martes, 10 de noviembre de 2026

HUELGA GENERAL DEL 11 DE NOVIEMBRE ¡Cerramos la universidad!

 ¡CONOCE TUS DERECHOS!

Mañana, miércoles 11 de noviembre de 2026 se celebrará una huelga general de 24 horas en todo el Estado, convocada por CCOO, UGT junto con otras organizaciones sindicales y que cuenta con el respaldo del Sindicato de Inquilinas y de una amplísima red de organizaciones sociales.


Desde CCOO hacemos un llamamiento al conjunto de la comunidad universitaria a secundar masivamente este paro.

No hay universidad pública de calidad si su comunidad universitaria no ve garantizado:
· Unos servicios públicos que aseguren de forma efectiva la sanidad, la educación, la dependencia y los cuidados.

· Acceder a una vivienda digna y poder llegar a fin de mes.
 

El derecho de huelga es una herramienta fundamental que permite a las personas trabajadoras suspender temporalmente su actividad laboral para reclamar mejoras o defender sus derechos. Aunque se trata de un derecho garantizado por la Constitución (artículo 28.2), su ejercicio práctico plantea dudas habituales que queremos aclarar para facilitar un ejercicio responsable y libre. 

 

 


Jornada general: La huelga abarca formalmente desde las 0:00 hasta las 23:59 horas del día 11 de noviembre.

 

¿Quién puede secundar la huelga? Cualquier persona trabajadora (PTGAS, PDI, personal investigador y de investigación) que tenga una relación laboral o funcionarial con una universidad.

 

¿Y el alumnado? En España, los estudiantes universitarios no tienen reconocido un "derecho de huelga" en sentido estricto, ya que la huelga constitucionalmente es un derecho laboral reservado a las personas trabajadoras por cuenta ajena. No obstante, los universitarios sí cuentan con la posibilidad de realizar paros académicos, regulados de forma genérica por el Real Decreto 855/2026, del Estatuto del Estudiantado Universitario y de forma específica por las normas de cada universidad. Señalar en este sentido que la CREUP (Conferencia de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas), mediante resolución del 28 de octubre de 2026, apoya la huelga general convocada para el 11 de noviembre; llama al conjunto del estudiantado universitario a secundar la huelga y participar en las movilizaciones convocadas e insta a los Consejos de Estudiantes a facilitar y promover la participación del estudiantado, así como a impulsar, allí donde sea posible y conforme a la normativa de cada universidad, la aprobación del paro académico. En la ULPGC este paro académico no se ha convocado por el CEST, aunque se ha publicado una resolución del Rector en la que se indica que "El 11 de noviembre no se programarán pruebas evaluables, controles obligatorios ni actividades de calificación que puedan perjudicar al estudiantado que encuentre dificultades de desplazamiento como consecuencia de las alteraciones del transporte público derivadas de la convocatoria de huelga".

 

Centros con varios turnos de trabajo: Comienza en el primer turno, aunque empiece antes de las 0:00 horas del día 11 (por ejemplo, a las 22:00 horas del 10 de noviembre) y finaliza al terminar el último turno, aun cuando éste se prolongue después de las 24:00 horas del día 11.

 

Antes de la jornada de huelga….

¿Tengo que comunicar de forma previa si haré huelga? Si decides unirte a la huelga no tienes obligación por ley a comunicarlo a la universidad. Es más, puedes decidir hacer huelga a lo largo de la jornada siempre que no te hayan nombrado como componente de los servicios mínimos, si estos se han establecido.

 

¿Puede la empresa preguntar si haré huelga? La huelga es un derecho de ejercicio personal voluntario que se da a conocer en el mismo instante del inicio de los paros por el hecho de dejar de trabajar. La empresa nunca debería preguntar si vas a hacer huelga ya que puede entenderse como una forma de coacción, pero, si lo hace, no hay obligación de contestar. No existe ninguna obligación legal.

 

¿Y si teletrabajo? Si realizas teletrabajo, cuando comience tu turno, no te conectes ni contestes ninguna comunicación. Si habitualmente no haces teletrabajo y la empresa te ofrece hacerlo el 11N, no lo hagas si quieres sumarte a la huelga. La huelga implica no trabajar, no simplemente no asistir al centro de trabajo. No debe usarse el teletrabajo como esquirolaje tecnológico.

