La ULPGC prepara la vuelta al trabajo presencial

Este martes se aprobó en Consejo de Ministros un plan de desescalada para recuperar cierta normalidad en nuestra vida personal y laboral

Portada de la Guía de CCOO para preparar el retorno
a la actividad laboral presencial en el Sector Público

Por pura coincidencia, el martes 28 de abril, también fue el Día Internacional de la Salud y Seguridad  en el trabajo y, además coincide con los planes de las universidades para establecer protocolos de vuelta a la actividad laboral de carácter presencial. Son coincidencias que no debemos pasar por alto.

En general, después de una primera revisión de sus contenidos, las propuestas de las universidades para el retorno de la actividad presencial, NO están recogiendo las recomendaciones del Gobierno del Estado y NO protegen adecuadamente la salud de sus trabajadores y trabajadoras.

Para CCOO hay dos premisas que resultan imprescindibles para abordar la vuelta al trabajo presencial. La primera es que ahora, después de que el Gobierno del Estado haya decidido permitir el desconfinamiento, la responsabilidad es nuestra y de las empresas. Y por eso la ULPGC debe negociar con la representación sindical de su personal las condiciones para el retorno, ya que el Estado no puede "protegernos" una vez que hemos salido de nuestras casas o cuando nos incorporamos físicamente a nuestro puesto de trabajo.

La segunda premisa también es evidente: hay que protegerse más de lo recomendado. Porque tu protección personal es también la mejor forma de proteger a tu familia y amistades, pero también para proteger al resto de la población. El Covid19 no es una simple gripe, no se trata de un dolor de cabeza ni un esguince. Es una epidemia muy agresiva, que se contagia con mucha facilidad y con alto nivel de mortalidad. Para la que en este momento no hay vacuna ni tratamiento médico efectivo.

[Cabecera del borrador de la ULPGC]

Por esa razón CCOO ha diseñado una serie de propuestas para exigir a las empresas que incluyan en sus instrucciones de retorno a la actividad laboral presencial. En el caso de las empresas e instituciones del Sector Público hemos incorporado esas propuestas en el documento que se puede descargar más abajo y del que resumimos algunos aspectos esenciales:

Las condiciones para la vuelta al trabajo presencial deben ser objeto de negociación y acuerdo entre la ULPGC y la representación sindical del personal. La gravedad de la situación exige el mayor nivel de cooperación y colaboración, de manera que pactar las condiciones de la reincorporación es un requisito indispensable. Se ha logrado  hacer así en las grandes empresas y nada justifica que no sea posible lograr lo mismo en nuestra universidad.

Los trabajadores y trabajadoras que estén incluidos en alguno de los grupos de riesgo definidos por el Ministerio de Sanidad para el Covid19 NO se incorporarán al trabajo presencial en ningún caso. Para las personas especialmente vulnerables el nivel de gravedad y letalidad es de tal magnitud que la única medida preventiva adecuada es su alejamiento físico del posible contagio.  Cualquier otra medida como su actividad laboral en solitario, protección mediante máscaras, guantes o mamparas, solo reducen el riesgo pero no lo eliminan.

Asimismo tampoco se incorporarán al trabajo presencial las personas que tengan responsabilidades familiares ineludibles (cuidado de menores de 12 años o mayores dependientes), optando preferentemente por el teletrabajo y si éste no es posible por una fórmula de permiso como deber inexcusable. Ya que las medidas de desconfinamiento dictadas por el Estado no garantizan la atención de escolares ni personas mayores al permanecer cerrados los colegios y centros de día de las personas mayores.

En cualquier caso, la incorporación presencial requerirá la realización previa de los test correspondientes. Para lo que se utilizarán los propios medios que cuenta la universidad ya que, aunque sus resultados no tendrán validez legal sí son válidos para su utilización dentro de la ULPGC como medida preventiva para evitar la extensión de los contagios dentro del puesto de trabajo.

