cobrar la totalidad de sus retribuciones por la ilegalidad del descuento en cuota patronal de Seguridad Social a los contratos de investigación Margarita Salas y María Zambrano en la ULPGC

En el caso de los contratos de investigación Margarita Salas y María Zambrano, desde CCOO decidimos finalmente hacer la reclamación vía denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en lugar de demanda judicial, por ser una vía más rápida a la vista de la experiencia del sindicato en otras universidades por este mismo tema (*). Por lo que el Secretario de Universidad de FECCOO en Canarias, Alberto Marín, formalizó la reclamación ante la ITSS de Las Palmas de Gran Canaria a primeros de noviembre y obteniendo respuesta positiva la última semana de enero (menos de tres meses cuando vía judicial habría tardado alrededor de un año).

La conclusión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se puede ver haciendo clic en la imagen:

"Por lo tanto, a la luz de la anterior se desprende que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria debió haber cotizado a la Seguridad Social por la totalidad de la bases de cotización por todas las contingencias de las personas beneficiarias de las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, bases de cotización cuyo importe debería haber coincido con la totalidad de la retribución mensual que cada uno de ellos tenían derecho a percibir, siendo que el importe de la retribución mensual debió haber sido el importe bruto mensual que figura en las convocatorias de las ayudas, tal y como se contempla en el artículo 4 de la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, B.O.E de 4 de junio, desarrolla las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español, el importe mensual de las ayudas Margarita Salas para jóvenes doctores será de 3.500 euros brutos para los que soliciten realizar la estancia en el extranjero, y de 2.800 euros brutos para los que la realicen en España y que el importe mensual de las ayudas María Zambrano para la atracción de talento será de 4.000 euros brutos." [subrayado nuestro]

 

(*) Hasta ahora, en el resto de las universidades españolas se habían interpuesto cuatro demandas de conflicto colectivo ante los juzgados (Universidades de Valladolid, País Vasco, La Coruña y varias de Madrid) y tres denuncias ante Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social (Universidades de Valencia, Málaga y varias de Cataluña). Todas las reclamaciones se han resuelto favorablemente, tanto las judiciales como las de ITSS, siendo varias de ellas ya firmes en su aplicación.

 


Además, se constató que la ULPGC estaba aplicando los incrementos salariales previstos al PDI de las universidades públicas, incremento pactado por sindicatos y Gobierno en función de la evolución del IPC de 2023, que se aplicaría con efectos retroactivos desde enero y que se pagó a todos los empleados y empleadas del sector público en la nómina de octubre, se verificó que la ULPGC lo abonó a sus predoctorales en ese mismo mes. De cualquier manera, invitamos a todo el personal investigador contratado predoctoral que revise sus nóminas para verificar que efectivamente se le ha abonado ese incremento salarial y los correspondientes atrasos.

 

En los próximos días les informaremos de las actuaciones realizadas en los últimos tres meses sobre los conflictos colectivos y la situación actual de cada tema pendiente, ya que hemos preferido esperar un poco de tiempo para comprobar que se producían avances y evitar, así, una imagen de permanente "propaganda" sin resultados."