 

¿Qué son los servicios mínimos? Los servicios mínimos constituyen la garantía para mantener las prestaciones indispensables en servicios esenciales para la comunidad durante una huelga.

·       ¿Existe la obligación legal de fijar servicios mínimos en una convocatoria de huelga universitaria? No. Esta obligación afecta de manera directa a los servicios públicos esenciales, y la universidad no lo es. En esta y en anteriores convocatorias de huelga esto se ha traducido en la no fijación de servicios mínimos en algunas universidades públicas.

·       ¿Tiene capacidad la Universidad para fijar servicios mínimos? Diferentes sentencias han dictaminado que el/la Rector/a no puede fijar los servicios mínimos, al ser empresario/a y no autoridad gubernativa. Quien tiene la capacidad es la comunidad autónoma y sólo para los servicios esenciales. Sin embargo, el Comité de Huelga, con el objeto de atender determinados servicios (animalarios, colegios mayores, etc.) puede consensuar con cada universidad unos servicios mínimos y, en caso de acuerdo, remitirse a la comunidad autónoma para su publicación en el boletín oficial que corresponda.

Si la universidad establece de manera unilateral servicios mínimos, estos son ilegales y CCOO los denunciará ante los tribunales. Esto ya ha ocurrido en convocatorias anteriores y el fallo de los tribunales (incluido el Tribunal Constitucional) estableció claramente esta falta de capacidad de la universidad para fijar los servicios mínimos.

 

Durante el desarrollo de la huelga….

¿Puedo participar en la Huelga estando en teletrabajo? Claro que sí. No te conectes ni abras ninguna aplicación de la empresa desde las 00.00 horas hasta las 23.59 horas del 11 de noviembre. La empresa no puede exigir explicaciones ni establecer contacto.

 

Si me corresponde hacer servicios mínimos: Deberás recibir, al menos 24 horas antes del inicio de la huelga, una notificación escrita y personal para asumir «Servicios Mínimos» durante la jornada de huelga, siempre y cuando se hayan establecido por la autoridad laboral correspondiente en los sectores considerados esenciales. No es suficiente con una comunicación verbal.

·       En dicha notificación se indicará el motivo (orden de la Administración Pública o acuerdo con el comité de huelga) y las tareas específicas que debes llevar a cabo.

·       Si no has sido notificado formalmente de que eres servicio mínimo, puedes ejercer tu derecho de huelga.

·       No presentarse a un servicio mínimo obligatorio puede acarrear sanciones disciplinarias o despido.

·       Si consideras que la orden es abusiva, firma “recibido, no conforme” y reclama por la vía sindical o legal sin incumplir la designación.

·       La persona trabajadora designada solo realizará aquellas actuaciones que estén recogidas en la resolución de servicios esenciales. No se trata de hacer todas y cada una de las funciones ordinarias de un día normal de trabajo, sino aquellas que resulten esenciales para el servicio.

 

¿Se puede sustituir a una persona que participe en la huelga? Durante la huelga la universidad no puede sustituir a las personas en huelga con personal ajeno a la universidad ni con otros de la misma universidad de igual o distinta categoría. No se permite la movilidad funcional ni geográfica para reemplazar a trabajadores en huelga. Las actuaciones de esta índole suponen una vulneración del derecho fundamental que prevalece respecto a otros derechos.

 

Los piquetes informativos son legales: La huelga es un derecho fundamental que prevalece sobre la libertad de trabajo individual dentro del marco del conflicto colectivo. Esto significa que la ley protege el cese colectivo del trabajo como medio legítimo de presión.

Para que la huelga sea visible y eficaz, la normativa ampara la existencia de los piquetes informativos. Un piquete informativo es un grupo de trabajadoras y trabajadores que se organiza para difundir los motivos del paro y convencer pacíficamente al resto de la plantilla o a la ciudadanía para que se sumen a la protesta. Sus funciones son las de información, propaganda de los motivos de la huelga, persuasión a las demás personas trabajadoras para que se sumen a la huelga o disuasión a las personas que optan por continuar trabajando. El Tribunal Constitucional no sólo ha confirmado en numerosas ocasiones la legalidad de los piquetes, sino que ha señalado que el núcleo esencial del derecho de huelga incluye el derecho a que estos piquetes desarrollen su labor dentro del marco de la legalidad.

 

Actividades amparadas por la ley:

·       Informar y convencer: Explicar las razones del conflicto en las puertas del centro de trabajo, repartir folletos y llamar a la solidaridad laboral.