Asimismo las propuestas de incorporación al trabajo presencial serán consultadas con la representación sindical del personal antes de su aprobación por la Gerencia, siendo necesario que junto con la justificación de esa incorporación se señalen los medios de protección que se proveerán para evitar los contagios y que en todos los casos serán: separación de 2 metros, guantes y mascarillas además de mamparas para quienes deban atender a público. En todos los casos la distancia de seguridad de 2 metros será obligatoria entre un/a trabajador/a y otro/a, salvo que el EPI disponible incluya visera facial y mono/bata desechable ya que el contagio también se transmite a través de las superficies donde se deposita (3 horas papel, 4 horas en el cobre, 24 horas en el cartón, 48 horas acero inoxidable, 72 horas en plástico, entre 24-48 horas en madera, ropa y vidrio).

• Clic aquí para descargar la Guía de CCOO para el retorno al trabajo presencial en las empresas e instituciones del Sector Público [16 páginas PDF]

CARTA abierta a la CRUE

"Estamos constatando durante esta situación una falta total de diálogo entre los equipos rectorales con la representación sindical", salvo unos pocos entre las que se incluyen las dos universidades canarias que sí están aceptando ese necesario diálogo y colaboración (aunque en el caso de la ULPGC solo con el PDI)

Cuando se declara el Estado de Alarma, el sistema educativo español, en todos sus niveles, en lugar de paralizarse, comienza a adaptarse a marchas forzadas, con un incremento sustancial de actividad, a la nueva situación. También el conjunto del personal de todas las Universidades Públicas españolas (PAS y PDI), que cambian de la noche a la mañana sus rutinas profesionales para que, siguiendo el lema del Gobierno, “ningún estudiante pierda el curso”. El esfuerzo, descomunal y sobrevenido, se afronta en solitario por el personal de las Universidades Públicas, en muchos casos con dificultades materiales, personales y de conciliación, con sensación de vulnerabilidad y soledad al tener que tomar decisiones individuales ante la falta de respuesta inmediata de los diferentes equipos rectorales.

CC.OO quiere reconocer el esfuerzo tan enorme que PDI y PAS están realizando, sin límite de fechas u horarios, para evitar la pérdida de curso por parte de los estudiantes, pero exige a los equipos rectorales algo más que tibias instrucciones, a menudo vacías de contenido y poco clarificadoras. En muchas ocasiones la información llega tarde, a menudo no aporta contenido alguno y la que más, es repetitiva. En el mantenimiento y supervivencia de la Universidad Pública española, solo el personal y los estudiantes demuestran estar a la altura de las circunstancias. Los equipos rectorales con la CRUE a la cabeza, acostumbrados al “coste cero” y a los recortes, no han entendido que la situación merece algo más que la publicación de breves instrucciones de reorganización docente o de listados de plataformas de enseñanza virtual. La consecuencia de esta falta de liderazgo está llevando a un estrés que ataca no solo al personal de las universidades, sino a los mismos estudiantes, que viven la situación con ansiedad y grave preocupación. A esta sensación de estrés también contribuye el establecimiento de unas fechas límites estrictas, sin un horizonte claro.

Como al resto de la ciudadanía, esta crisis nos coge a todos por sorpresa, pero en la Universidad Pública llevamos tiempo aprendiendo a sobrevivir. Este triste giro de los acontecimientos saca a la luz las debilidades y el sobreesfuerzo al que es sometido todo el Personal Docente e Investigador y de Administración y Servicios de las universidades. Por un lado, los recortes drásticos en personal, la estructura rígida de promoción interna y la falta de una apuesta clara por la modernización de los servicios provoca un atasco monumental en la labor del PAS, con personal sin formación digital y en puestos de trabajo que no permiten, ya no solo el teletrabajo, sino el trabajo a distancia. Por otro lado, los sueldos en precario, la presión cada vez más fuerte para la consecución de las diferentes acreditaciones y, sobre todo, el aumento de la carga de trabajo en el PDI, provoca una saturación real en las labores del profesorado que debe dar ahora todavía más de sí para mantener el sistema funcionando. Tanto unos como otros merecen nuestro reconocimiento, pues en su dedicación reside el verdadero sentido de servicio público y su profesionalidad los convierte en auténticos servidores de la sociedad.

