CCOO llama a la movilización por mejores salarios, por una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra nuestro poder adquisitivo.
Hay una preocupación compartida por millones de personas: trabajar y cobrar un salario no garantiza
llegar a fin de mes, acceder a una vivienda o construir un futuro con seguridad. El esfuerzo cotidiano de
los trabajadores y los trabajadores pierde valor cuando el alquiler, la hipoteca, la cesta de la compra, el
transporte, el gas o electricidad, absorbe una parte cada vez mayor de los ingresos. Los bienes y
servicios esenciales para poder vivir dignamente resultan demasiado caros y los servicios públicos no
responden suficientemente a nuestras necesidades.
Esta huelga nace para cambiar esa situación. Para convertir problemas que cada persona afronta
por separado en reivindicaciones colectivas. Para exigir que la mejora de las condiciones de vida de la
mayoría trabajadora sea una prioridad política y económica.
Una huelga para garantizar una vivienda asequible. Para que se garantice el acceso a una vivienda
digna a un precio que podamos pagar. Para que encontrar una casa no obligue a dedicar la mayor
parte del salario al alquiler o a una hipoteca, alejarse del lugar de trabajo o retrasar indefinidamente la
emancipación y los proyectos de vida.
La vivienda es una necesidad básica y un derecho. Todas las administraciones deben asumir su
responsabilidad: Ampliar la oferta de vivienda pública y asequible, regular el mercado y frenar las
prácticas especulativas.
Una huelga para mejorar los salarios. Para que los salarios ganen poder adquisitivo y permitan vivir
con dignidad, porque los incrementos conseguidos no bastan ante y la inflación y los precios de la
vivienda. Para que el crecimiento económico y la riqueza que generamos con nuestro trabajo se
traduzcan en una mejora de nuestras vidas. Esto exige compromisos de las empresas en la
negociación colectiva y políticas públicas que impulsen los salarios, empezando por los más bajos.
Necesitamos poder pagar los gastos cotidianos, disfrutar del tiempo libre, afrontar un imprevisto y tener
perspectivas de futuro.
Una huelga para que vivir cueste menos. Para que las empresas reduzcan sus márgenes y bajen los
precios allí donde existe capacidad para hacerlo, especialmente en los bienes y servicios esenciales.
Para que las mejoras salariales no queden absorbidas por nuevas subidas de precios. Las empresas
deben asumir su responsabilidad y los poderes públicos deben actuar frente a los abusos y la
concentración de poder económico. El coste de la vida también depende de decisiones empresariales y
políticas que podemos y debemos cambiar.
Una huelga para garantizar unos servicios públicos de calidad. Para que todas las personas
puedan acceder a una sanidad, una educación, unos cuidados y un transporte público suficientes y de
calidad, con independencia de sus ingresos o de dónde vivan. Cuando los servicios públicos fallan, las familias pagan con dinero, con tiempo o renunciando a lo que necesitan. Reforzarlos exige financiación
suficiente, personal y buenas condiciones de trabajo. También es una forma de hacer que vivir cueste
menos y de dar seguridad a la población.
Una huelga por la salud de las personas trabajadoras. El derecho a la salud y a recuperarla tras un
accidente o una enfermedad es incuestionable. Son las personas trabajadoras las que siguen
perdiendo la vida y la salud y la responsabilidad empresarial no puede obviarse. Que nadie vaya
obligado a trabajar enfermo.
Una huelga para avanzar en las reformas pendientes. Un control horario que acabe con el fraude de
las horas extra, actualizar el Salario Mínimo, transponer directivas europeas de calado, acometer la
reforma de pluses y complementos para que no absorban la subida del SMI, son medidas políticas
cruciales que este Gobierno tiene pendientes, y hay tiempo para dar pasos adelante.
¿Por qué antes de las elecciones?
Porque estas necesidades no pueden quedar aplazadas hasta que termine la campaña y se forme un
nuevo Gobierno. La clase trabajadora tiene derecho a intervenir con voz propia, organizar sus
demandas y exigir compromisos concretos. La huelga sitúa una agenda social en el centro del debate
electoral y establece una exigencia que continuará después de las urnas. Quienes aspiren a gobernar
deben explicar qué van a hacer para mejorar nuestras condiciones de vida. Y quienes gobiernen
deberán responder por sus decisiones.
¿A quién se dirige la huelga?
A quienes tienen responsabilidades y capacidad de decisión. El Gobierno ha perdido una mayoría
parlamentaria en las materias económicas y laborales. Medidas como la reducción de jornada laboral y
los Decretos sobre vivienda han sido rechazadas por una “mayoría negativa” compuesta por PP, VOX,
UPyN y Junts. Denunciamos esta actitud antisocial de la derecha y la extrema derecha. También
exigimos al Gobierno de España que apruebe las medidas pactadas con los sindicatos como el registro
horario, o evitar la absorción de los complementos salariales, e impulse el SMI para hacer frente al
nuevo episodio de inflación.
Los gobiernos autonómicos han recibido más recursos económicos que nunca. Y en buena medida son
los grandes responsables del deterioro de la calidad en los principales servicios públicos extrayendo
recursos públicos para ponerlos en manos privadas. Las CCAA tienen las principales competencias en
materia de vivienda y en buena parte del territorio se han mostrado contrarias a poner en marcha
políticas públicas que protegieran un derecho esencial para la ciudadanía, promoviendo un sector
elitista que utiliza la vivienda como un bien de mercado en mayor o menor medida.
Hoy la privatización parcial de la sanidad, la educción, o el insuficiente desarrollo de la atención a la
dependencia, se lleva dinero del bolsillo de las familias para incrementar los resultados de las
empresas.
Pedimos unas políticas que miren a las personas trabajadoras, unos presupuestos que pongan esas
políticas en el centro. También que los recursos que desde el estado se ponen a la disposición de
CCAA sirvan para mejorar la calidad de los servicios públicos (y no para financiar su privatización) y a
las condiciones laborales de personal público, y las personas quienes trabajan en actividades externalizadas desde el sector público (en este momento de forma singular, todos los sectores
vinculados a los cuidados).
A las empresas y a las organizaciones empresariales, por sus decisiones sobre salarios, reparto de
beneficios y precios. La inflación y la subida de precios tienen que ver con el incremento de costes
producto de las guerras en Ucrania o la intervención de Trump en Oriente Medio. Pero también porque
las empresas están haciendo caja, trasladando esos costes al bolsillo de las familias, y salvando así los
beneficios (incluso mejorándolos).
Las elecciones no suspenden las obligaciones de las administraciones ni las de las empresas.
La clase trabajadora toma la iniciativa. Se organiza para conquistar mejoras y hacer valer sus
intereses. Para que la vivienda, los salarios, los precios y los servicios públicos sean
prioridades sobre las que se adopten decisiones concretas. Queremos que trabajar y los
salarios nos permitan vivir.
.png)
