Investigadores/as y profesorado son los empleados públicos mejor valorados por la población

Metroscopia-EL PAIS ha vuelto a realizar una encuesta sobre valoración de quienes contribuyen mejor al bienestar público: investigadores, médicos y profesorado son los primeros. La universidad como institución se sitúa en el décimo lugar.

Metroscopia para EL PAÍS [clic para ampliar]

Según una encuesta de Metroscopia para EL PAIS, la Universidad habría perdido 14 puntos de confianza en solo un año (75% en 2013 => 61% en 2014), pasando a ocupar el décimo lugar en cuanto a valoración sobre su contribución al bienestar público.

Como contrapunto de comparación, los investigadores científicos solamente han perdido tres puntos en este mismo año y el profesorado cuatro, de forma que la sociedad española los sigue considerando (conjuntamente con los médicos) los tres colectivos que más contribuyen al bienestar colectivo.

En este sentido es positivo destacar que la gente ha sabido identificar a los responsables de los recortes y del mal funcionamiento de los servicios de forma que, por ejemplo, mientras otorga un alto nivel de confianza y valoración a los médicos (85%) al mismo tiempo suspende a la Sanidad como institución u organización (49%) a pesar de que durante estos años de recortes el discurso político, empresarial y mediático de alguna prensa ha sido atacar a los empleados públicos.

Esa misma lectura se extrae de la excelente valoración de los investigadores y del profesorado de la enseñanza pública, que representan a los otros dos sectores que mas han sufrido recortes presupuestarios durante los tres últimos años junto con la sanidad pública, tal y como se señala en el artículo de EL PAÍS que analiza los datos:

• "Quienes siguen funcionando, y quienes siguen mereciendo una altísima aprobación ciudadana, son, ante todo, los investigadores científicos, los médicos del sistema público de salud y los profesores de la enseñanza pública. Es decir, tres cuerpos profesionales (modestamente retribuidos, duramente castigados por los recortes) de los que los españoles valoran no solo su contribución al bienestar público sino también, y con una perspicacia no tan compartida como sería deseable, su irreemplazable papel ante un mejor futuro colectivo. Y en este punto hay que reseñar una grave señal de alarma que no debería ignorarse: la sanidad pública (su funcionamiento, no sus profesionales) ya no merece una aprobación mayoritaria. En solo un año, su evaluación ciudadana ha perdido 24 puntos: la caída más importante de las 34 instituciones evaluadas."

El descenso de confianza en las universidades (61%) también es importante, pero sigue logrando un aprobado alto y no llega a los niveles del resto de las instituciones públicas, que sí suspenden (sanidad 49%, Inspección de Hacienda 39%, Tribunal Supremo 34%, Ayuntamientos 31%, El Parlamento 29%...), probablemente porque algunos rectores se han manifestado públicamente en contra de los recortes y han colaborado para articular una respuesta institucional unitaria conjunta con sindicatos y organizaciones de estudiantes. Además de mantener una imagen de limpieza y transparencia que esta ausente en el resto de instituciones y organismos de la administración.

Sin embargo la situación derivada de los nuevos cambios legislativos promovidos por el ministro Wert, y la tibieza en la respuesta de los rectores, su división o las decisiones equivocadas tomadas sin informar o sin equidad durante el último curso académico pueden modificar sustancialmente ese apoyo social y rebajar la valoración considerablemente. Algo que debilitaría los argumentos en defensa de la universidad pública cuando, precisamente, es más necesario que nunca.

Por eso, desde CCOO hacemos un llamamiento al compromiso y responsabilidad de toda la comunidad universitaria y a la reflexión para volver a construir una respuesta unitaria de la universidad (estudiantes, PAS, profesorado, personal investigador y rectores) frente a los nuevos recortes y cambios propuestos por el Gobierno.

• Clic en este enlace para acceder al artículo de EL PAIS analizando la encuesta: 

Los pilares de la sociedad aguantan [WEB]

La juventud debe organizarse sindicalmente frente el paro y la precariedad

Hoy tienen un empleo la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que lo tenían en 2008. Uno de cada tres jóvenes que trabaja lo hace a tiempo parcial y el salario medio de los menores de 30 años no supera los 847 euros mensuales

Coincidiendo con el Día Internacional de la Juventud, CCOO ha denunciado el constante empeoramiento de las condiciones de vida y trabajo de los jóvenes desde el inicio de la crisis y ha vuelto a exigir el fin de unas políticas que están empobreciendo al conjunto de la sociedad y, especialmente, a toda una generación a la que se le está negando el presente y el futuro.

