En CCOO llevamos semanas trabajando intensamente para que las ayudas sociales dejen de ser un privilegio de unos pocos y se conviertan en un derecho efectivo para todo el personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), sin exclusiones, sesgos ni desigualdades internas. Nuestro objetivo es tan sencillo como ambicioso: garantizar la protección social integral de todas las personas trabajadoras de nuestra comunidad universitaria sin agravios comparativos entre categorías profesionales
En CCOO llevamos semanas trabajando intensamente para que las ayudas sociales dejen de ser un privilegio de unos pocos y se conviertan en un derecho efectivo para todo el personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), sin exclusiones, sesgos ni desigualdades internas. Nuestro objetivo es tan sencillo como ambicioso: garantizar la protección social integral de todas las personas trabajadoras de nuestra comunidad universitaria sin agravios comparativos entre categorías profesionales.
Una propuesta sólida, blindada en el derecho positivo
Para construir esta propuesta, no nos hemos limitado a la legítima reivindicación sindical, hemos realizado un exhaustivo análisis técnico y de derecho comparado. Hemos revisado al detalle las convocatorias de la propia ULPGC, del Gobierno de Canarias y de la Universidad de La Laguna, cruzándolas con el marco normativo vigente.
El documento que hemos elaborado defiende un sistema de acción social justo y coherente, sustentado en tres pilares jurídicos irrefutables:
• El Principio de Igualdad (Art. 14 de la Constitución Española): La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es clara: no cabe establecer diferencias de trato entre empleados públicos a menos que exista una justificación objetiva, razonable y proporcionada. La exclusión actual de ciertos colectivos carece de esa base legal.
• El Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEB): Exige a las Administraciones Públicas actuar bajo los principios de equidad y no discriminación en las condiciones de trabajo y desarrollo profesional.
• La Normativa de Función Pública Canaria: Mandata la homologación y la extensión de la acción social como un elemento retributivo indirecto destinado a la mejora de las condiciones de vida de todo el personal a su servicio.
Nota jurídica: La acción social no es una dádiva discrecional de la Gerencia; es un derecho de los empleados públicos plenamente integrado en el concepto de modernización y responsabilidad social de las instituciones del sector público.
Cobertura universal: PDI, PTGAS y Personal Investigador
La realidad laboral de la ULPGC es diversa, pero los derechos deben ser universales. Nuestra propuesta abarca de manera transversal e integradora a los tres grandes pilares de la institución:
1. PDI (Personal Docente e Investigador): Tanto funcionario como laboral.
2. PTGAS (Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios): Superando las brechas históricas de anteriores convenios.
3. Personal Investigador: Un colectivo tradicionalmente precarizado que debe ser integrado de pleno derecho en la acción social interna de la universidad.
Buscamos dar respuesta a necesidades reales mediante medidas concretas de conciliación familiar, apoyo en situaciones de vulnerabilidad económica o de salud, y el fomento de la solidaridad y cohesión interna.
Próximos pasos institucionales y hoja de ruta legal
No nos quedamos en la queja, activamos los cauces normativos establecidos. En el día de ayer formalizamos el inicio de la vía institucional remitiendo la propuesta detallada a la Vicerrectora de Profesorado de la ULPGC de forma informativa de nuestra intención, aunque no tiene competencias.
Los hitos jurídicos y de negociación inmediata son:
• Martes 14 de julio: Presentación formal del documento ante el Pleno del CEPDIL para su debate y ratificación soberana.
• Apertura de la Mesa de Negociación: Traslado inmediato a la Gerencia y al Rectorado mediante el registro formal en la Sede Electrónica. Esto obliga a la Administración a pronunciarse y abre formalmente el periodo de negociación colectiva bajo los principios de buena fe y transparencia.
La fragmentación y las diferencias de trato actuales en materia de ayudas sociales dentro de la ULPGC bordean la arbitrariedad administrativa, incompatible con el artículo 9.3 de nuestra Constitución. Mantener este modelo obsoleto genera una flagrante inseguridad jurídica y una injusticia ética insostenible.
Desde CCOO hacemos un llamamiento al Rectorado: ha llegado el momento de corregir estas asimetrías, sentarse a negociar con altura de miras y consolidar un modelo de protección social interno que sea digno, moderno y plenamente alineado con los derechos de los empleados públicos en Canarias.
¡POR UNA ULPGC MÁS JUSTA Y CON DERECHOS PARA TODAS Y TODOS!