Ahora es el momento de repasar los datos y toda la información disponible de forma que este martes* y el miércoles* podamos explicar los detalles concretos de la propuesta que hemos elaborado
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*REUNIONES INFORMATIVAS
Martes 27 - 12,30 h. en Empresariales - Aula 2 del aulario
Miércoles 28 - 12,30 h. en Humanidades - Sala de Grados
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Especialmente porque gran parte de la incertidumbre que se ha generado tiene su origen en la utilización de datos que no se han contrastado o de interpretaciones que no se ajustan del todo a la realidad. De forma que, antes de lanzar las propuestas concretas es necesario saber el alcance de la
Administración paralela y sus posibles soluciones.
Por eso hemos querido comenzar
analizando la repercusión que esta situación ha podido tener en la evolución de nuestra plantilla de PAS, y hemos comprobado que su incidencia ha sido nula. En 2008 eramos 781 trabajadores y trabajadoras del personal de administración y servicios en la ULPGC y en 2015 somos seis mas (786), después de la pérdida de empleo que sufrimos entre 2010 y 2013 como consecuencia de los recortes. Pudiéndose comprobar que el año pasado comienza un cambio de tendencia aumentando el nivel de empleo y que ahora lo vamos consolidando a medida que se flexibilizan las prohibiciones de los Gobiernos de Madrid y Canarias.
Es decir, a pesar de que el incremento de indefinidos no fijos se ha producido en los dos últimos años, la ULPGC ha seguido aumentando su nivel de contratación de funcionarios/as interinos/as y laborales contratados temporales. Por eso decimos que su incidencia es nula, ya que no ha tenido repercusiones sobre el resto de la plantilla.
Y esa nula incidencia se deba, probablemente, a que
el número de indefinidos no fijos tampoco es muy grande. Los primeros 5 casos con sentencia judicial aparecen en 2011 y se siguen ampliando con otras sentencias o denuncias ante la Inspección de Trabajo hasta llegar a un total acumulado de 11 el año pasado. De forma que actualmente son 17 (el 2% de la plantilla) contando los seis últimos casos que han generado las protestas. Muy lejos de lo que es habitual en ayuntamientos o el Gobierno de Canarias, que cuenta con casi un 15 % de su plantilla con personal en esta misma situación.
Es verdad que la ULL no tiene ningún caso, y que hay algunos organismos que han podido evitarlo, pero conviene recordar que lo han conseguido por la puesta en marcha de un protocolo de buenas prácticas que evita los riesgos.
Tampoco parece grave en lo que se refiere a los puestos afectados. Mientras que en la mayoría de organismos que sufren este problema casi la totalidad de los indefinidos no fijos se concentran en los puestos vinculados a la administración y gestión (auxiliares, administrativos, abogados y economistas) perjudicando a las plazas de personal funcionario,
en nuestra universidad eso solo pasa con 7 casos, ya que el resto ocupan puestos de trabajo que están atribuidos al personal laboral. Razón por la que toda la financiación se obtiene de la RPT del PAS laboral y los posibles mecanismos de regularización se podrán hacer aplicando el procedimiento establecido en el Convenio colectivo mediante oferta pública de empleo (primero con concurso de traslado, luego por promoción interna y si aún continúan vacantes mediante oferta libre, que es cuando podrán presentarse quienes ocupan ahora esas plazas con contrato indefinido no fijo).
Sobre las protestas generadas,
una de las peticiones que mas hemos leído, es la necesidad de denunciar. Algo que en este caso es absolutamente innecesario porque ya lo han hecho todos los afectados. Precisamente el mecanismo de denuncia (ante el Juzgado de los Social o ante la Inspección de Trabajo) es lo que pone en marcha la consolidación del puesto de trabajo como indefinido no fijo, ya que al denunciar se verifica que efectivamente esos/as trabajadores/as tienen un contrato en fraude de Ley como autónomo, han sido cedidos ilegalmente por otra empresa o han superado el tiempo límite que se establece para la contratación temporal.
Resulta evidente que este resultado no es el esperado y que, incluso, es contrario a los principios de acceso al empleo público recogidos en la Constitución. Algo que el propio Tribunal Supremo calificó de problema complejo y difícil y especialmente vidrioso por la cuestión referida a la indefinición de la relación jurídica laboral en el ámbito de la Administración Pública, señalando la complejidad que implica la existencia convergente de normas pertenecientes a las ramas social y administrativa del Derecho, inspirada cada una de ellas en principios y dictadas con fines diferentes, cuando no esencialmente contradictorios -SSTS de 18 de julio de 1990 y de 24 de julio de 1997-.
En el siguiente enlace se puede acceder al apartado dedicado a los
indefinidos no fijos dentro de un informe más amplio que CCOO ha desarrollado para la campaña sobre
Reversiones en la gestión de los servicios públicos, en el que se destaca que este conjunto de trabajadores/as tienen derechos y éstos deben ser respetados de acuerdo con las leyes, porque la responsabilidad de esta situación únicamente recae sobre quienes la provocan: los responsables políticos e institucionales que toman las decisiones:
Por último, en lo que se refiere a datos,
podemos desmentir el rumor de que podrían haber otros 80 casos. Desde la Gerencia se ha informado que habían cinco situaciones que de mantenerse en el tiempo podrían terminar igual, por lo que se han interrumpido esas contrataciones en fraude para evitarlo. Por nuestra parte estamos comprobando que efectivamente ha sido así, aunque seguimos repasando toda la plantilla y todos los Servicios y Centros para comprobarlo, por lo que agradeceríamos al conjunto del PAS que colaboren con nosotros en esta tarea
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[Blog de CCOO para los precarios/as de la investigación] |
Esos 80 supuestos casos se refieren a personal técnico, de gestión e investigador de los proyectos de investigación que, además, se desarrollan mayoritariamente en la Fundación Parque Tecnológico. Por lo que no tienen ninguna incidencia sobre la ULPGC ni sobre la plantilla del PAS.
Pero es que, por otra parte, funcionan a través de un sistema de financiación externa que vincula sus contratos. Situación similar a la que padecen todas las universidades españolas (incluída la ULL con unos 150 trabajadores) y que implica la existencia de contratos precarios y becas como fórmula de desarrollo de la investigación en nuestro país.
Se puede ampliar la información sobre nuestro trabajo con este colectivo a través del blog específico:
CCOO lleva tiempo trabajando con el colectivo de precarios de la investigación (jóvenes investigadores, técnicos, gestores y becarios) en defensa de sus derechos y la necesidad de relanzar adecuadamente la I+D+i aportando la financiación necesaria y estabilizando sus plantillas. Pero lamentablemente ni el Gobierno de Rajoy ni el de Canarias parecen entender que la sociedad del conocimiento es una inversión rentable y necesaria.