Esta crisis está demostrando la fragilidad del sistema de Educación Superior, una fragilidad construida a partir de sucesivos recortes en los últimos años, pero que recibe el golpe definitivo después de la crisis financiera de 2008. CC.OO ha reclamado al Gobierno de la Nación la derogación de la Ley Wert y del RDL 14/2012, normas “austericidas” que impiden la renovación de las plantillas universitarias, diezmadas y cada vez de mayor edad. También hemos reclamado al Gobierno una revisión de los criterios de evaluación y acreditación al profesorado universitario, cuyas exigencias a menudo son imposibles de conquistar, pues no se puede articular un currículum atendiendo a criterios que cambian de la noche a la mañana y, especialmente, no se pueden conseguir resultados de investigación con recortes dramáticos en financiación en I+D como los acaecidos en la última década.

En CC.OO somos conscientes de que la emergencia sanitaria ha de ser prioritaria en nuestras vidas, es lo más inmediato y debe resolverse cuanto antes. Hemos estado activos reclamando nuestra posición en los Comités de Seguridad y Salud, con poco éxito. En la última reunión con el Ministerio de Universidades, el Ministro nos remitió exclusivamente a la CRUE y a las CC.AA. para reivindicar nuestra legítima participación en la toma de decisiones negociadas ante la desregulación laboral que estamos sufriendo. Sin embargo, estamos constatando durante esta situación una falta total de diálogo entre los equipos rectorales con los representantes sindicales. Las decisiones se han tomado siempre unilateralmente, a golpe de mando. CC.OO quiere mostrar su preocupación ante la falta de diálogo total que existe entre los legítimos representantes de las y los trabajadores de las Universidades Públicas españolas y los diferentes gobiernos, de las universidades, de las CC.AA y del Estado, pero sobre todo, aquellos que le son más cercanos, los Rectores y sus equipos de gobierno. Todavía estamos a tiempo, por ejemplo, a establecer un debate amplio sobre la evaluación a distancia, sin imposiciones desde arriba.

CC.OO valora positivamente el último Comunicado de la CRUE sobre el “Cometido de la ciencia en la resolución de la crisis generada por la pandemia de Coronavirus SARS-CoV-2”, donde urge al Gobierno y a todos los agentes científicos del país a abordar, de manera inaplazable, la financiación constante y sostenida de la ciencia para afrontar futuras crisis con mayor garantía de éxito. Sin embargo, no entendemos cómo será eso posible en el seno de las universidades si los equipos rectorales eluden el diálogo con los legítimos representantes de los trabajadores.

Desde CC.OO reclamamos que las universidades españolas aclaren la situación del personal laboral cuyo contrato termina este curso y emplazamos a prorrogarlos hasta julio de 2021 para garantizar, no sólo el cierre del presente curso, sino que el próximo pueda desarrollarse con la mayor normalidad posible. Del mismo modo, requerimos a la CRUE que lidere la petición de la prórroga de los proyectos de investigación y contratos de investigación en I+D+i actuales y que reclame al Gobierno y a los organismos que correspondan que se resuelvan a la mayor brevedad las convocatorias que están en curso. Si las universidades públicas no tienen unas plantillas adecuadas ni una financiación suficiente para realizar las labores académicas (docencia, investigación, gestión e innovación) estaremos asistiendo a la muerte de la universidad pública de calidad, muy frágil en la actualidad.

CC.OO exige a la CRUE que los rectorados negocien con los representantes legítimos de las trabajadoras y de los trabajadores las modificaciones sustanciales que están acaeciendo en las condiciones de trabajo del personal de la universidad y la temporalidad y condiciones en que se va a realizar el desescalamiento una vez que se inicie por el Gobierno de la nación.

