CCOO exige al Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades que cumpla la LOSU y garantice, al menos,
el 1% del PIB para la financiación de las universidades públicas
Sin financiación suficiente, no hay universidad pública. Se suponía que el artículo 55 de la
Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario (LOSU) abordaba esta necesidad
cuando establece que:
2. Y con el horizonte temporal del año 2030, establece que:
a. Estas administraciones deberán destinar, como mínimo, el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) al gasto público en educación universitaria pública en el conjunto del Estado.
b. Y todo ello con el objetivo de la equiparación progresiva a la inversión media de los Estados miembros de la Unión Europea (UE), que en el año 2024 se situó en el 1,2%.
Esta obligación legal no es solo un compromiso administrativo, sino una inversión esencial para el desarrollo socioeconómico a nivel nacional y autonómico, imprescindible para superar la infrafinanciación estructural del sistema público universitario.
Sin embargo, TODAS las
administraciones llevan años sin cumplir con esta obligación. El mismo ministerio (MICIU) que
anunció a bombo y plantillo la creación el 20 de noviembre de 2024, año y medio después de que entrara en
vigor la LOSU, de una comisión de
trabajo para “establecer el incremento del gasto público
para alcanzar el objetivo del 1% del PIB destinado a la financiación de las
universidades públicas”:
è Sólo ha convocado dos reuniones de esta comisión, la última el pasado 25 de octubre de 2025. Ambas reuniones se han limitado a la presentación de informes y estudios.
è No ha avanzado ni un
milímetro en concretar el procedimiento, los criterios o cuestiones tan
esenciales como si el 1% del PIB se referencia en el PIB nacional o el
autonómico.
è No ha realizado ninguna propuesta, no ya de acuerdo, sino tan siquiera de trabajo.
è No se ha fijado ningún calendario de reuniones.
Y todo ello con
la excusa de la supuesta falta de voluntad de alcanzar un acuerdo por parte de
las CC.AA. El mismo ministerio que
se escandaliza cuando facilita datos como que entre 2009 y 2024 las CC.AA.
destinan a sus universidades públicas sólo el 0,49% del PIB y que las transferencias
corrientes a las universidades públicas en 2024 fueron un 0,55% de media, no mueve un dedo por poner remedio a esta situación
cuando la LOSU, norma aprobada por un gobierno del mismo color político que
el actual, le obliga a garantizar la suficiencia financiera de las
universidades públicas. Suficiencia que pasa necesariamente por alcanzar, al
menos, el 1% del PIB. En este contexto, la responsabilidad no es sólo de las
CC.AA.: el Ministerio, por omisión, es igualmente responsable de abandonar a su
suerte a las universidades públicas.
CCOO viene reclamando de manera reiterada la convocatoria inmediata de esta
comisión para fijar un calendario estable y regular de reuniones y para concretar
cuestiones esenciales para esta materia como:
1.
Si el mínimo del
1% del PIB se refiere al PIB estatal o al de cada CC.AA. CCOO defiende que la referencia sea al PIB
autonómico, garantizándose un mecanismo de
financiación mínima que puede tomar como referencia el importe del 1% del PIB
nacional. Dentro de este compromiso de
financiación, se debe garantizar que el gasto por alumno/a se sitúe en la media
de la UE, lo que supondría un incremento medio del 26%.
2.
El procedimiento
y plazos para alcanzar no solo el 1% del PIB, sino la financiación media de la
UE.
3.
El contenido y alcance del principio
de suficiencia y la previsibilidad financiera.
4.
Las necesidades y fuentes de
financiación de las universidades públicas para dar cumplimiento al mandato legal de
prestar un servicio público de calidad y accesible para el conjunto de la
sociedad.
5.
Aclarar qué se
entiende y qué engloba la financiación estructural basal, la financiación
estructural por necesidades singulares y la financiación estructural por
objetivos. CCOO defiende un modelo que, dentro del respeto a las
competencias autonómicas, garantice una financiación basal finalista que asegure la estabilidad
presente y futura de las universidades públicas españolas y su crecimiento.
6.
Que la financiación pública, en todas
sus modalidades, se destine a la universidad pública, prohibiendo “derivaciones” hacia las
universidades privadas o hacia fórmulas de “conciertos”.
Resulta imprescindible un plan de
financiación conjunto entre el Ministerio y las CC.AA. que garantice la
aplicación de este compromiso, aunque no parece estar entre sus prioridades. No queremos
pensar que los actuales responsables del Ministerio dan por terminada la
legislatura y que el Ministerio y las CC.AA. estén dejando pasar el tiempo para
que el mandato contenido en la LOSU sea papel mojado.
La
pregunta que debemos hacernos es si queremos una universidad pública fuerte o un
sistema donde lo privado gane peso mientras lo público se debilita. Si
no se garantiza una financiación suficiente, se obligará a las universidades
públicas a buscar cada vez más financiación externa, que podrá condicionar u
orientar la actividad pública universitaria hacia criterios de rentabilidad
económica, haciendo de la educación superior un espacio cada vez más
condicionado por intereses privados. Y esto es el resultado de una estrategia
política sostenida en el tiempo para convertir la universidad pública en objeto
de negocio.
CCOO hace un llamamiento a la
responsabilidad de todos los actores con capacidad de decisión para afrontar de
una vez por todas las serias carencias en la financiación de las universidades
públicas que ponen en peligro su papel de servicio público y de nivelador
social. Apelamos a que los distintos intereses políticos no afecten a la
resolución del problema de la infrafinanciación de la universidad pública. No
nos podemos permitir seguir esperando a soluciones que nunca llegan mientras
asistimos al deterioro permanente del modelo público universitario.
La universidad pública de calidad es un bien de todas y
todos, que constituye una de las principales formas de contribución al progreso
social. Desde CCOO reclamamos al MICIU que cumpla con sus obligaciones y
garantice una financiación realista que posibilite un servicio público de
calidad, sostenible y accesible al conjunto de la ciudadanía.
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