·       Manifestarse pacíficamente: Concentrarse en los accesos al centro laboral o en la vía pública de forma clara y coordinada.

·       Prevalencia del derecho: La difusión de la protesta prevalece sobre la mera libertad de trabajar de quienes no secunden la huelga, siempre que no se recurra a la violencia, intimidación, ni a coacciones

 

Límites que no se deben cruzar: la protección legal de los piquetes desaparece cuando se recurre a la coacción violenta o a la intimidación grave. La ley distingue claramente entre persuadir (lo cual es legal y protegido) y obligar por la fuerza física o la amenaza a que otra persona no trabaje. No se pueden “ocupar” los centros de trabajo o sus dependencias: esto puede conllevar infracciones administrativas o penales.

 

Presencia de las personas trabajadoras en los centros de trabajo: La huelga puede desarrollarse con la presencia física de los trabajadores huelguistas en el centro de trabajo. La actuación de las personas trabajadores encaminada a la realización de reuniones o asambleas dentro de la propia empresa no atenta contra el derecho de propiedad. Si el empresario pretende el desalojo en estas condiciones violaría los derechos de reunión y de huelga.

 

Después de la jornada de huelga….

Una vez finalizada la huelga, ¿pueden preguntarme si la he secundado? No, un empleador no puede preguntarte si hiciste huelga después de que esta termine y no está autorizado a presionarte o coaccionarte para que respondas.

 

¿Cómo se controla quién ha ejercido el derecho de huelga? La universidad solo puede saber quién ha hecho huelga en el momento en que no se presenta a trabajar, utilizando los medios de control habituales. Se podrán establecer sistemas de control específicos siempre que su única finalidad sea organizativa y económica (calcular el descuento salarial) y no resulte desproporcionado ni tenga un efecto disuasorio.

 

¿Me pueden sancionar si secundo una convocatoria de huelga? Nunca. El ejercicio del derecho de huelga no puede conllevar sanción alguna para las personas trabajadoras.

 

¿Pueden despedirme por hacer huelga? Por supuesto que no, porque sería un despido nulo por derecho fundamental. Si lo hacen, tendrían que readmitirte en tu puesto de trabajo y además pediríamos una indemnización.

 

Descuentos salariales por la participación en una huelga: La legislación española considera que al secundar la huelga se suspende el contrato laboral durante el periodo de tiempo que el empleado no trabaja y, por tanto, el empresario no está obligado a pagar el salario correspondiente al periodo de duración de la huelga. Además, el periodo de tiempo no trabajado no cotizará en la Seguridad Social. Es decir, queda a criterio de la empresa si se descuenta o no el salario del día o los días de huelga. Si la universidad opta por descontar, afectará a:

1.      El salario correspondiente a los días de huelga. Incluye tanto el salario base como los complementos salariales (antigüedad, peligrosidad, productividad, etc.) si están vinculados al trabajo efectivo.

2.      La parte proporcional de las pagas extraordinarias.

3.      Las cotizaciones a la Seguridad Social de esos días. Durante la huelga no se cotiza; el trabajador queda en situación de “alta especial sin cotización”.

Adicionalmente, se deduce la parte proporcional del descanso semanal correspondiente a ese día.

Cualquier descuento económico desproporcionado, sanción o despido por participar o haber participado en la huelga será NULO de pleno derecho.

 

¿Las horas que no trabaje las tengo que recuperar después? Nunca. Y el hacer huelga tampoco reducirá el periodo de vacaciones ni de días festivos.

 

Desmantelando el relato del miedo

De aquí al 11 de noviembre vamos a escuchar en los medios de comunicación, en boca de algunos responsables políticos y universitarios y por parte de ciertos sectores interesados, los discursos de siempre. El relato del miedo, de la culpa y de la resignación. En este contexto, es necesario desmentir afirmaciones que se lanzan para desmovilizar:

ü  "Hacer huelga perjudica al alumnado. Hacer una huelga en noviembre perjudica directamente a los estudiantes en mitad del primer cuatrimestre, interrumpe las evaluaciones continuas y daña su formación": al alumnado le perjudica tener laboratorios infradotados, servicios colapsados por falta de personal, y condiciones de acceso y permanencia que siguen siendo un obstáculo para las rentas bajas. Un día de huelga no es un ataque al alumnado; es la mayor lección de educación cívica y ciudadana que les podemos dar desde la universidad. Les estamos enseñando que los derechos no se heredan, se defienden; que, si queremos una universidad de calidad para ellos mañana, tenemos que luchar hoy.

