CCOO firma con el Gobierno el incremento del 9,8% en el salario

El Área Pública de CCOO, como primer sindicato en el ámbito de las Administraciones Públicas, ha firmado el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que recoge mejoras sustanciales en las condiciones laborales y salariales de los cinco millones de empleados y empleadas de las Administraciones Públicas y del Sector Público Institucional, incluido el empresarial

Entre ellas, cabe destacar un incremento del 9,8 % de las retribuciones en tres años (2022-2024), la jornada laboral de 35 horas semanales, la obligación del cambio normativo para establecer Planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas y la derogación de recortes, como el de la supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario.

Tras un largo y complicado proceso de negociación, CCOO celebra hoy la firma del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, por las mejoras sustanciales que van a suponer en las condiciones laborales y salariales del personal de las Administraciones Públicas y su Sector Público, entre ellas la subida salarial del 9,8 % en tres años (2022-2024). Un incremento en las retribuciones que viene acompañado en el Acuerdo por importantes medidas de mejora de las condiciones de trabajo en el sector público, demandadas por este sindicato en diferentes movilizaciones, destacando las concentraciones de noviembre de 2021 y la de miles de delegados y delegadas el pasado 14 de julio ante las puertas del Congreso.

El acuerdo recoge, entre otras, las siguientes mejoras:

Incremento salarial. Así, después de dos años de imposición unilateral de los incrementos salariales, la presión y movilización de CCOO, ha forzado al Gobierno a la senda del acuerdo salarial, contemplando un incremento de las retribuciones acumulado del 9,8 % en tres años. Se aplicará una cláusula de revisión salarial limitada para los ejercicios 2023 y 2024, con un 0,5 % adicional consolidable, en el caso de que el IPC armonizado acumulado desde 2022 supere los incrementos fijos pactados. 

Igualmente, se establece un incremento adicional del 0,5% vinculado al PIB nominal, cuyos criterios se tienen que negociar con las OOSS firmantes del acuerdo. Por primera vez se revisan al alza los salarios previstos en unos Presupuestos Generales del Estado, sumándose un 1,5 % adicional al 2 % inicialmente presupuestado en 2022, con retroactividad desde el 1 de enero y cobrándose en una sola paga antes de final de año.

Jornada laboral de 35 horas. Se eliminan las limitaciones actuales para que cada Administración Pública establezca, previa negociación colectiva en la mesa u órgano que corresponda, una jornada de 35 horas semanales para el personal a su servicio y el de su Sector Público Institucional.

Clasificación profesional. Se considera culminada la disposición 3ª del TREBEP, con la plena aplicación de la clasificación de personal al servicio de las Administraciones Públicas del artículo 76 del TREBEP. Se crea un grupo de trabajo de la Administración y sindicatos firmantes del Acuerdo para que a lo largo de 2023 se implante la citada clasificación profesional. Se mantiene el apartado tercero de la Disposición para la Promoción Interna del C1 al A2.

Derogación de recortes y jubilación parcial. Definitiva eliminación de las medidas del RDL 20/2012 de 13 de julio, e igualmente la derogación de la supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario.

Igualdad de género en las Administraciones Públicas. Obligación del cambio normativo para el desarrollo y negociación de los planes de Igualdad en todas las Administraciones Públicas conforme a la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y RD de desarrollo, así como para la implantación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo.

Digitalización y diálogo social. Garantía de atención presencial, en especial a la población con más dificultades digitales. Principio de simplificación y reducción de cargas en los procesos de digitalización. Plan específico de digitalización en zonas con menor población y más dispersa. Itinerarios formativos en materia digital.

Atracción y retención de talento. Recuperación de empleo público perdido; rejuvenecimiento de las plantillas; atención de las demandas de urgencia en plantillas deficitarias; reducción de la temporalidad en el empleo público; movilidad interadministrativa; formación y divulgación a la ciudadanía.

Extensión de las medidas previstas en este Acuerdo al personal del sector público institucional.
Medidas a aplicar en la Administración General del Estado y su sector público. Puesta en marcha del teletrabajo; tramitación y negociación del contenido íntegro de Ley de Función Pública de la Administración del Estado; reconocimiento pleno del derecho a la negociación colectiva y actualización salarial del personal laboral en el servicio exterior (PLEX); actualización de importes de gastos de desplazamiento por prestación de servicio; revisión del modelo organizativo y clasificación de centros penitenciarios, nuevo protocolo de acoso sexual y revisión del régimen sancionador en la AGE.
Creación de una Comisión de Seguimiento entre la Administración y los sindicatos firmantes del Acuerdo.

