El Gobierno aprueba una renovación "Covid" para Profesorado Asociado

El Ministro de Universidades acaba de anunciar la aprobación de una medida para permitir la renovación extraordinaria de los contratos de profesorado Asociado que, durante la pandemia, han perdido o suspendido su principal actividad laboral

En realidad el gabinete de prensa del Ministerio se ha precipitado, al adelantar el anuncio de esa medida, indicando que fue aprobada en el Consejo de Ministros de ayer martes, 25 de mayo. Porque el RD donde debería ser incluida como disposición adicional aún no se ha aprobado, ya que esta pendiente de que se terminen las negociaciones con la CEOE y los sindicatos. Siendo previsible que se apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario en los próximos días, por lo que estaremos pendientes de la redacción definitiva de esta renovación.

De acuerdo con lo anunciado en la nota de prensa [clic aquí], el Real Decreto Ley sobre medidas para la recuperación y el restablecimiento de la actividad empresarial incluirá una "disposición adicional donde se regulan las reglas aplicables a la renovación de los contratos de profesorado asociado celebrados por las universidades.

La contratación de profesoras y profesores asociados en las universidades se ajustará a las reglas establecidas en el artículo 53 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La situación socioeconómica provocada por la COVID-19 ha traído como consecuencia que determinadas profesoras y profesores asociados se hayan visto afectados por extinciones o suspensiones de sus relaciones laborales o por cancelaciones de su actividad profesional externa al ámbito académico.

Es por ello que, excepcionalmente, por motivos justificados y con un ámbito temporal limitado al curso 2021-2022, la renovación de dichos contratos podrá realizarse sin que sea necesario acreditar por parte de la persona contratada el ejercicio de una actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.

Esta disposición adicional faculta a las universidades para que puedan proceder a dicha renovación, permitiendo así el mantenimiento de dichos empleos.

Con esta decisión, el Ministerio de Universidades sigue adoptando medidas para prevenir, contener y limitar los problemas laborales generados por la crisis sanitaria derivada de la pandemia."

Audiencia Pública RD de Organización de las Enseñanzas Universitarias

Se ha publicado en la web del Ministerio de Universidades la Audiencia Pública del Proyecto de Real Decreto por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad (el llamado RD de Titulaciones)

En el siguiente enlace se puede acceder al proceso, a través de la web del Ministerio de Universidades, y consultar el texto así como participar aportando propuestas o enmiendas durante la Audiencia Pública de este Real Decreto, hasta el día 9 de junio:

• https://www.universidades.gob.es/portal/site/

Desde CCOO ya hemos preparado varias enmiendas que hemos remitido al Gobierno proponiendo su modificación. Puedes verlas en el enlace siguiente:

• Enmiendas de CCOO al proyecto de RD de organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad. [7 páginas PDF]

Retomamos el 2º Convenio Colectivo del PDI laboral de las universidades públicas canarias

El pasado martes, 18 de mayo, en una reunión por videoconferencia de la representación sindical de CCOO en los dos Comités de Empresa de PDI laboral de las universidades canarias, se puso de manifiesto la necesidad de reactivar la negociación del 2º Convenio colectivo paralizada desde 2016

Los actuales equipos rectorales de la ULL y la ULPGC con actitudes abiertas al diálogo, así como el apoyo explícito a esta negociación desde la Dirección General de Universidades y el elevado tiempo transcurrido desde el último intento, han sido determinantes para que las Secciones sindicales de CCOO en las dos universidades vean conveniente retomar el 2º Convenio Colectivo del PDI Laboral.

El 2021 puede ser un buen año para proponer a las universidades el reinicio de esa negociación, aunque ajustándose a fechas que puedan ser adecuadas para llevar a cabo un proceso tan complejo, donde se deben negociar todos los aspectos de un Convenio colectivo (retribuciones, promoción, derechos sociales, prevención laboral, etc.). Por eso, desde CCOO consideramos que septiembre puede ser el mejor momento para convocar la primera reunión de la Comisión Negociadora, formada por los sindicatos (CCOO, APU y UGT) y las dos universidades (ULL y ULPGC).

En ese momento, coincidiendo con el inicio de curso académico, ya se debería haber minimizado el problema de la pandemia, permitiendo una mayor movilidad y contacto personal para organizar reuniones de consulta o asambleas. Septiembre también es un buen momento para planificar un calendario de negociación durante los meses siguientes y, por otra parte, en ese momento ya se conocerá definitivamente el proyecto final de Ley Orgánica del Sistema Universitario que promueve el ministro Castells (sobre todo en lo referente a la posible desaparición de algunas figuras contractuales y la creación de otras nuevas) posibilitando un mejor ajuste del 2º Convenio Colectivo a esos cambios.

Desde CCOO nos pondremos en contacto con las dos universidades y el resto de sindicatos para consensuar una fecha de inicio para esta negociación, al mismo tiempo que les recordaremos la necesidad de ser respetuosos con el cumplimiento de las formalidades legales para evitar problemas como los que se han sufrido en el pasado.

