La conclusión de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se puede ver haciendo clic en la imagen:
"Por lo tanto, a la luz de la anterior se desprende que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria debió haber cotizado a la Seguridad Social por la totalidad de la bases de cotización por todas las contingencias de las personas beneficiarias de las ayudas Margarita Salas y María Zambrano, bases de cotización cuyo importe debería haber coincido con la totalidad de la retribución mensual que cada uno de ellos tenían derecho a percibir, siendo que el importe de la retribución mensual debió haber sido el importe bruto mensual que figura en las convocatorias de las ayudas, tal y como se contempla en el artículo 4 de la Orden UNI/551/2021, de 26 de mayo, B.O.E de 4 de junio, desarrolla las subvenciones previstas en el Real Decreto 289/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a universidades públicas para la recualificación del sistema universitario español, el importe mensual de las ayudas Margarita Salas para jóvenes doctores será de 3.500 euros brutos para los que soliciten realizar la estancia en el extranjero, y de 2.800 euros brutos para los que la realicen en España y que el importe mensual de las ayudas María Zambrano para la atracción de talento será de 4.000 euros brutos." [subrayado nuestro]
(*) Hasta ahora, en el resto de las universidades españolas se habían interpuesto cuatro demandas de conflicto colectivo ante los juzgados (Universidades de Valladolid, País Vasco, La Coruña y varias de Madrid) y tres denuncias ante Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social (Universidades de Valencia, Málaga y varias de Cataluña). Todas las reclamaciones se han resuelto favorablemente, tanto las judiciales como las de ITSS, siendo varias de ellas ya firmes en su aplicación.
Además, se constató que la ULPGC estaba aplicando los incrementos salariales previstos al PDI de las universidades públicas, incremento pactado por sindicatos y Gobierno en función de la evolución del IPC de 2023, que se aplicaría con efectos retroactivos desde enero y que se pagó a todos los empleados y empleadas del sector público en la nómina de octubre, se verificó que la ULPGC lo abonó a sus predoctorales en ese mismo mes. De cualquier manera, invitamos a todo el personal investigador contratado predoctoral que revise sus nóminas para verificar que efectivamente se le ha abonado ese incremento salarial y los correspondientes atrasos.
En los próximos días les informaremos de las actuaciones realizadas en los últimos tres meses sobre los conflictos colectivos y la situación actual de cada tema pendiente, ya que hemos preferido esperar un poco de tiempo para comprobar que se producían avances y evitar, así, una imagen de permanente "propaganda" sin resultados."
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