CCOO valora de forma positiva este acuerdo y seguirá trabajando por su cumplimiento íntegro, así como por la recuperación del resto de materias pendientes, como la mejora de haberes reguladores de clases pasivas, la indemnización por residencia o la aportación a los planes de pensiones públicos, entre otros; y lo hará de manera inmediata en la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del Estado 2023 con los diferentes grupos parlamentarios.

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CCOO es el primer sindicato en la Función Pública, al contar con el apoyo de un 36,6 % del personal público y tener cinco representantes en la Mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, frente al 34,8 % de UGT, 22,2 % de CSIF, 2,8 % de CIG y 3,6 % de ELA.

Miles de manifestantes pidiendo mejoras en la jubilación

Miles de personas se movilizaron ayer en las capitales de provincia para reclamar mejoras en las pensiones y la jubilación

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Con esta convocatoria, CCOO y UGT han querido reclamar una subida de las pensiones de más del 0,25% aprobado por el Gobierno para 2018, así como la recuperación del diálogo con los interlocutores sociales en materia de pensiones y de jubilación. Especialmente porque la realidad en el resto de Europa es bien diferente.

En relación a la propuesta del Gobierno de ampliar a toda la vida laboral el cómputo de la pensión, el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha declarado que se trata del "séptimo u octavo anuncio de medidas de mejora en el sistema de pensiones que se hace a los medios y no se concretan".

Bravo ha recordado que una medida similar "ya está en vigor", porque actualmente se elige pensión en función de los últimos 21 o 25 años cotizados, y que esa medida fue pactada. "Ese es el camino, y no anunciar cosas que luego no se cumplan", recalcó.

El secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO ha anunciado que el sindicato continuará con más movilizaciones para seguir en "la lucha por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones y la reversión de la reforma de 2013", porque el sistema actual es inaceptable y provocará la pérdida de casi un 40% de poder adquisitivo en las dos próximas décadas.

CCOO retoma la campaña para #RecuperarLoArrebatado

Ayer martes se reunió en Madrid la Sección Federal estatal de CCOO-Universidad con la presencia de representantes del sindicato en todas las universidades

La nueva Secretaria Federal estatal de CCOO-Universidad,
Encina González Martínez, presidiendo la reunión junto con
los representantes de la UB (izqda) y UCM (dcha)

Por Canarias asistieron Sara González Betancor (ULPGC) y Alberto Marín (ULL), para tratar diversos temas de máxima importancia en este trimestre, y entre los que destacaba de manera significativa la situación de los PGE2018 y su posible retraso o la prórroga de los de 2017 (otros dos temas importantes también analizados en la reunión fueron la situación de las acreditaciones ANECA que hoy miércoles tiene una nueva reunión con los sindicatos y la negociación con la SEIDI del Estatuto del Personal Investigador en Formación-predoctoral).

Ante esta incertidumbre todo el Área Pública de CCOO (Enseñanza, Administración Pública y Sanidad) ha acordado retomar la campaña iniciada en septiembre para #RecuperarLoArrebatado, y que en su momento se enfocó para presionar durante la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.

Ahora se considera necesario reforzarla ante la posibilidad de que el ministro Montoro decida no presentarlos y, por tanto, prorrogar los de 2017. Lo que significa incremento salarial "0" (una nueva congelación), que no habría tasa de reposición impidiendo las Ofertas Públicas de Empleo limitando nuevamente la mejora y estabilización de las plantillas, y que no podríamos tener ningún avance en la recuperación de derechos (pensiones, prejubilaciones, jubilaciones parciales que terminan definitivamente en 2019, reducción salarial por bajas IT, actividad de las Mutuas, jornada y horario laboral, etc).

La representación del sector universitario de CCOO ha planificado las actividades informativas y de acción sindical para noviembre y diciembre, con la perspectiva de una posible huelga en enero si el Gobierno decide no tramitar los PGE2018. Acciones que comenzarán de inmediato ya que las vacaciones, permisos y festivos de diciembre dejan muy poco tiempo disponible para preparar una protesta que debe ser contundente y masiva si queremos que sea efectiva.

