Montoro (-7.000 +1.211), con él no hay futuro para el empleo público

El ministro vuelve con las suyas y ofrece 1.200 empleos públicos, cuando solamente en jubilaciones se producirán más de 7.000 bajas en la Administración central

Con Montoro no hay futuro para el empleo público

La presentación ante los medios de comunicación de la Oferta de Empleo Público de la Administración General del Estado (AGE: denominada tradicionalmente como Administración central) con 1.200 plazas para este año, no pasaría de ser una broma de mal gusto si no fuera porque en los dos años anteriores el ministro de Hacienda y, también, de Administraciones Públicas, no hubiera eliminado otros cuatrocientos mil.

Si es malo que intente engañarnos, algo lógico cuando llegan elecciones, peor es que todavía haya gente e incluso organizaciones que se lo crean o pretendan justificarlo. Llegando a difundir rumores sobre una supuesta mejora en las perspectivas del empleo en las administraciones públicas cuando la realidad dice exactamente lo contrario. Cubrir mil doscientos puestos de los siete mil que se van a quedar vacantes este año solamente representa una tasa de reposición minúscula sobre las necesidades reales, y eso si los procesos de convocatoria, oposición y adjudicación de destino se desarrollan en los nueve meses que restan hasta final de año. Algo que es difícil de creer, por lo que al final ni siquiera serán capaces de generar esos mil doscientos puestos en 2014.

CCOO rechaza rotundamente la Oferta de Empleo Público del Estado (OEP) para 2014 y denuncia la instrumentalización electoralista del ministro Montoro por intentar hacer ver a la sociedad que hace un esfuerzo de creación de empleo cuando en realidad sigue permitiendo su destrucción, minorando las plantillas o haciendo imposible garantizar la adecuada prestación de unos servicios públicos de calidad a los que la ciudadanía tiene derecho, después de despedir a más de 400.000 empleadas y empleados públicos en los últimos años.

Pero, además de insuficiente en su propio ámbito, el Gobierno centra los sectores prioritarios en la Agencia Tributaria, algo que CCOO rechaza por ser una simplificación ante la impostergable necesidad de incluir como mínimo a otros organismos de la Administración central que prestan servicios esenciales y que sufren una mayor necesidad de personal (FOGASA, IMSERSO, Servicio Público de Empleo, organismos públicos de Investigación, Instituciones Penitenciarias, universidades...). En este sentido, cabe recordar los retrasos de más de un año en las tramitaciones de FOGASA, o los centros de IMSERSO e instituciones penitenciarias que no han abierto por falta de personal, el abandono de las políticas de Investigación, etc.

Tampoco pasa desapercibido que esta OEP se centra prioritariamente en los grupos profesionales más altos (A1 y A2) dejando en absoluta precariedad al resto de los grupos y plazas (C1, C2, personal laboral), reflejando el camino que marca el Gobierno, con su política de reducir la Administración a una mera función de coordinación y dirección, privatizando el resto de las funciones y tareas.

Por esa razón CCOO ha iniciado un proceso de explicación de la verdadera situación del empleo público y sus perspectivas de futuro. Algo que en el caso de las universidades esta estrechamente vinculado con la financiación.

Explicación e información que también desarrollaremos por medio de reuniones y charlas para aclarar todas las dudas y desmentir rumores infundados. También para hacer propuestas viables y en positivo utilizando los recursos legales disponibles, porque ya estamos cansados de que siempre se nos diga que "se hará cuando el marco normativo lo permita". Sirva de ejemplo indicar que el Artículo 21 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que es el que regula la limitación de contrataciones/oposiciones en la Administración este año, establece en el último párrafo del apartado Uno.3 que "No computarán dentro del límite máximo de plazas derivado de la tasa de reposición de efectivos, aquellas plazas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna"... y resulta que en los tres meses que han transcurrido desde que se publicó esta disposición en el BOE ninguna Administración, ningún ayuntamiento, ninguna Comunidad, ninguna universidad ha hecho uso de esta posibilidad.