Acceso por concurso de méritos para temporales e interinos con +5 años

En la fase final de tramitación de la Ley sobre reducción de la temporalidad en las administraciones públicas, se ha alcanzado un acuerdo para permitir que el acceso o consolidación de empleo del personal interino y temporal con más de cinco años en el mismo puesto de trabajo pueda hacerlo por concurso de méritos

En nuestra anterior información sobre la tramitación de este Proyecto de Ley ya habíamos indicado que se habían presentado 182 enmiendas al texto del Gobierno [clic aquí para verlo]. Varias de esas enmiendas recogían la posibilidad de acceso sin oposición y solo por medio de concurso de méritos, utilizando la posibilidad que brinda la actual redacción del Estatuto Básico del Empleado Público. 

La diferencia entre esas enmiendas era el número de años que se pedía para establecer el "caracter excepcional" de la medida, requisito indispensable para que pudiera ser considerado constitucional y evitar impugnaciones futuras (si se hace con carácter general se rompe la excepcionalidad que exige la norma, según indican los Letrados del Parlamento y la Abogacía del Estado). En unos casos, como el propio Gobierno, optaban por establecerlo en diez años, otros en ocho, cinco e incluso tres. Aunque parece que, finalmente, el consenso se ha establecido en los cinco años que han acordado los principales grupos parlamentarios que apoyan esta reforma. 

En los próximos días se irán aclarando algunos extremos y desde CCOO pondremos en marcha asambleas informativas para aclarar todas las dudas que se estan planteando sobre este tema, de las que informaremos la próxima semana. Una vez más, volvemos a señalar que desde CCOO exigimos la máxima claridad y respaldo legal a cualquier medida que se ponga en marcha, para garantizar la seguridad jurídica frente a posibles impugnaciones judiciales. Por eso es determinante contar con el respaldo del Cuerpo de Letrados del Parlamento y la Abogacía del Estado, ya que informes negativos de ambas instituciones dejarían puertas abiertas a que el Tribunal Constitucional pueda anular la Ley.