Durante todo el mes de noviembre se distribuirá información para que todo el PAS, PDI y personal investigador contratado de las universidades tenga información suficiente sobre lo que significa prorrogar los Presupuestos de 2017, y todo el mundo tome conciencia de la necesidad de evitarlo.

CCOO convoca hoy miércoles una nueva concentración de
protesta ante el Congreso de los Diputados
¡¡La cuarta que hacemos en los últimos treinta días!!

Durante este mes apoyaremos las acciones de CCOO en la Administración General del Estado, que es el personal que negocia directamente con el ministro Montoro las cuestiones en materia laboral que afectan a todo el sector público. Acciones que, como la concentración de protesta que han convocado para hoy mismo ante el Congreso de los Diputados (la cuarta en los últimos treinta días), pretenden activar al sindicato para preparar movilizaciones de mayor calado y sensibilizar al resto de sindicatos para que se incorporen a las protestas.

En la reunión también se nos informó de la convocatoria de una primera manifestación unitaria CCOO-UGT para el miércoles 29 de noviembre en Madrid.

Manifestación a la que deben acompañar otras movilizaciones en el resto del país, aumentando la presión y movilización a medida que se acerca el final de año y el Gobierno siga sin confirmar que habrán PGE2018.


Desde la sección sindical de CCOO en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria hacemos un llamamiento a todo el personal y al resto de los sindicatos para que apoyen estas protestas y se incorporen a las movilizaciones, ya que sin una presión significativa no será posible #RecuperarLoArrebatado.

Pensiones: documento informativo explicando todos los cambios

Durante los gobiernos de Zapatero y Rajoy se han introducido muchos cambios en el sistema público de pensiones, por lo que CCOO ha preparado un documento informativo explicando todas las situaciones posibles 

Este documento informativo consta de 17 páginas y esta editado en PDF para facilitar su descarga desde cualquier ordenador y dispositivos móviles (teléfonos o tabletas), contiene 12 cuadros de datos para facilitar los cálculos de las pensiones en función de la edad y también de numerosos gráficos informativos. Incluyendo todas las modalidades de las pensiones públicas de jubilación (ordinaria, anticipada involuntaria, anticipada voluntaria, voluntaria parcial, etc...), la incapacidad permanente, las incompatibilidades de las pensiones, los complementos por parto o por cuidado de hijos/as, etc.

Informe explicativo más necesario que nunca como consecuencia de los cambios introducidos por los gobiernos de Zapatero y Rajoy, así como por la incertidumbre que generan las informaciones de la prensa alertando sobre la disminución de la "caja de las pensiones" como consecuencia del menor número de cotizantes y los recortes del gobierno.

• Descargar el documento informativo sobre pensiones públicas [17 páginas PDF]

Uno de los cuadros explicativos del informe

La base del RGSS es la cotización; cuanto más cantidad y más tiempo se cotiza, más derecho o  mayor pensión se tiene, con unos topes máximos y unos mínimos que pueden ser muy significativos. Las pensiones en el RGSS se calculan a partir de las cuantías de las cotizaciones de los últimos años, que a su vez están relacionadas con el salario del trabajador. La Seguridad Social que abona las pensiones de los trabajadores integrados en el RGSS es un organismo autónomo del Estado, aunque sus reglas las establezca el Estado, y se nutre de las cotizaciones sociales.

Con la Ley 27/2011 se ha realizado la última reforma de las pensiones fruto del diálogo social; logramos reconducir las propuestas del gobierno de entonces, de forma que la pretensión de un retraso generalizado en la edad de jubilación se transformó, por las propuestas sindicales, en un sistema flexible de acceso a la jubilación. Este sistema permite poder jubilarse con 65 años a más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras, así como seguir accediendo a jubilaciones anticipadas (desde los 63 años) o parciales. El siguiente gobierno (del Partido Popular) se saltó el diálogo social y utilizando el recurso del Real Decreto Ley para situaciones de urgencia, impuso una nueva reforma de las pensiones de forma unilateral. Con el RDL 5/2013 endureció los requisitos y recortó las prestaciones en las jubilaciones anticipada y parcial.