 

ü  "La huelga es un descuento salarial que no me puedo permitir": entendemos perfectamente esa preocupación. A nadie le agrada ver una deducción en su nómina a final de mes, y menos en los tiempos de dificultades que estamos describiendo. Pero hagamos un ejercicio de perspectiva económica real. El descuento de un día de salario es un impacto puntual, asumible y acotado en el tiempo. Lo que es verdaderamente inasumible, lo que constituye una sangría económica silenciosa pero letal, es la pérdida de poder adquisitivo acumulada que sufrimos mes tras mes porque la inflación devora nuestros ingresos mientras las retribuciones públicas suben por debajo del coste real de la vida. La inacción, quedarnos cruzados de brazos viendo cómo se devalúan nuestras vidas laborales, sale infinitamente más cara que un día de huelga. La huelga es una inversión en dignidad y en futuro salarial. Si no protestamos hoy por la pérdida de poder adquisitivo, por unos servicios públicos dignos y por la crisis de la vivienda, mañana el mercado nos habrá recortado mucho más que el equivalente a una jornada laboral.

 

ü  Para el personal temporal y precario: sabemos que el miedo es libre. Sabemos que las jerarquías universitarias a veces ejercen presiones sutiles pero efectivas. Pero hay que recordar que el derecho a la huelga es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Española. Nos ampara a todas las personas por igual, independientemente del tipo de contrato, de la antigüedad o de la escala funcionarial o laboral a la que pertenezcamos. No estáis solas; CCOO estará vigilando cada rincón del campus. La precariedad se combate colectivamente, no de forma individual.

Vamos a combatir con todos los recursos legales y sindicales a nuestro alcance cualquier intento de fijación de servicios mínimos abusivos o cualquier atisbo de coacción o represalia. La precariedad estructural busca precisamente eso: atomizarnos, aislarnos, hacernos creer que si protestamos individualmente somos prescindibles.

La mejor garantía de seguridad jurídica y personal es que el paro sea absoluto. Si paramos todas y todos, nadie se queda desprotegido. Si el campus se vacía, el miedo cambia de bando.

 

ü  «No sirve de nada». Las mejoras que hoy damos por normales se consiguieron con presión colectiva. Una huelga amplia cambia lo que pueden permitirse ignorar las administraciones, las patronales y los partidos.

 

¡El 11 de noviembre, la Universidad Pública para el país!

 

Por salarios dignos. Por el derecho a una vivienda asequible. Por el empleo estable y de calidad. Por la financiación suficiente de las universidades públicas. Por unos servicios públicos de calidad que garanticen la igualdad de oportunidades.

 

Porque trabajamos para vivir, no para pagar. Paramos por la universidad.

 

¡A LA HUELGA GENERAL!

jueves, 22 de octubre de 2026

El Gobierno confirma que la subida salarial del 4,5 % está garantizada para más de tres millones de empleadas y empleados públicos

CCOO reclama una norma que garantice dicha subida salarial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Gobernar es cumplir lo pactado.

 

Coincidiendo con las reuniones de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y servicio a la ciudadanía y de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de 5 de julio de 2021 para la reducción de la temporalidad en el empleo público, celebradas en la tarde del 20 de octubre, CCOO ha reiterado la reclamación, ya formulada previamente por escrito al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, para que se garantice el incremento salarial del 4,5 % para el 2027, a través de un real decreto ley, y confirme cuándo lo va a aprobar.

El Gobierno se ha comprometido a aprobar legalmente esa subida, pero sin especificar la fecha. Para CCOO el cumplimiento de los acuerdos retributivos incluidos en el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía debe reflejarse en una norma legal, por una cuestión de seguridad jurídica, antes de la celebración de las elecciones generales fijadas para el próxima 29 de noviembre, momento en el que el Ejecutivo pasará a estar en funciones. Ante el escenario de adelanto electoral, desde CCOO exigimos la aprobación urgente de una norma de rango legal que blinde las retribuciones ya pactadas, evitando que el periodo de transición a una nueva legislatura paralice las comisiones de seguimiento y el desarrollo del resto de los derechos acordados. El Acuerdo Marco constituye una hoja de ruta vinculante con los servicios públicos y el poder adquisitivo de quienes los sostienen día a día.


