Ayer miércoles se celebró la vista de un nuevo juicio, en esta ocasión reclamando el derecho del profesorado laboral temporal (no permanente) para acceder a la evaluación de su actividad investigadora en la ULL (el de la ULPGC será el día 24 de octubre). Juicios que habrían sido innecesarios si los equipos de gobierno de las dos universidades canarias hubieran aplicado el criterio de la sentencia que nuestro sindicato ganó hace un año al MEC para reconocer ese mismo derecho al PDI interino.
Sin embargo y de forma totalmente incomprensible la ULPGC y la ULL se han negado a corregir las convocatorias de dicha evaluación para reconocer sexenios de investigación, manteniendo la exclusión del PDI no permanente y contradiciendo así el criterio de la Unión Europea en su Directiva 1999/70 que están aplicando los juzgados con total firmeza. En este sentido, otras tres universidades españolas que han actuado igual que las dos canarias ya han perdido los juicios y se incorporan así al resto que sí acató la sentencia estatal contra el MEC. Por eso esperamos que la sentencia contra la ULL mantenga esa tendencia de respeto al criterio de la Directiva Europea y que ese mismo parecer se produzca en el juicio contra la ULPGC, que se celebrará el próximo día 24 de octubre en Gran Canaria.
Detalle de la última sentencia [clic en la imagen para ampliar] |
En paralelo a estas reclamaciones judiciales estamos esperando varias sentencias relativas al pago de esos mismos sexenios para el PDI contratado laboral fijo, recursos judiciales contra despidos individuales de profesorado en la ULL y despidos colectivos en la ULPGC, reclamaciones contra varias arbitrariedades en la resolución de concursos de plazas docentes de las dos universidades canarias y contratación en fraude de ley en el caso de la ULPGC al utilizar a profesorado ATP para realizar sustituciones o "contratar fraudulentamente" venias docendi.
Denuncias innecesarias si los dos rectores hubieran aceptado conducir sus mandatos respetando la legalidad y las normas después de varios meses insistiendo desde CCOO y el resto de los sindicatos para reconducir esta situación, y que provocan problemas, gastos y disfunciones a medida que se van produciendo y ejecutando las sentencias judiciales. Por lo que queremos dejar absolutamente claro que la única responsabilidad de ésto será de ambos equipos de gobierno universitario que incumplen la legalidad y no de quienes reclamamos amparo judicial para restituirla. Por lo que nuestro sindicato promoverá acciones para reclamar indemnizaciones y responsabilidad patrimonial de los cargos institucionales como responsables únicos de los daños que se produzcan en la financiación de la universidad.
Denuncias de CCOO que se suman a las que ya ha formalizado el Consejo Social ante la fiscalía por otro tipo de irregularidades, y que están deteriorando la imagen de nuestra universidad por la forma de actuar de nuestros responsables institucionales. Actitud completamente incomprensible y que deja en evidencia su total despreocupación por el futuro de la ULPGC.
No hay comentarios:
Publicar un comentario