No le parecía suficiente al gobierno de Mariano Rajoy que, a continuación, y ese mismo año en diciembre, con la Ley 23/2013 estableció dos factores que recortarán en el futuro las pensiones: el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones. El Factor Sostenibilidad (FS) está previsto que comience a aplicarse en el año 2019, pero el Índice de Revalorización de Pensiones (IRP) ya afecta desde 2014.

El Índice de Revalorización de las Pensiones se viene aplicando desde 2014 y así, todos los pensionistas han visto y verán cómo sus pensiones no tendrán una revalorización automática cada mes de enero de acuerdo con la subida de precios prevista para ese año (IPC), y en 2017 no habrá recuperación del poder adquisitivo perdido si finalmente el IPC de 2016 supera ese escuálido porcentaje de subida del 0,25%.

El IRP no es más que el disfraz numérico de la voluntad del actual Gobierno de recortar todas las pensiones. La subida de las pensiones será, de nuevo, del 0,25%. Con la aprobación de esta ley, sin consenso alguno, el Gobierno del PP ha roto con un compromiso básico aceptado por todos desde 1995, el de mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Instauró una fórmula que, de no corregirse, traerá ineludiblemente una pérdida muy significativa del mismo. El Gobierno está extendiendo a los pensionistas las políticas de empobrecimiento de toda la población.

Desde CCOO defendemos que el sistema de pensiones debe intentar garantizar a todos los trabajadores jubilados una pensión sustitutiva del salario suficiente, que mantenga el poder de compra a lo largo del período en que se es pensionista. Las medidas que nos imponen no lo garantizan. Su aplicación y otras nuevas medidas que puedan aparecer pueden significar en 15 años una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones de entre un 12% y un 28%, según la evolución económica. Por eso exigimos que se abra un debate sobre los ingresos del sistema de Seguridad Social y que se afronten los retos de las pensiones desde alternativas distintas a la de la reducción progresiva del poder adquisitivo de los pensionistas.

Jubilación de despedidos: CCOO y UGT consiguen que el Gobierno rectifique

Decenas de miles de trabajadores despedidos antes del 1 de abril de 2013 y que tienen suscrito un convenio especial con la Seguridad Social podrán jubilarse anticipadamente

CCOO y UGT, durante la reunión mantenida en el día de hoy, junto con CEOE y Cepyme, con el Secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, han conseguido que el Gobierno revise y modifique el criterio aprobado el pasado de mes de junio por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que, en la mayoría de los casos, denegaba el acceso a la jubilación a aquellos trabajadores que habiendo visto extinguida involuntariamente su relación laboral antes del 1 de abril de 2013 acreditasen cotizaciones posteriores a dicha fecha, como consecuencia de haber suscrito un convenio especial con la Seguridad Social y, en otros, reducía las cuantías de las pensiones a las que se tenía derecho.

En dicha reunión, el Gobierno se ha comprometido a respetar los derechos de los trabajadores que se hayan podido ver perjudicados por este criterio, revisando y resolviendo todas las solicitudes conforme a la interpretación que se ha venido dando hasta junio de este año. 

Es decir, respetando el derecho de estos trabajadores a acceder a la jubilación en los términos y condiciones vigentes en el momento en que fueron despedidos. Con ello, se garantiza el cumplimiento de la finalidad de la Ley y el principio de confianza legítima.

Además, el Ejecutivo se compromete a revisar de oficio todos los expedientes que han sido denegados y las solicitudes de jubilación anticipada aceptadas pero cuya cuantía se haya calculado teniendo en cuenta dicho criterio, y a estimar favorablemente todas aquellas reclamaciones previas en vía administrativa que se encuentren en tramitación por este motivo.

Por ello, desde CCOO valoramos esta rectificación y la celeridad que, desde la propia Secretaria de Estado y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, se ha anunciado que se va a dar al proceso de revisión de oficio, con la finalidad de mitigar los perjuicios causados a los miles de trabajadores que, en poco más de dos meses, se han visto ya afectados por la vigencia temporal de este criterio regresivo que había sido contestado desde el primer momento por CCOO y UGT que lo han considerado injusto y no ajustado a derecho.

En este sentido, hacemos un llamamiento para mantener la presión sobre todos los recortes porque estamos en un momento que permite iniciar una lenta recuperación de derechos, siempre que contemos con la necesaria unidad sindical y el apoyo de los trabajadores y trabajadoras afectados/as. Tal y como se ha logrado en este tema.