Como ya señalamos, el Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y el Servicio a la Ciudadanía, firmado por CCOO, junto a UGT y CSIF, establecía un incremento salarial que recogía una subida salarial global del 11,4% (contando con el efecto deslizamiento en las tablas salariales) para el periodo 2025-2028, así como reivindicaciones históricas, como la implantación de un modelo alternativo a la tasa de reposición en las ofertas de empleo público. El incremento salarial pactado, que es consolidable en su totalidad, se distribuía del siguiente modo:


2025 

Un incremento salarial fijo del 2,5% sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2024. YA COBRADO. 

2026 

Un incremento salarial del 2% sobre la base de las retribuciones incrementadas en 2025. Este incremento, de carácter consolidable, se abonará en dos momentos:

1.  El 1,5% fijo se abonará en el año 2026. ¡¡¡¡PENDIENTE DE PAGO!!!!

2. Y el 0,5% restante se abonará en el primer trimestre de 2027, si la variación interanual del IPC de 2026 es igual o superior al 1,5%. La tasa de variación anual del IPC del mes de septiembre, último mes del que el INE ha publicado datos, se situó en el 4,9%. Por lo tanto, casi con toda probabilidad este 0,5% adicional se cobraría en 2027.

2027 

Un incremento salarial fijo del 4,5% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en 2026. Este incremento, de carácter consolidable, tendrá efectos de 1 de enero de 2027 y se abonará en 2027.

2028 

Un incremento salarial fijo del 2% sobre la base de las retribuciones ya incrementadas en 2027. Este incremento, de carácter consolidable, tendrá efectos de 1 de enero de 2028 y se abonará en 2028.


Por lo tanto, a fecha 1 de enero de 2027 se debería percibir:

1. El 0,5% pendiente de 2026, con efectos de 1 de enero de 2026 y que ya fue aprobado mediante el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

2. El 4,5% correspondiente a 2027, con efectos de 1 de enero de 2027.

Pero, es más, debería avanzarse en una revisión del Acuerdo en el sentido de actualizar el mismo en función del incremento del coste de la vida. La realidad del año 2025, momento de la firma del Acuerdo, dista mucho de la actual situación, con un incremento del coste de la vida cercano al 5% en su período de vigencia a día de hoy.


Las cuestiones pendientes

Ni la ULPGC ni la ULL han pagado la subida del 1.5% comprometido entre el Gobierno y la representación sindical, aunque esperamos que ANTES DE FINAL DE ESTE AÑO podamos percibir el incremento salarial puesto que la Consejera de Universidades y Cultura comunicó en la sesión de control al gobierno, que ya se ha dado la orden para la transferencia de crédito a las universidades para el pago del 1.5% pendiente. 

Para el Área Pública de CCOO, tan importante como la cuestión retributiva es que no se paralicen ni se pospongan el resto de las medidas incluidas en el Acuerdo Marco. Entre ellas, el sindicato ha reiterado la necesidad de avanzar en:

· La eliminación y/o modificación del actual modelo de tasa de reposición.

· La mejora de haberes reguladores para el personal sujeto a clases pasivas.

· Las materias recogidas en el Acuerdo en relación con el empleo público, digitalización, salud laboral o igualdad a través de la comisión de seguimiento y de los grupos de trabajo creados al efecto.

· La solución definitiva al problema de la temporalidad.

CCOO quiere destacar que sigue pendiente el cumplimiento efectivo de compromisos fundamentales recogidos en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la implantación de la jubilación anticipada parcial para el personal funcionario y estatutario.


Para CCOO los acuerdos alcanzados deben cumplirse en su integridad y sin más demoras. Las empleadas y empleados públicos necesitan hechos y no declaraciones de intenciones. No puede haber dilaciones para convertir los compromisos en mejoras reales para el conjunto de las plantillas y para la calidad de los servicios públicos que recibe la ciudadanía.


lunes, 12 de octubre de 2026

El PTGAS de la ULPGC ante un reto que no puede esperar

El PTGAS de la ULPGC está viviendo en los últimos años un importante relevo generacional, un proceso que continuará y tendrá especial relevancia en los próximos años. 