CC.OO reivindica la insustituible función de los servicios públicos, en concreto de la Universidad, como garante de la solidaridad colectiva, los derechos sociales y el avance de la sociedad. Es necesario el apoyo decidido a los mismos que, en el caso de la Universidad, pasa por garantizar a corto, medio y largo plazo una adecuada financiación para el refuerzo y estabilidad de sus plantillas, el impulso de la investigación y la mejora de sus infraestructuras.

Madrid, 14 de abril de 2020
Secretaría de Universidades e Investigación FE CCOO

Esta crisis no puede dejar a nadie atrás

En CCOO trabajamos para que no empeore la empleabilidad futura, las condiciones de trabajo y el sostenimiento de la Universidad como servicio público

La Universidad, como servicio público de Educación Superior, se ha adaptado en tiempo récord a la situación excepcional derivada de la paralización de la actividad presencial como consecuencia de la crisis del SARS-CoV-2. Las trabajadoras y trabajadores de la Universidad pública estamos comprometidos como el resto de la ciudadanía y corresponsables como servidores públicos con esta situación de emergencia nacional.

La presente crisis ha revelado para el conjunto de la sociedad la importancia y el trabajo que conlleva una docencia de calidad. Por ello revindicamos el esfuerzo de todo el PAS y el PDI, que están realizando su trabajo en condiciones a menudo complicadas. Estamos asegurando que las competencias establecidas en las memorias se están adquiriendo, a pesar de que en la mayoría de los casos deba hacerse con equipos e infraestructuras propias, en circunstancias complejas, tanto desde el punto de vista técnico (no todas las personas tienen los sistemas informáticos adecuados) como desde el punto de vista del entorno de trabajo (conciliación de la vida laboral y familiar y personal). También queremos poner de manifiesto la ímproba labor que está realizando el PAS en el ámbito de gestión y servicios de apoyo a la comunidad universitaria, como por ejemplo los servicios informáticos, la atención a la comunidad universitaria y la virtualización de los procesos de gestión.

Consideramos que la digitalización de la Universidad pública es más que impartir las clases online, requiere infraestructuras robustas y procedimientos y metodologías específicas. Por tanto, este proceso no se puede hacer a coste cero. Hay que reclamar una financiación adecuada para llevarlo a cabo. Un proceso tan importante no se puede improvisar.

Nos preocupa mucho la evaluación no presencial. Las agencias de evaluación de la calidad (ANECA y agencias autonómicas) han planteado unos plazos muy restrictivos para la modificación de fichas docentes. Todo ello en una situación en la que hay serias dudas sobre la seguridad jurídica de la evaluación en línea. La misma preocupación se extiende a la celebración de la EvAU.

Constatamos una modificación de nuestras condiciones de trabajo, especialmente de sobrecarga (volumen, nuevas tareas, horario desregulado) y en la mayoría de los casos utilizando los recursos propios. Se está confundiendo el teletrabajo, regulado por una directiva europea, con el trabajo a distancia, regulado por el E.T. Todo esto en un contexto en el que el personal de las universidades también enferma y participa en los cuidados de otros.

Si nos preocupa la docencia, tanto o más nos preocupa la investigación. El mantenimiento de la financiación y la prórroga de los contratos de investigadores es una pieza clave para superar la situación que estamos viviendo. Esta crisis sanitaria pone en evidencia la necesidad de fomentar el tejido I+D+i del país para poder afrontar los retos futuros con mayores garantías de éxito.

Estamos contribuyendo a paliar la crisis, con nuestro plus de trabajo, pero no estamos dispuestos a ser omitidos de las tomas de decisiones. Exigimos formar parte de las mismas, en todos los niveles (estatal, autonómico, universitario).

Debido a ello, estamos disconformes con la forma en que se está llevando la toma de decisiones durante la crisis, que corresponde a un modelo gerencial (Ministerio, CCAA y universidades, todos desde arriba hacia abajo). Sobran decisiones unipersonales, opacidad, reforzamiento de posiciones controladoras y autoritarias y con envío de decisiones y comunicaciones de los rectorados desiguales a sus comunidades universitarias. Los responsables educativos tienen que contar con los sindicatos.