Nuevo recorte a las jubilaciones y al subsidio de desempleo

El gobierno de Rajoy ha vuelto a utilizar el RDLey para recortar parte de las jubilaciones y  el subsidio de desempleo para mayores de 55 años

Cómo si se tratara de una broma pesada, el RDL 5/2013 ha sido denominado "de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo". Pero lamentablemente no se trata de ningún chiste, sobre todo porque también elimina el subsidio de desempleo a una gran parte de los/as mayores de 55 años.

El Gobierno en lugar de hacer valer ante Bruselas las fortalezas de nuestro sistema de pensiones, cede una vez más y apartándose claramente de los modos y procedimientos del Pacto de Toledo, endurece los requisitos de acceso a las distintas formas de jubilación anticipada y parcial.

Es, además, una grave vulneración del mecanismo consensuado de reformas establecido en el Pacto de Toledo, y utiliza la excusa de la situación coyuntural que atraviesa el sistema de Seguridad Social, agravada por la política de austeridad y la destrucción de empleo facilitada por las reformas laborales aprobadas en los últimos años, para imponer reformas estructurales.

La reforma impuesta se basa en gran medida en la idea de que esta reforma es necesaria para reducir costes al sistema, ignorando que las distintas formas de acceso a la jubilación anticipada no son más costosas para el sistema de Seguridad Social, sino al contrario. El Gobierno actúa reduciendo el gasto en pensiones a corto plazo, aún a costa de aumentarlo en el futuro, cuando será más necesario.

La reforma del PP supone un endurecimiento innecesario de todos estos requisitos, en un momento en el que la crisis y las reformas normativas aprobadas han facilitado el despido y disminuido las redes de protección social.

Sin embargo, la presión sostenida desde muchos frentes en los últimos meses y las movilizaciones y protestas sociales y sindicales, ha dado como resultado que el Gobierno de Rajoy se haya visto obligado a suavizar parcialmente algunos aspectos.

Debemos ver ese movimiento como un resultado del proceso de movilizaciones y presión sostenida al respecto, pero lamentablemente no ha conseguido un éxito completo.

Si a lo anterior sumamos las modificaciones que generan mayor desprotección del subsidio de mayores de 55 años, nuestro rechazo es, si cabe, más intenso. Debemos recordar que este subsidio es el principal recurso de protección social que tienen los trabajadores que han sido despedidos al final de su vida laboral y que supone en la mayoría de los casos su única fuente de ingresos y cotización hasta la fecha de la jubilación.  En la reforma publicada hoy, se modifica el criterio de ingresos a tener en cuenta para acceder al subsidio pasando de utilizarse exclusivamente los ingresos del trabajador a utilizar ahora los de su unidad familiar, lo que supone un castigo adicional para las familias solidarias que acogen a estos desempleados.

• Análisis de CCOO sobre el RD Ley 5/2013 [10 páginas PDF]
• Acceso al RD Ley 5/2013 publicado en el BOE [WEB]

EL RD LEY /5/2013 MANTIENE TEMPORALMENTE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA A LOS 60 AÑOS PARA EL PDI FUNCIONARIO DE "CLASES PASIVAS"

Uno de los aspectos más delicados que se ha logrado conseguir es que este RD Ley no elimine la jubilación anticipada a los 60 años que podían  utilizar los/as funcionarios/as afiliados/as a MUFACE y Clases Pasivas. Sobre todo porque los/as afiliados/as al régimen general de la Seguridad Social han visto recortada esta posibilidad hasta solamente dos años antes de cumplir la edad de jubilación obligatoria.  

Aunque no se permite incentivar esa "jubilación anticipada" y, además, se aplica una reducción teórica sobre la pensión, en el caso del profesorado universitario puede ser posible mantener la totalidad de la pensión si se tienen cotizados un número mínimo de años como personal del grupo A para el Estado. 

Finalmente es importante destacar que también se ha aceptado una propuesta de CCOO relativa a la ampliación del plazo para que las personas que han sido becarias de programas de formación antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, puedan suscribir convenios especiales y acreditar periodos cotizados. Además, se incorporan nuestras propuestas de flexibilizar las condiciones de pago de dichos convenios: se amplía el periodo para suscribir los convenios hasta el 31 de diciembre de 2014 y el número máximo de mensualidades en que se puede efectuar el pago fraccionado del convenio especial hasta el triple de aquellas por las que se formalice el convenio.