Hoy tienen un empleo la mitad de los jóvenes de entre 16 y 29 años que lo tenían en 2008, según el Instituto Nacional de Estadística. En esa misma franja de edad, una de cada tres personas que trabaja lo hace a tiempo parcial, frente al 17% de hace seis años; de hecho, mientras actualmente hay 459.500 jóvenes con una jornada parcial no deseada pero aceptada ante la imposibilidad de conseguir un trabajo a jornada completa, en el segundo trimestre de 2008 quienes se hallaban en estas circunstancias eran sólo 271.200. La temporalidad juvenil ha vuelto a repuntar en los últimos meses hasta situarse por encima del 51%, y el salario medio de los menores de 30 años no supera los 11.860 euros.

Estas cifras, sumadas al abuso de las becas o al empleo sumergido, reflejan una realidad inaceptable de precarización del trabajo que afecta en su día a día a la inmensa mayoría de la juventud, que no puede planificar y desarrollar proyectos de vida a medio y largo plazo. Esta circunstancia se evidencia en el descenso constante de la tasa de emancipación juvenil: en la actualidad, según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España, sólo dos de cada diez menores de 30 años viven fuera del hogar familiar.

EFECTO DESÁNIMO Y EMIGRACIÓN

Los datos del Instituto Nacional de Estadística también ponen de manifiesto la caída sostenida de la población activa entre los grupos de menor edad. Concretamente, hoy hay un millón y medio menos de jóvenes de hasta 30 años trabajando o buscando empleo que al inicio de la crisis. El llamado 'efecto desánimo', que lleva a miles de personas a apartarse del mercado laboral ante la seguridad de que no van a encontrar un puesto de trabajo, es un factor que contribuye a explicar el fenómeno, pero no es el único.

La emigración no ha dejado de crecer desde 2008. A pesar de las dificultades para determinar el número exacto de personas que se han visto forzadas a salir de España por razones económicas, el número de jóvenes nacionales empadronados en otros países ha ido aumentando de forma constante en los seis últimos años, lo cual esconde un drama que el Gobierno desprecia de un modo grosero al defender abiertamente la “movilidad exterior” como una de las soluciones al paro.

En este Día Internacional de la Juventud,  CCOO vuelve a exigir el fin de unas políticas que no sirven para crear empleo, sino para repartir el que ya hay abaratando y empeorando sus condiciones, al tiempo que empobrecen a la mayoría de la sociedad, pero también llama a la juventud a que se organice sindicalmente para plantar cara a la precariedad y defender sus derechos.

Las prospecciones de petroleo en Canarias huelen mal

En apenas dos semanas las declaraciones de varios ministros han dejado en evidencia las mentiras sobre las prospecciones de petroleo en nuestras Islas

Primero ha sido el ministro Soria quien, en un último intento de convencernos de las bondades de la posible existencia de petroleo, dijo que el Gobierno tenía intención de crear un impuesto especial del 8% para este fin y transferir la mitad al Gobierno de Canarias. Según él, la parte de ese nuevo impuesto mas los supuestos beneficios empresariales que obtendrían las islas podrían ascender a 300 o 400 millones de euros.

Lamentablemente, como siempre, ha sido el superministro Montoro el que ha venido a poner las cosas en su sitio al anunciar una rebaja del impuesto que actualmente pagan las petroleras por actividades de extracción en nuestro país: al final no se van a incrementar los impuestos sobre estas empresas sino que, incluso, en realidad se van a bajar considerablemente. 

El Gobierno estatal bajará el Impuesto de Sociedades, tanto para la búsqueda como para explotación de yacimientos de petróleo o gas.

El tipo impositivo pasará del 35% al 30% en 2016.

Así consta en el proyecto de ley del Impuesto de Sociedades que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 1 de agosto y que se tramitará en el Congreso de los Diputados a partir de septiembre con el objetivo de que entre en vigor el 1 de enero de 2015.

