De forma incomprensible el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado ha frustrado la negociación sobre los despidos de profesorado ATP al cerrarse a cualquier acuerdo durante la reunión de la Subcomisión convocada para tal fin
Decimos "de forma incomprensible" porque precisamente esa reunión se había pactado de mutuo acuerdo entre la ULPGC y los sindicatos CCOO, UGT y APU para analizar el problema de los despidos de profesorado ATP [clic aquí para ver la información sobre ese acuerdo y que dio origen a la convocatoria de la reunión], por lo que resulta extraordinariamente llamativo que apenas unos minutos después de comenzar la reunión el Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado haya dicho que no habría ninguna posibilidad de negociación.
Llamativo porque, además, coincide con la confirmación de que ya son más de cincuenta ATP afectados por despidos o reducciones forzosas de jornada y, en su justificación a no negociar, el Vicerrectorado argumenta que "aún no hay nada cerrado en la asignación de docencia"... cuando muchos ya han recibido las cartas notificando el cese o han conocido los acuerdos de los Departamentos dejándoles sin docencia en aplicación de las instrucciones del Vicerrectorado de Organización Académica y Profesorado. Precisamente, los Departamentos que aún no han cerrado su reparto de docencia son aquellos que se niegan a aplicar las medidas impuestas desde el Vicerrectorado, tal como la aprobación de Venias Docendi a profesores de otros departamentos que implicaría el despido de asociados y una reducción significativa en la calidad de la enseñanza.
Esta actitud del Vicerrectorado puede entenderse, por otra parte, como un incumplimiento de la buena fe que las normas sobre negociación colectiva imponen a las relaciones laborales entre instituciones y sus representantes sindicales. Algo que viene a incidir en la negativa permanente de la ULPGC a cumplir su deber legal de informar, consultar y negociar de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto Legislativo 5/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y en el Primer Convenio Colectivo del personal docente e investigador laboral de las Universidades Públicas de Canarias (BOC del 26 de junio de 2012).
Razones por las que no quedará otro remedio que recuperar el derecho a la información, consulta y negociación por medio de recursos judiciales. Algo que lamentamos profundamente y que implicará judicializar los procesos de organización docente, convocatorias de plazas, RPTs y Ofertas de Empleo Público pudiendo provocar anulaciones innecesarias y costes económicos para ULPGC. ¡Todo como consecuencia de la negativa del Vicerrectorado, que ha frustrado el intento de los sindicatos para buscar una solución de acuerdo y consenso!
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