No conviene olvidar que el anterior intento de negociación del 2º Convenio Colectivo para el PDI laboral fue un fracaso, ya que solamente se llegaron a realizar dos reuniones: una primera para la constitución de la Comisión Negociadora y determinar su composición y una segunda para negociar los diez primeros artículos del Convenio Colectivo, que fue prácticamente imposible de resolver por la total negativa de los dos equipos rectorales que dirigían las universidades canarias en ese momento. Esto finalmente provocó la paralización de toda negociación durante estos seis años y obligó a CCOO a llevar a cabo una ofensiva de reclamaciones jurídicas para sacar adelante muchos de los temas pendientes (cobro de Sexenios de investigación, evaluación de Sexenios para el PDI temporal, etc.). Por ello, la apertura del nuevo proceso exigirá respeto, colaboración, coordinación e implicación.

Iceta parece que tiene una propuesta de solución para la temporalidad

Durante estos días se ha difundido la comunicación que ha enviado el Gobierno español a la Unión Europea con el Plan de modernización de la Administración en la que se incluye una solución al abuso de la contratación temporal

A pesar de que el Ministro Iceta había venido anunciando, desde hace tiempo, que antes del verano se negociaría con los sindicatos una solución al problema de la temporalidad, hasta ahora no se ha convocado ninguna reunión ni se ha entregado documentación sobre el tema. Contradiciendo así su promesa de afrontar este grave problema e incrementando la incertidumbre al alargar el tiempo de solución.

Por ahora, lo único que ha confirmado es que pretende modificar el artículo 10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para impedir la repetición del problema en el futuro, pero sin dar ninguna pista sobre cómo piensa arreglar la situación para el personal temporal actual que lleva muchos años sin estabilidad. 

Las últimas noticias sobre modificar el sistema de acceso, pasando de concurso-oposición a solo concurso, parece que solo piensa aplicarlo al personal médico especialista de hospitales (por medio de una reforma de la ley que regula al personal sanitario en España -Estatuto Marco-), estando pendiente de poderse extender a otros colectivos sanitarios. Sin embargo no se ha dicho nada en este aspecto para el resto de temporales en el sector público.

Nos parece inaceptable que el Ministerio no informe ni convoque a los sindicatos para negociar posible soluciones a este grave problema, de la misma forma que es inaceptable que se hable de la reforma de las administraciones públicas sin contar con los/as representantes del personal. Por ello y ante el anuncio de la constitución del Grupo de expertos para la reforma de las administraciones públicas que, palabras textuales de Iceta, estará compuesto por "expertos" de distintos ámbitos que se encargarán de analizar y formular propuestas de reforma de la Administración Pública, así como identificar, ensayar y evaluar iniciativas que actúen a corto y medio plazo de palanca y motor de innovación en la Administración General del Estado, los sindicatos exigen su participación en este asunto además del compromiso que las reformas deberán tratarse en la mesa general de las administraciones públicas

No es de recibo que se lleve a cabo unos trabajos que afectarán al conjunto de las administraciones públicas y a las condiciones de trabajo de las empleadas y empleadas públicos, y que se pretenda, a raíz de los resultados de este grupo, poner en marcha de forma experimental las conclusiones y propuestas que de ahí se deriven, sin negociación ni participación sindical.

Tema tan importante y prioritario, como son la transformación digital, que la administración pública sea atractiva y accesible para las generaciones jóvenes, la innovación y la implementación de reformas, no pueden llevarse a cabo sin la participación directa de la representación legal de las y los trabajadores públicos.

CCOO pide suprimir la imputación de costas judiciales en los Contenciosos

El sindicato expone el claro desequilibrio existente en los procesos judiciales para exigir responsabilidades a las administraciones públicas, que disuade a interponer pleitos por el riesgo económico

Muchos ciudadanos y ciudadanas se lo piensan antes de interponer un pleito contra la Administración, ya que, además del gasto de profesionales de la abogacía y la procuraduría, puede generarle la imputación de las costas judiciales, que en algunos casos puede llegar hasta los dos mil euros. Así, una vez más, las actuaciones irregulares o arbitrarias en el funcionamiento de la Administración quedarían impunes.

Lo mismo sucede al personal funcionario al servicio de las administraciones, cuando se ven obligados a pleitear contra una decisión unilateral de la Administración en su papel de empleadora por la que resultan claramente perjudicados en su salario o en las condiciones en las que prestan sus servicios. De la misma forma que también afecta a quienes concurren en los procesos selectivos para plazas de empleo público si desean recurrir las decisiones de las Comisiones o Tribunales de selección.

• Informe de los Servicios Jurídicos de  CCOO justificando legalmente la supresión de la imputación de costas judiciales en el orden contencioso-administrativo [clic aquí para descargar - 7 páginas PDF] 

En este contexto, las actuaciones de la Administración que causen perjuicio a la ciudadanía o al personal a su servicio se quedan impunes en muchos casos, existiendo de facto un desequilibrio claro en la posibilidad de exigir responsabilidad frente a la actuación de la Administración y la persona que ve perjudicados sus derechos ante dicha actuación. Especialmente porque en el orden social o laboral no se aplica esta imputación de costas judiciales, por lo que se genera una gravísima discriminación entre personal funcionario y personal laboral.

Son estas circunstancias las que han llevado al Área Pública de CCOO a tomar la iniciativa, ante el anuncio de un nuevo proyecto para aprobar o modificar la Ley que regula la jurisdicción contencioso-administrativa, para exigir que se retiren las costas judiciales para este orden jurisdiccional.