Porque nosotros, que “arrimamos el hombro”, queremos negociar las prioridades, los procedimientos, los escenarios y los tiempos. Porque desde CCOO estamos por distinguir lo urgente y lo importante y por no perder de vista el medio y el largo plazo. Vivimos una situación histórica en la que se está mostrando la importancia de los servicios públicos y la ciencia. En este contexto, el papel de los sindicatos es importante y urgente. El escenario no puede ser de lo más imprevisible, evitar la desorganización es importante, pero todavía lo es más conseguir asentarla a partir del consenso, y no de la imposición.

CCOO realiza las siguientes propuestas:

• Diálogo y reflexión sosegados, de las autoridades universitarias en los distintos niveles, los agentes sociales y los representantes de los estudiantes sobre la forma y temporalidad de finalización del curso actual y sus implicaciones y repercusiones respecto del curso próximo, teniendo en cuenta las estimaciones de la duración de la situación excepcional.
• Repensar el carácter no presencial de la convocatoria de evaluación de junio o incluso de julio. Hay variables distintas: a) la evolución de la emergencia sanitaria; b) los ritmos que adquiere en las diferentes comunidades; c) la variedad de entornos académicos: asignaturas de últimos cursos, con carga elevada de prácticas (clínicas, laboratorios, etc.); d) titulaciones profesionalizantes, etc. Hay que considerar que la evaluación es un acto administrativo, que exige unas garantías jurídicas y que actualmente algunas plataformas tecnológicas disponibles no ofrecen seguridad suficiente de autentificación. Es posible contemplar opciones como ampliar los periodos de evaluación y reconfigurar el principio del próximo curso académico, incluyendo nuevos periodos de matrícula. Se debe celebrar la EvAU con las máximas garantías evitando la falta de igualdad de oportunidades y contribuyendo a la equidad. La EvAU corrige diferencias de criterios de evaluación entre centros de enseñanza, estableciendo una calificación más justa para el ingreso en Grados con límite de plazas.
• Herramientas claras y garantías jurídicas para asegurar la validez de las actividades docentes y académicas que estamos desarrollando, extendiendo esta solicitud también a las agencias de calidad, en el ámbito de su competencia (seguridad jurídica, diseño de los distintos y posibles escenarios, etc.). En particular, es fundamental aclarar cómo se va a realizar la evaluación a distancia, en el supuesto de que finalmente se opte por este sistema. Se están planteando propuestas fáciles sobre el papel, pero difíciles de implantar y de llevar a cabo, incluyendo todos los aspectos relativos a la seguridad y la autenticación. La situación de emergencia será puntual, pero sus consecuencias no. Se tiene que ampliar los plazos que las agencias de calidad están estableciendo para la realización de las modificaciones necesarias en los planes de estudio, que en cualquier caso entendemos que deben ser consideradas como adendas.
• Retomar la cultura de la negociación: pedimos mayor transparencia y participación en la toma de las decisiones. Nos comprometemos a colaborar con lealtad. Negociar las condiciones de trabajo, dada la sobrecarga de trabajo que se está produciendo. Esta situación no puede justificar la pérdida de derechos (horarios desregulados, conciliación con la vida personal y familiar, etc.). Incentivar las medidas necesarias para aplicar en todo momento planes de trabajo que permitan la conciliación con la vida personal y familiar, modificando estructuras horarias hacia otras basadas en tareas o proyectos. Proteger la participación legítima de los delegados de PRL por medio de los Comités de Seguridad y Salud como única vía para proteger la salud en el entorno de trabajo, entendiendo la sobrecarga, la ansiedad y el estrés asociado a este contexto excepcional.