En realidad, sin estas contradicciones, ya era imposible ningún tipo de compensación a Canarias dado que el impuesto de sociedades se declara e ingresa en donde se ubica la sede social de la empresa, que en el caso de Repsol es Madrid. De tal forma que, cualquier beneficio que pueda obtener esta compañía por su explotación de petroleo en nuestras aguas en realidad será contabilizada en el impuesto de sociedades declarado por Repsol en la Comunidad de la Capital de España y no en Canarias, como nos han pretendido engañar.  De forma que esa posible compensación siempre estará supeditada a que cada Gobierno en cada Ley de Presupuestos anual determine si quiere o no transferir algo a nuestro archipiélago.

Pero es que, además, con la rebaja del impuesto de sociedades, queda aún más claro que será imposible cualquier tipo de compensación via impuestos, ya que al disminuir limitan aún más la capacidad del Gobierno para incrementar las transferencias a las Comunidades autónomas.

Por si fuera poca desverguenza, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, ha intentado combatir las críticas a las prospecciones en busca de hidrocarburos que Repsol quiere hacer en Canarias afirmando que "antes de este se han realizado 269 sondeos en España sin oposición alguna", afirmaciones que realiza coincidiendo con la difusión de noticias sobre la paralización de prospecciones en Baleares. ¿Hay o no otras negativas a las prospecciones en España? o tal vez el Secretario de Estado ha tenido un lapsus de memoria y se ha olvidado repentinamente de las Islas Baleares.

CCOO responderá con la máxima contundencia si hay nuevos recortes al personal público

Ante las duras medidas propuestas por el Gobierno del PP a las comunidades autónomas, CCOO anuncia un inicio de curso marcado por las movilizaciones

 Web de la Federación de Enseñanza de CCOO
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El Gobierno insiste en su política de cargar los costes de la crisis sobre el sector público. Así se desprende de las “255 medidas de ahorros” que el Ejecutivo popular ha presentado a las autonomías. Este documento anuncia una nueva relación de duros ajustes que, de aprobarse, degradarían aún más la educación pública española: incremento de la ratio profesor/alumnos hasta un 10%; nuevo recorte en las becas para comedor y libros de texto, en unos momentos en los que la sociedad civil exige a un PP insensible ayudas urgentes para paliar el elevado índice de pobreza infantil en España; y otro duro hachazo a la partida que reciben los ayuntamientos para el mantenimiento de las escuelas infantiles, lo que significaría la sentencia de muerte de los centros infantiles de gestión municipal.

En el capítulo de personal, CCOO considera un ataque frontal a los intereses de los trabajadores y trabajadoras la propuesta de una nueva congelación salarial recogida en el catálogo de recortes, así como la supresión de la paga de navidad.

También se contempla el despido masivo de interinos o contratados temporales y el afianzamiento de la tasa de reposición que impide sustituir jubilaciones y solo compromete contratos precarios. Igualmente sangrante sería la ampliación de la jornada laboral y la suspensión de los planes de pensiones.

Además, el Gobierno quiere subir de nuevo las tasas de las universidades públicas y “racionalizar”  su crecimiento, cuando, por otra parte, liberaliza la creación de campus privados, rebajando los requisitos y favoreciendo su implantación en el sector, sin olvidar la transformación de los grados de 4 años en 3 y los posgrados en 2, que supone otro incremento encubierto de matrículas porque los Master son considerablemente más caros.

Consideramos inasumibles los nuevos recortes contra el sistema público de educación y acordaremos con el resto de las fuerzas sindicales y la comunidad educativa y universitaria movilizaciones en el inicio de curso para frenar los ataques del Gobierno del PP.

Además, son inadmisibles las pretensiones de nuevos y más intensos recortes en servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación, la justicia, la atención a la dependencia… Cuando más acuciante es la necesidad de reforzar los servicios públicos como redes de solidaridad (entre generaciones, entre territorios, entre niveles de renta, entre personas sanas y enfermas), aparecen ahora nuevas propuestas -desde distintos poderes públicos- de quebrar estas redes aunque ello conlleve empeorar la situación de los colectivos más vulnerables.

La introducción de nuevos copagos en sanidad es una pretensión intolerable. El sistema sanitario público se financia por impuestos. Debería ser, por tanto, la reforma fiscal la que fuera capaz de garantizar la suficiencia de recursos públicos para garantizar las prestaciones incluidas en las carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud. Proponer rebajas fiscales, quejarse luego de la insuficiencia de los ingresos necesarios para mantener los servicios públicos, y pretender como consecuencia de ello introducir copagos para resolverlo es profundamente injusto e insolidario. No es más que trasladar la carga económica de sanos a enfermos y de ricos a pobres, rompiendo criterios básicos del aseguramiento público en el sector sanitario.

