martes, 26 de agosto de 2014

Investigadores/as y profesorado son los empleados públicos mejor valorados por la población

Metroscopia-EL PAIS ha vuelto a realizar una encuesta sobre valoración de quienes contribuyen mejor al bienestar público: investigadores, médicos y profesorado son los primeros. La universidad como institución se sitúa en el décimo lugar.

Metroscopia para EL PAÍS [clic para ampliar]
Según una encuesta de Metroscopia para EL PAIS, la Universidad habría perdido 14 puntos de confianza en solo un año (75% en 2013 => 61% en 2014), pasando a ocupar el décimo lugar en cuanto a valoración sobre su contribución al bienestar público.

Como contrapunto de comparación, los investigadores científicos solamente han perdido tres puntos en este mismo año y el profesorado cuatro, de forma que la sociedad española los sigue considerando (conjuntamente con los médicos) los tres colectivos que más contribuyen al bienestar colectivo.

En este sentido es positivo destacar que la gente ha sabido identificar a los responsables de los recortes y del mal funcionamiento de los servicios de forma que, por ejemplo, mientras otorga un alto nivel de confianza y valoración a los médicos (85%) al mismo tiempo suspende a la Sanidad como institución u organización (49%) a pesar de que durante estos años de recortes el discurso político, empresarial y mediático de alguna prensa ha sido atacar a los empleados públicos.

Esa misma lectura se extrae de la excelente valoración de los investigadores y del profesorado de la enseñanza pública, que representan a los otros dos sectores que mas han sufrido recortes presupuestarios durante los tres últimos años junto con la sanidad pública, tal y como se señala en el artículo de EL PAÍS que analiza los datos:

  • "Quienes siguen funcionando, y quienes siguen mereciendo una altísima aprobación ciudadana, son, ante todo, los investigadores científicos, los médicos del sistema público de salud y los profesores de la enseñanza pública. Es decir, tres cuerpos profesionales (modestamente retribuidos, duramente castigados por los recortes) de los que los españoles valoran no solo su contribución al bienestar público sino también, y con una perspicacia no tan compartida como sería deseable, su irreemplazable papel ante un mejor futuro colectivo. Y en este punto hay que reseñar una grave señal de alarma que no debería ignorarse: la sanidad pública (su funcionamiento, no sus profesionales) ya no merece una aprobación mayoritaria. En solo un año, su evaluación ciudadana ha perdido 24 puntos: la caída más importante de las 34 instituciones evaluadas."


El descenso de confianza en las universidades (61%) también es importante, pero sigue logrando un aprobado alto y no llega a los niveles del resto de las instituciones públicas, que sí suspenden (sanidad 49%, Inspección de Hacienda 39%, Tribunal Supremo 34%, Ayuntamientos 31%, El Parlamento 29%...), probablemente porque algunos rectores se han manifestado públicamente en contra de los recortes y han colaborado para articular una respuesta institucional unitaria conjunta con sindicatos y organizaciones de estudiantes. Además de mantener una imagen de limpieza y transparencia que esta ausente en el resto de instituciones y organismos de la administración.

Sin embargo la situación derivada de los nuevos cambios legislativos promovidos por el ministro Wert, y la tibieza en la respuesta de los rectores, su división o las decisiones equivocadas tomadas sin informar o sin equidad durante el último curso académico pueden modificar sustancialmente ese apoyo social y rebajar la valoración considerablemente. Algo que debilitaría los argumentos en defensa de la universidad pública cuando, precisamente, es más necesario que nunca.

Por eso, desde CCOO hacemos un llamamiento al compromiso y responsabilidad de toda la comunidad universitaria y a la reflexión para volver a construir una respuesta unitaria de la universidad (estudiantes, PAS, profesorado, personal investigador y rectores) frente a los nuevos recortes y cambios propuestos por el Gobierno.



Los pilares de la sociedad aguantan [WEB]


lunes, 18 de agosto de 2014

La juventud debe organizarse sindicalmente frente el paro y la precariedad

Hoy tienen un empleo la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que lo tenían en 2008. Uno de cada tres jóvenes que trabaja lo hace a tiempo parcial y el salario medio de los menores de 30 años no supera los 847 euros mensuales

Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, CCOO ha denunciado el constante empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los jóvenes desde el inicio de la crisis y ha vuelto a exigir el fin de unas políticas que están empobreciendo al conjunto de la sociedad y, especialmente, a toda una generación a la que se le está negando el presente y el futuro.