Muchas compañeras y compañeros que han contribuido durante décadas al funcionamiento y crecimiento de nuestra Universidad se han jubilado o están próximos a hacerlo, en el 2024 un 25% de la plantilla de PTGAS de la Universidad de la Laguna se encuentra en proceso de jubilación (entre 60-66 años) según datos del Sistema Integrado de Información Universitaria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no está mucho mejor, a un 24,4%. Esta realidad debe verse no solo como una dificultad, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre qué plantilla necesitamos para nuestras Universidades en el futuro.

Figura 1. Evolución del porcentaje de la plantilla de PTGAS que se encuentra en proceso de jubilación, es decir, tiene una edad comprendida entre los 60 y los 66 años. Datos obtenidos del Sistema Integrado de Información Universitaria.

No creemos que la solución consista simplemente en cubrir cada plaza que quede vacante. Es el momento de analizar las necesidades reales de los servicios y unidades, sus cargas de trabajo y cómo han cambiado nuestras funciones. Hay unidades que han asumido cada vez más tareas y responsabilidades, mientras otras actividades se han reducido o transformado. Equilibrar las cargas de trabajo y reforzar allí donde realmente hace falta debe formar parte de esta planificación.

También debemos tener en cuenta cómo las nuevas tecnologías están cambiando nuestra forma de trabajar. La administración electrónica, la automatización y la inteligencia artificial pueden simplificar muchas tareas repetitivas, pero esto no debe entenderse simplemente como una forma de reducir plantilla. Debe ser una oportunidad para reorganizar nuestros recursos, mejorar los servicios y dedicar más tiempo a aquellas tareas donde las personas seguimos siendo imprescindibles.

Y en todo este proceso no podemos olvidar algo que forma parte de nuestra identidad como empleados públicos: la vocación de servicio. Detrás de cada expediente, cada proyecto, cada matrícula, cada nómina o cada trámite hay personas. Nuestro trabajo consiste en gestionar, pero también en ayudar, resolver problemas y hacer que la Universidad funcione cada día. La tecnología debe ayudarnos a prestar un mejor servicio, nunca alejarnos de quienes necesitan de nosotros.

El relevo generacional tampoco puede hacernos olvidar a quienes ya estamos aquí. La ULPGC cuenta con compañeras y compañeros con experiencia, formación y un enorme conocimiento de la institución. Por eso, la promoción interna y una verdadera carrera profesional deben ocupar un lugar importante en la planificación de los próximos años. Incorporar nuevo personal es necesario, pero también lo es reconocer y aprovechar el talento que ya existe dentro de nuestra Universidad.

Además, debemos garantizar que el conocimiento de quienes se jubilan no desaparezca con ellos. La experiencia acumulada durante años debe transmitirse a las nuevas generaciones, procurando que ese relevo se produzca de forma planificada y no cuando ya sea demasiado tarde. La anticipación y la transferencia de conocimiento entre generaciones son esenciales para garantizar la continuidad y calidad de nuestros servicios.

Tenemos por delante una oportunidad importante. El nuevo marco de financiación de las universidades públicas canarias 2027-2030 debe permitirnos continuar afrontando este relevo generacional, revisar y reorganizar nuestras plantillas, equilibrar cargas de trabajo, apostar por la formación y la promoción interna y adaptarnos a las nuevas tecnologías.

Pero, sobre todo, debe permitirnos seguir construyendo una Universidad pública en la que las personas estén en el centro.

Porque modernizar la ULPGC no significa simplemente hacer más con menos. Significa organizarnos mejor, aprovechar nuestra experiencia, incorporar nuevas generaciones y contar con un PTGAS suficiente, formado, valorado y comprometido con el servicio público.

Profesorado Docente e Investigador: el relevo generacional en jaque.

Garantizar el relevo generacional se ha convertido en un reto urgente e inaplazable para las universidades públicas canarias. Si bien el problema del envejecimiento del personal docente e investigador afecta a todo el sistema universitario español, las estadísticas reflejan que la situación en el archipiélago es especialmente preocupante.

En el marco de financiación de las universidades públicas canarias para 2027-2030, que está en periodo de negociación, el rejuvenecimiento de las plantillas debería figurar de forma expresa y suficientemente financiada entre los objetivos estratégicos del nuevo modelo, permitiendo anticipar las jubilaciones y no limitarse a cubrir vacantes cuando estas ya se han producido.