Son propuestas alentadas desde sectores económicos directamente interesados en capturar fondos de la financiación pública sanitaria. Por un lado, tratan de deslegitimar al propio sistema público sanitario. Por otro, quieren presentar al sector privado como más eficiente cuando no hay, tras años de experiencia, ni un solo dato que lo avale. Por último, pretenden que las aseguradoras privadas entren parcialmente en el aseguramiento público. En definitiva, se nos presentan como medidas de ahorro lo que no son más que ganancias para grupos económicos concretos.

Las propuestas hechas en el sector educativo son inaceptables, además de estúpidas. No hay nadie que no estime que necesitamos reforzar nuestro sistema educativo, sostenido estos últimos años con un gran esfuerzo personal de quienes trabajan en el mismo. La reducción de puestos docentes afectaría directamente a la calidad de la enseñanza, a la capacidad de atención personalizada. Si además se quiere empeorar las condiciones de trabajo en el sector educativo, reducir más aún las becas, perjudicar a las escuelas infantiles, etcétera, estaremos minando una base clave para el progreso de cualquier país como es la educación. Es una línea de medidas que perjudica, a la larga, incluso a quienes las promueven, empobreciendo social, cultural y económicamente a generaciones enteras. Por eso hablamos de estupidez.

CCOO considera que el Gobierno debería rechazar directamente todas estas propuestas. Desmantelar los servicios públicos, castigando con ello a amplias capas de la población, limitar el acceso a los mismos (como se pretende también al reducir turnos de oficio e incrementar tasas judiciales), y atacar por distintas vías los derechos de los empleados públicos y sus condiciones de trabajo, son vías seguras de nuevos conflictos.

Wert propondrá Grados de 3 años en el Consejo de Universidades este miércoles

El Ministerio de Educación (MECD) propondrá la implantación de Grados de 3 años este miércoles, 23 de julio, en la reunión del Consejo de Universidades

Información del blog en junio [clic en la imagen para aumentar]

Tal como señalamos el pasado mes de junio, tras la reunión del Secretariado de Universidades de CCOO celebrado en Madrid con la presencia de representantes sindicales de todos los territorios, el ministro Wert acaba de empezar una ofensiva de gran envergadura con diversas reformas "parciales" que cambian radicalmente el modelo de universidad [clic aquí BLOG].

Cambios que, casualmente, han comenzado en pleno verano con el fin de evitar las protestas.

A las ya anunciadas reformas de la acreditación del profesorado; eliminación de la selectividad/PAU; sobre simplificación de requisitos para la creación de universidades privadas; movilidad interinstitucional del PDI entre universidades y el CSIC; junto con las estancadas por las protestas (sustitución de becas por préstamos y eliminación de la cotización por las becas en prácticas externas) se acaba de sumar el cambio de las Titulaciones: pasar del modelo 4+1 (Grado-Master) al 3+2.

El objetivo principal de todo este paquete de reformas es potenciar la universidad privada, para lo que resulta especialmente eficaz el modelo de 3 años de Grado y 2 de Master, ya que en la práctica supone un incremento "camuflado" del precio de las matrículas sobre el actual cuarto curso de Grado al transformarse en uno de Posgrado, con precios sensiblemente más caros. De particular importancia porque, además, en este momento las privadas ya tienen el 40% de las matrículas de alumnado en posgrado mientras que apenas llegan al 8% en los Grados.

Imagen de la campaña informativa
[clic en el menú lateral de la derecha para acceder]

Durante la mencionada reunión del Secretariado de Universidades de CCOO, hemos decidido iniciar una campaña coordinada de información, denuncia y movilizaciones hasta final de año para frenar esta nueva agresión a la universidad pública. Al mismo tiempo que pretendemos acumular fuerzas para presionar al Gobierno y que modifique para el 2015 sus actuales restricciones en materia de renovación, estabilización y promoción de plantillas.

Para poder cumplir este proceso consideramos de la máxima importancia la difusión de toda la información disponible, por lo que hemos creado un apartado específico en el blog [clic aquí BLOG] donde publicaremos todos los documentos: la necesidad de luz y taquígrafos se hace absolutamente prioritaria en estos momentos. Y no solo para las decisiones del MECD, también para las del Gobierno de Canarias y las propias universidades.