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| Web de la Federación de Enseñanza de CCOO [clic en la imagen para ampliar] |
En el capítulo de personal, CCOO considera un ataque frontal a los intereses de los trabajadores y trabajadoras la propuesta de una nueva congelación salarial recogida en el catálogo de recortes, así como la supresión de la paga de navidad.
También se contempla el despido masivo de interinos o contratados temporales y el afianzamiento de la tasa de reposición que impide sustituir jubilaciones y solo compromete contratos precarios. Igualmente sangrante sería la ampliación de la jornada laboral y la suspensión de los planes de pensiones.
Además, el Gobierno quiere subir de nuevo las tasas de las universidades públicas y “racionalizar” su crecimiento, cuando, por otra parte, liberaliza la creación de campus privados, rebajando los requisitos y favoreciendo su implantación en el sector, sin olvidar la transformación de los grados de 4 años en 3 y los posgrados en 2, que supone otro incremento encubierto de matrículas porque los Master son considerablemente más caros.
Consideramos inasumibles los nuevos recortes contra el sistema público de educación y acordaremos con el resto de las fuerzas sindicales y la comunidad educativa y universitaria movilizaciones en el inicio de curso para frenar los ataques del Gobierno del PP.
Además, son inadmisibles las pretensiones de nuevos y más intensos recortes en servicios públicos fundamentales como son la sanidad, la educación, la justicia, la atención a la dependencia… Cuando más acuciante es la necesidad de reforzar los servicios públicos como redes de solidaridad (entre generaciones, entre territorios, entre niveles de renta, entre personas sanas y enfermas), aparecen ahora nuevas propuestas -desde distintos poderes públicos- de quebrar estas redes aunque ello conlleve empeorar la situación de los colectivos más vulnerables.
La introducción de nuevos copagos en sanidad es una pretensión intolerable. El sistema sanitario público se financia por impuestos. Debería ser, por tanto, la reforma fiscal la que fuera capaz de garantizar la suficiencia de recursos públicos para garantizar las prestaciones incluidas en las carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud. Proponer rebajas fiscales, quejarse luego de la insuficiencia de los ingresos necesarios para mantener los servicios públicos, y pretender como consecuencia de ello introducir copagos para resolverlo es profundamente injusto e insolidario. No es más que trasladar la carga económica de sanos a enfermos y de ricos a pobres, rompiendo criterios básicos del aseguramiento público en el sector sanitario.
Son propuestas alentadas desde sectores económicos directamente interesados en capturar fondos de la financiación pública sanitaria. Por un lado, tratan de deslegitimar al propio sistema público sanitario. Por otro, quieren presentar al sector privado como más eficiente cuando no hay, tras años de experiencia, ni un solo dato que lo avale. Por último, pretenden que las aseguradoras privadas entren parcialmente en el aseguramiento público. En definitiva, se nos presentan como medidas de ahorro lo que no son más que ganancias para grupos económicos concretos.
Las propuestas hechas en el sector educativo son inaceptables, además de estúpidas. No hay nadie que no estime que necesitamos reforzar nuestro sistema educativo, sostenido estos últimos años con un gran esfuerzo personal de quienes trabajan en el mismo. La reducción de puestos docentes afectaría directamente a la calidad de la enseñanza, a la capacidad de atención personalizada. Si además se quiere empeorar las condiciones de trabajo en el sector educativo, reducir más aún las becas, perjudicar a las escuelas infantiles, etcétera, estaremos minando una base clave para el progreso de cualquier país como es la educación. Es una línea de medidas que perjudica, a la larga, incluso a quienes las promueven, empobreciendo social, cultural y económicamente a generaciones enteras. Por eso hablamos de estupidez.
CCOO considera que el Gobierno debería rechazar directamente todas estas propuestas. Desmantelar los servicios públicos, castigando con ello a amplias capas de la población, limitar el acceso a los mismos (como se pretende también al reducir turnos de oficio e incrementar tasas judiciales), y atacar por distintas vías los derechos de los empleados públicos y sus condiciones de trabajo, son vías seguras de nuevos conflictos.
Consideramos inasumibles los nuevos recortes contra el sistema público de educación y acordaremos con el resto de las fuerzas sindicales y la comunidad educativa y universitaria movilizaciones en el inicio de curso para frenar los ataques del Gobierno del PP.
La introducción de nuevos copagos en sanidad es una pretensión intolerable. El sistema sanitario público se financia por impuestos. Debería ser, por tanto, la reforma fiscal la que fuera capaz de garantizar la suficiencia de recursos públicos para garantizar las prestaciones incluidas en las carteras de servicios del Sistema Nacional de Salud. Proponer rebajas fiscales, quejarse luego de la insuficiencia de los ingresos necesarios para mantener los servicios públicos, y pretender como consecuencia de ello introducir copagos para resolverlo es profundamente injusto e insolidario. No es más que trasladar la carga económica de sanos a enfermos y de ricos a pobres, rompiendo criterios básicos del aseguramiento público en el sector sanitario.
Son propuestas alentadas desde sectores económicos directamente interesados en capturar fondos de la financiación pública sanitaria. Por un lado, tratan de deslegitimar al propio sistema público sanitario. Por otro, quieren presentar al sector privado como más eficiente cuando no hay, tras años de experiencia, ni un solo dato que lo avale. Por último, pretenden que las aseguradoras privadas entren parcialmente en el aseguramiento público. En definitiva, se nos presentan como medidas de ahorro lo que no son más que ganancias para grupos económicos concretos.
Las propuestas hechas en el sector educativo son inaceptables, además de estúpidas. No hay nadie que no estime que necesitamos reforzar nuestro sistema educativo, sostenido estos últimos años con un gran esfuerzo personal de quienes trabajan en el mismo. La reducción de puestos docentes afectaría directamente a la calidad de la enseñanza, a la capacidad de atención personalizada. Si además se quiere empeorar las condiciones de trabajo en el sector educativo, reducir más aún las becas, perjudicar a las escuelas infantiles, etcétera, estaremos minando una base clave para el progreso de cualquier país como es la educación. Es una línea de medidas que perjudica, a la larga, incluso a quienes las promueven, empobreciendo social, cultural y económicamente a generaciones enteras. Por eso hablamos de estupidez.
CCOO considera que el Gobierno debería rechazar directamente todas estas propuestas. Desmantelar los servicios públicos, castigando con ello a amplias capas de la población, limitar el acceso a los mismos (como se pretende también al reducir turnos de oficio e incrementar tasas judiciales), y atacar por distintas vías los derechos de los empleados públicos y sus condiciones de trabajo, son vías seguras de nuevos conflictos.
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