• Mantenimiento del empleo en las universidades públicas, facilitando mediante decreto ministerial las prórrogas automáticas hasta la finalización del curso académico 2020-21 del personal temporal de PDI y de los interinos del PAS cuyo contrato finalice el presente curso académico, con el objetivo de poder afrontar en condiciones adecuadas de funcionamiento el próximo curso académico. Hay que avanzar en finalizar con la excesiva precariedad como consecuencia de los recortes sufridos en la crisis anterior, manteniendo las ofertas de empleo público, eliminando las tasas de reposición y realizando nuevas ofertas que disminuyan la temporalidad y precariedad del personal universitario.
• Protección de la investigación en curso, que en muchos casos deberá reiniciarse y por ello hay que replantear prórrogas para contratos y proyectos y resolución de la convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 2019 a la mayor brevedad posible. Solo los países innovadores son capaces de afrontar los retos del futuro sin sufrir retrocesos en el bienestar ni en la igualdad de sus ciudadanos. No habremos aprendido nada de esta crisis si no entendemos que los recortes en los servicios públicos no nos permitirán mantener un estado de bienestar lo suficientemente robusto como para superar la crisis y evitar ser vulnerables en otras futuras.
• Las prórrogas de los contratos de investigación establecidas en las disposiciones adicionales 12 y 13 del RDL 11/2020 son insuficientes. Es necesario tomar como referencia el análisis hecho desde los OPIs y en particular el CSIC. Las prórrogas de los contratos deben ser más amplias para asegurar el mantenimiento de las labores docentes e investigadoras, tanto de este curso como del que viene. Asimismo, esta situación acarrea consecuencias en los plazos de depósito y defensa de tesis doctorales que deben salvaguardarse con total prioridad, y de otros derechos recogidos en las convocatorias de la Ley de la Ciencia (movilidad internacional, ayudas, etc.) que no pueden verse conculcados.
• Solicitud de que el artículo 49 del RDL 11/2020 “Disponibilidades líquidas de los organismos autónomos y otras entidades integrantes del sector público estatal” no se aplique a los organismos del sistema sanitario y del sistema público de I+D.
• Identificar y paliar las brechas digitales de los estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.
• Reforma de las políticas de becas del Ministerio para el próximo curso académico en cuanto a requisitos académicos y a la propia naturaleza de las becas generales para garantizar la equidad en el acceso al estudio. Hay que eliminar las revocaciones de becas, con la obligación de devolver el dinero, cuando no se ha alcanzado el nivel de éxito requerido y considerando que se ha hecho un uso fraudulento del dinero de la beca, cuando puede haber muchas razones que expliquen ese fracaso. Las condiciones económicas para obtener beca en el curso 2020/2021 no pueden estar referidas exclusivamente al IRPF de 2019 porque muchas familias habrán cambiado drásticamente su situación económica.
• Suprimir la penalización económica por repetir asignaturas porque en esta situación excepcional el mayor éxito o fracaso puede verse afectado por los medios de que se dispone en el hogar (espacio para estudiar, medios informáticos y bibliográficos, posibilidad de aislamiento y concentración, entre otros) al no poder acceder a bibliotecas, salas de estudio, lo que perjudica a los estudiantes de familias con menor capacidad de renta.
• Queremos colaborar en el diseño de un Plan Digital para extender las competencias digitales de las universidades públicas, sin perder la potencialidad de la interactuación entre las personas sin mediación y toda la riqueza de la presencialidad.

En CCOO trabajamos para que nadie se quede atrás: ningún estudiante, ninguna trabajadora ni trabajador temporal, y para que no empeore la empleabilidad futura, las condiciones de trabajo y el sostenimiento de la Universidad como servicio público.

CCOO apuesta para que la Universidad pública pueda seguir realizando las tareas que le corresponden: Docencia, Investigación e Innovación sin recortes de plantillas, manteniendo las Ofertas de Empleo Público (OEP) y prorrogando acuerdos para mantener puestos de trabajo tanto fijos como eventuales.