Las cifras más recientes del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) obtenidas en el curso 2024-2025 sitúan a Canarias en una posición extrema en cuanto a envejecimiento de su plantilla:

  • La mayor edad media: El Personal Docente e Investigador (PDI) de las universidades públicas canarias tienen una edad media de 53,3 años, la cifra más alta de todas las comunidades autónomas.
  • Jubilación inminente: El 24,3 % de la plantilla tiene más de 60 años, la mayor proporción a nivel nacional.
  • Escasa presencia de jóvenes: Solo el 5,33 % del profesorado tiene menos de 35 años, el tercer porcentaje más bajo de España.
  • Brecha generacional: En el archipiélago hay de media entre 4 a 5 de PDI con edades comprendidas entre 60 y 66 años por cada PDI menor de 35 años.

Esta situación alarmante no ha surgido de forma espontánea. Es el resultado de años de inacción y falta de planificación por parte de los sucesivos gobiernos autonómicos. Independientemente de sus siglas políticas, no se han tomado medidas frente al declive demográfico que los datos ya advertían.

Tanto las universidades como sus Consejos Sociales llevan años reclamando un marco presupuestario estable, suficiente y previsible. La negociación actual del contrato programa para el periodo 2027-2030 es la ventana ideal para corregir este déficit de planificación histórica. Resulta primordial tomar medidas con anticipación que atraigan talento y asegure el relevo generacional del personal docente e investigador, en lugar de limitarse a cubrir vacantes que se produzcan por la jubilación de su personal.

La anticipación en la transición generacional permite la transferencia de conocimiento y experiencia tanto docente como investigadora entre generaciones, además de mantener vivas las redes de colaboración científica nacionales e internacionales. Buscar talento nuevo sólo cuando se produce una jubilación es un error de estrategia; significa llegar tarde.

El rejuvenecimiento de las plantillas en el modelo 2027-2030 debe convertirse en una prioridad estratégica ineludible. Dotar al sistema de recursos para atraer, incorporar y retener el talento joven es la única vía para preservar el conocimiento, impulsar la investigación y garantizar el futuro científico y social de Canarias.



viernes, 9 de octubre de 2026

11N HUELGA GENERAL: Una huelga para que el trabajo y los salarios nos permitan vivir

CCOO llama a la movilización por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo.


Hay una preocupación compartida por millones de personas: trabajar y cobrar un salario no garantiza llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o construir un futuro con seguridad. El esfuerzo cotidiano de los trabajadores y los trabajadores pierde valor cuando el alquiler, la hipoteca, la cesta de la compra, el transporte, el gas o electricidad, absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos. Los bienes y servicios esenciales para poder vivir dignamente resultan demasiado caros y los servicios públicos no responden suficientemente a nuestras necesidades. 

Esta huelga nace para cambiar esa situación. Para convertir problemas que cada persona afronta por separado en reivindicaciones colectivas. Para exigir que la mejora de las condiciones de vida de la mayoría trabajadora sea una prioridad política y económica.  


Una huelga para garantizar una vivienda asequible. Para que se garantice el acceso a una vivienda digna a un precio que podamos pagar. Para que encontrar una casa no obligue a dedicar la mayor parte del salario al alquiler o a una hipoteca, alejarse del lugar de trabajo o retrasar indefinidamente la emancipación y los proyectos de vida. 

La vivienda es una necesidad básica y un derecho. Todas las administraciones deben asumir su responsabilidad: Ampliar la oferta de vivienda pública y asequible, regular el mercado y frenar las prácticas especulativas. 

Una huelga para mejorar los salarios. Para que los salarios ganen poder adquisitivo y permitan vivir con dignidad, porque los incrementos conseguidos no bastan ante y la inflación y los precios de la vivienda. Para que el crecimiento económico y la riqueza que generamos con nuestro trabajo se traduzcan en una mejora de nuestras vidas. Esto exige compromisos de las empresas en la negociación colectiva y políticas públicas que impulsen los salarios, empezando por los más bajos. Necesitamos poder pagar los gastos cotidianos, disfrutar del tiempo libre, afrontar un imprevisto y tener perspectivas de futuro. 

Una huelga para que vivir cueste menos. Para que las empresas reduzcan sus márgenes y bajen los precios allí donde existe capacidad para hacerlo, especialmente en los bienes y servicios esenciales. Para que las mejoras salariales no queden absorbidas por nuevas subidas de precios. Las empresas deben asumir su responsabilidad y los poderes públicos deben actuar frente a los abusos y la concentración de poder económico. El coste de la vida también depende de decisiones empresariales y políticas que podemos y debemos cambiar. 

