El equipo de gobierno de la ULPGC contra el PDI

Lamentablemente ayer martes pudimos comprobar cómo el equipo de gobierno de nuestra universidad vuelve a dar la espalda a su profesorado y personal investigador

Al menos es lo que se puede entender del desplante que llevaron a cabo los representantes institucionales de la ULPGC en la reunión convocada para tratar diversas cuestiones del Convenio Colectivo del PDI, entre las dos universidades y los sindicatos, ayer martes día 22 de diciembre. La representación de la Universidad de La Laguna estuvo presente, encabezada por su Vicerrectora de Profesorado y su Vicerrector de Investigación (acompañados por sus colaboradores desde una sala común) mientras que por parte del equipo de gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no se conectó nadie a la sesión, ni siquiera para disculparse. 

Desde el día anterior ya sabíamos que el Vicerrector de Profesorado y Organización Académica no pensaba asistir, porque así lo había anunciado. Pero nunca pudimos imaginar que su no asistencia supondría que la ULPGC llevaría a cabo un desplante generalizado de esta magnitud y de manera tan vergonzosa. Es la primera vez que algo así sucede en un ámbito de negociación a nivel regional y dice mucho del nivel de interés que tiene nuestro Rector sobre los problemas que afectan al profesorado y personal investigador. Aparte de la situación humillante que supone ver que quienes representan a nuestra institución llevan a cabo una actuación falta de todo respeto, mientras que la vecina universidad acude a la reunión con dos de sus vicerrectores junto a un amplio equipo de colaboradores.

Por si fuera poco, en la reunión nos enteramos que se había retrasado dos meses precisamente por problemas de agenda de nuestro vicerrector, por lo que se entiende aún menos que no hubieran podido acordar otra fecha... salvo que desde un principio la intención del equipo de gobierno de la ULPGC fuera boicotearla e impedir la resolución de los problemas que viene sufriendo el PDI.

 Una vez más queda evidente que no nos queda otro remedio que seguir acudiendo a los Tribunales de Justicia para lograr que el Rector de la universidad cumpla la ley.