Documento de trabajo para debate del Ministerio de Universidades

Este último sábado, el Ministro de Universidades presentó un documento de trabajo: Reflexiones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19, durante el curso 2019- 2020

El documento de trabajo esta suscrito personalmente
por el Ministro de Universidades y el Secretario General
de Universidades [más abajo se puede descargar]

En el inicio de dicho documento se explica que "Ante la situación creada en el ámbito de la educación superior en todo el país por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19, el sistema universitario español necesita una serie de medidas decididas de forma consensuada para su adaptación ante los múltiples impactos de esta crisis".

"En este contexto, este documento sintetiza las reflexiones elaboradas en una mesa de trabajo técnica con la participación del Ministerio de Universidades, representantes delegados por las Comunidades Autónomas, representantes de las Agencias de Evaluación de la Calidad, representantes de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y representantes del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado." Asimismo, el propio documento señala que estas reflexiones "constituyen una aportación a los criterios orientativos que debieran ser debatidos y decididos en la reunión de la Conferencia General de Política Universitaria convocada para el 15 de abril."

Considerando que el propio documento indica que "se considera adecuada la participación de la comunidad universitaria, especialmente del profesorado, el estudiantado y el personal de administración y servicios, a la hora de concretar estos criterios generales en las especificidades de cada titulación y/o materia", desde CCOO hemos pensado que debemos garantizar que dicho debate se inicie lo antes posible y de la forma más amplia dada la importancia de algunas de las medidas que, previsiblemente, se tendrán que tomar el próximo día 15 de abril en la Conferencia General de Política Universitaria. Especialmente porque el cierre universitario hace que las posibilidades de participación colectiva estén muy limitadas.

• Documento de Trabajo del Ministerio de Universidades:
• Reflexiones sobre criterios generales para la adaptación del sistema universitario español ante la pandemia del Covid-19, durante el curso 2019- 2020 [9 páginas PDF]

CCOO pide la prórroga de TODOS los contratos temporales en las universidades canarias

Desde la Federación de Enseñanza de CCOO han pedido al Ministro de Universidades que amplíe la cobertura de prórroga para que se extienda a todos los contratos temporales de las universidades y con una mayor cobertura de tiempo: PDI, personal investigador (pre y postdoctoral) o PAS

[Petición al Ministro de Universidades]

Esa petición, que pretende mejorar la redacción actual del RD aprobado por el Gobierno, la estamos extendiendo a cada territorio para pedir a las universidades y Gobiernos autónomos que las apliquen en los contratos de las universidades. Especialmente para todos los contratos predoctorales independientemente del año y para postdoctorales, contratos con cargo a Proyectos o PDI temporal garantizando una mayor cobertura temporal para que puedan hacer frente a los objetivos que se habían marcado para este periodo y que el Covid19 ha interumpido.

La petición al ministro fue presentada el mismo día 30, cuando nos informaron del contenido que llevarían a RD, pero que el Ministerio no tuvo tiempo de analizar dada la urgencia que esta marcando todo este proceso y que obliga a actuar con novedades cada día. Pero esperamos que, como ya ha sucedido con los anteriores RD, se a posible introducir mejoras que permitan atender los problemas de una manera más justa y equilibrada.

En paralelo hemos iniciado la presentación de propuestas en las universidades y a los Gobiernos autonómicos para que apliquen el mismo sistema de prórrogas en los contratos que se financian por ellos. Ya que las prórrogas reguladas por el Gobierno central solo afectan a las financiadas por el sistema estatal o contratos PDI regulados por la LOU.

Estas peticiones están coincidiendo con otras en el mismo sentido presentadas por otros sindicatos, asociaciones y colectivos. Por lo que esperamos que sean atendidas por ser absolutamente coherentes. Y no se entendería que ningún trabajador o trabajadora

con contrato temporal de las universidades quedara al margen de un mecanismo de protección frente a un problema que afecta a toda la sociedad.


<= Peticiones que estamos presentando al resto de universidades y Gobiernos autonómicos para extender las prórrogas de contratos