Una huelga para garantizar unos servicios públicos de calidad. Para que todas las personas puedan acceder a una sanidad, una educación, unos cuidados y un transporte público suficientes y de calidad, con independencia de sus ingresos o de dónde vivan. Cuando los servicios públicos fallan, las familias pagan con dinero, con tiempo o renunciando a lo que necesitan. Reforzarlos exige financiación suficiente, personal y buenas condiciones de trabajo. También es una forma de hacer que vivir cueste menos y de dar seguridad a la población. 

Una huelga por la salud de las personas trabajadoras. El derecho a la salud y a recuperarla tras un accidente o una enfermedad es incuestionable. Son las personas trabajadoras las que siguen perdiendo la vida y la salud y la responsabilidad empresarial no puede obviarse. Que nadie vaya obligado a trabajar enfermo.

Una huelga para avanzar en las reformas pendientes. Un control horario que acabe con el fraude de las horas extra, actualizar el Salario Mínimo, transponer directivas europeas de calado, acometer la reforma de pluses y complementos para que no absorban la subida del SMI, son medidas políticas cruciales que este Gobierno tiene pendientes, y hay tiempo para dar pasos adelante. 

¿Por qué antes de las elecciones? 

Porque estas necesidades no pueden quedar aplazadas hasta que termine la campaña y se forme un nuevo Gobierno. La clase trabajadora tiene derecho a intervenir con voz propia, organizar sus demandas y exigir compromisos concretos. La huelga sitúa una agenda social en el centro del debate electoral y establece una exigencia que continuará después de las urnas. Quienes aspiren a gobernar deben explicar qué van a hacer para mejorar nuestras condiciones de vida. Y quienes gobiernen deberán responder por sus decisiones. 

¿A quién se dirige la huelga? 

A quienes tienen responsabilidades y capacidad de decisión. El Gobierno ha perdido una mayoría parlamentaria en las materias económicas y laborales. Medidas como la reducción de jornada laboral y los Decretos sobre vivienda han sido rechazadas por una “mayoría negativa” compuesta por PP, VOX, UPyN y Junts. Denunciamos esta actitud antisocial de la derecha y la extrema derecha. También exigimos al Gobierno de España que apruebe las medidas pactadas con los sindicatos como el registro horario, o evitar la absorción de los complementos salariales, e impulse el SMI para hacer frente al nuevo episodio de inflación. 

Los gobiernos autonómicos han recibido más recursos económicos que nunca. Y en buena medida son los grandes responsables del deterioro de la calidad en los principales servicios públicos extrayendo recursos públicos para ponerlos en manos privadas. Las CCAA tienen las principales competencias en materia de vivienda y en buena parte del territorio se han mostrado contrarias a poner en marcha políticas públicas que protegieran un derecho esencial para la ciudadanía, promoviendo un sector elitista que utiliza la vivienda como un bien de mercado en mayor o menor medida. 

Hoy la privatización parcial de la sanidad, la educción, o el insuficiente desarrollo de la atención a la dependencia, se lleva dinero del bolsillo de las familias para incrementar los resultados de las empresas. 

Pedimos unas políticas que miren a las personas trabajadoras, unos presupuestos que pongan esas políticas en el centro. También que los recursos que desde el estado se ponen a la disposición de CCAA sirvan para mejorar la calidad de los servicios públicos (y no para financiar su privatización) y a las condiciones laborales de personal público, y las personas quienes trabajan en actividades externalizadas desde el sector público (en este momento de forma singular, todos los sectores vinculados a los cuidados). 

A las empresas y a las organizaciones empresariales, por sus decisiones sobre salarios, reparto de beneficios y precios. La inflación y la subida de precios tienen que ver con el incremento de costes producto de las guerras en Ucrania o la intervención de Trump en Oriente Medio. Pero también porque las empresas están haciendo caja, trasladando esos costes al bolsillo de las familias, y salvando así los beneficios (incluso mejorándolos). 

Las elecciones no suspenden las obligaciones de las administraciones ni las de las empresas. 

La clase trabajadora toma la iniciativa. Se organiza para conquistar mejoras y hacer valer sus intereses. Para que la vivienda, los salarios, los precios y los servicios públicos sean prioridades sobre las que se adopten decisiones concretas. Queremos que trabajar y los salarios nos permitan vivir.