Hoy tienen un empleo la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que lo tenían en 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. En esa misma franja de edad, una de cada tres personas que trabaja lo hace a tiempo parcial, frente al 17% de hace seis años; de hecho, mientras actualmente hay 459.500 jóvenes con una jornada parcial no deseada pero aceptada ante la imposibilidad de conseguir un trabajo a jornada completa, en el segundo trimestre de 2008 quienes se hallaban en estas circunstancias eran sólo 271.200. La temporalidad juvenil ha vuelto a repuntar en los últimos meses hasta situarse por encima del 51%, y el salario medio de los menores de 30 años no supera los 11.860 euros.

Estas cifras, sumadas al abuso de las becas o al empleo sumergido, reflejan una realidad inaceptable de precarización del trabajo que afecta en su día a día a la inmensa mayoría de la juventud, que no puede planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia en el descenso constante de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, sólo dos de cada diez menores de 30 años viven fuera del hogar familiar.

EFECTO DESÁNIMO Y EMIGRACIÓN

Los datos del Instituto Nacional de Estadística también ponen de manifiesto la caída sostenida de la población activa entre los grupos de menor edad. Concretamente, hoy hay un millón y medio menos de jóvenes de hasta 30 años trabajando o buscando empleo que al inicio de la crisis. El llamado 'efecto desánimo', que lleva a miles de personas a apartarse del mercado laboral ante la seguridad de que no van a encontrar un puesto de trabajo, es un factor que contribuye a explicar el fenómeno, pero no es el único.

La emigración no ha dejado de crecer desde 2008. A pesar de las dificultades para determinar el número exacto de personas que se han visto forzadas a salir de España por razones económicas, el número de jóvenes nacionales empadronados en otros países ha ido aumentando de forma constante en los seis últimos años, lo cual esconde un drama que el Gobierno desprecia de un modo grosero al defender abiertamente la “movilidad exterior” como una de las soluciones al paro.

En este Día Internacional de la Juventud,  CCOO vuelve a exigir el fin de unas políticas que no sirven para crear empleo, sino para repartir el que ya hay abaratando y empeorando sus condiciones, al tiempo que empobrecen a la mayoría de la sociedad, pero también llama a la juventud a que se organice sindicalmente para plantar cara a la precariedad y defender sus derechos.

martes, 12 de agosto de 2014

Las prospecciones de petroleo en Canarias huelen mal

En apenas dos semanas las declaraciones de varios ministros han dejado en evidencia las mentiras sobre las prospecciones de petroleo en nuestras Islas

Primero ha sido el ministro Soria quien, en un último intento de convencernos de las bondades de la posible existencia de petroleo, dijo que el Gobierno tenía intención de crear un impuesto especial del 8% para este fin y transferir la mitad al Gobierno de Canarias. Según él, la parte de ese nuevo impuesto mas los supuestos beneficios empresariales que obtendrían las islas podrían ascender a 300 o 400 millones de euros.

Lamentablemente, como siempre, ha sido el superministro Montoro el que ha venido a poner las cosas en su sitio al anunciar una rebaja del impuesto que actualmente pagan las petroleras por actividades de extracción en nuestro país: al final no se van a incrementar los impuestos sobre estas empresas sino que, incluso, en realidad se van a bajar considerablemente. 

El Gobierno estatal bajará el Impuesto de Sociedades, tanto para la búsqueda como para explotación de yacimientos de petróleo o gas.
El tipo impositivo pasará del 35% al 30% en 2016.

Así consta en el proyecto de ley del Impuesto de Sociedades que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto y que se tramitará en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

En realidad, sin estas contradicciones, ya era imposible ningún tipo de compensación a Canarias dado que el impuesto de sociedades se declara e ingresa en donde se ubica la sede social de la empresa, que en el caso de Repsol es Madrid. De tal forma que, cualquier beneficio que pueda obtener esta compañía por su explotación de petroleo en nuestras aguas en realidad será contabilizada en el impuesto de sociedades declarado por Repsol en la Comunidad de la Capital de España y no en Canarias, como nos han pretendido engañar.  De forma que esa posible compensación siempre estará supeditada a que cada Gobierno en cada Ley de Presupuestos anual determine si quiere o no transferir algo a nuestro archipiélago.
Pero es que, además, con la rebaja del impuesto de sociedades, queda aún más claro que será imposible cualquier tipo de compensación via impuestos, ya que al disminuir limitan aún más la capacidad del Gobierno para incrementar las transferencias a las Comunidades autónomas.

Por si fuera poca desverguenza, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha intentado combatir las críticas a las prospecciones en busca de hidrocarburos que Repsol quiere hacer en Canarias afirmando que "antes de este se han realizado 269 sondeos en España sin oposición alguna", afirmaciones que realiza coincidiendo con la difusión de noticias sobre la paralización de prospecciones en Baleares. ¿Hay o no otras negativas a las prospecciones en España? o tal vez el Secretario de Estado ha tenido un lapsus de memoria y se ha olvidado repentinamente de las Islas Baleares.