A la espera de conocer el texto definitivo, el Área Pública de CCOO valora este paso como el resultado de una intensa lucha sindical frente a una situación injusta provocada por la falta de diligencia del Gobierno central
Hoy 29 de junio el Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que permitirá dar solución a la jubilación parcial del personal laboral en las Administraciones Públicas.
El 1 de abril de 2025 entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, para la mejora de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, que vino a modificar la regulación de la jubilación parcial para el colectivo laboral. Esta norma introdujo una serie de modificaciones.
Desde el momento en que el Ejecutivo adoptó decisiones que ignoraron la especificidad del empleo público y los principios constitucionales que lo rigen, se generó un escenario profundamente lesivo para miles de empleadas y empleados públicos laborales que, pese a tener reconocido el derecho a la jubilación parcial, se han visto impedidos en la práctica de ejercerlo.
Una lucha sostenida para revertir una injusticia. Recuperación real del derecho para el personal laboral
Durante meses el Área Pública de CCOO ha denunciado esta situación, calificándola de inaceptable e injustificable, y ha desplegado todas las herramientas a su alcance —negociación, presión institucional y movilización— para forzar una solución.
Gracias a esta acción sostenida, se ha conseguido revertir parcialmente el problema, materializándose ahora en la aprobación de un real decreto-ley que permitirá hacer efectivo el derecho a la jubilación parcial del personal laboral, incorporando fórmulas viables como la cobertura del contrato de relevo mediante personal temporal o interino.
Este avance demuestra, una vez más, que la defensa firme de los derechos laborales da resultados. Sin la presión ejercida por los sindicatos, la inacción del Gobierno habría persistido, prolongando el perjuicio a miles de trabajadores y trabajadoras.
Un incumplimiento que persiste: personal funcionario y estatutario
Sin embargo, CCOO denuncia con rotundidad que el problema está lejos de resolverse totalmente. El Gobierno central mantiene un incumplimiento manifiesto al no haber recuperado aún la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, tal y como se comprometió en el Acuerdo para una Administración del Siglo XXI.
Lejos de facilitar su aplicación, el Ejecutivo ha contribuido a bloquearla, por acción u omisión, al incluir esta materia, de manera absolutamente inopinada, en el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración General del Estado, actualmente paralizado en el Congreso de los Diputados.
Este movimiento ha supuesto, en la práctica, enterrar temporalmente un derecho comprometido, sometiéndolo a los ritmos y bloqueos parlamentarios, y alejándolo de la urgencia que requiere su aplicación.
CCOO recuerda que los acuerdos firmados obligan a las partes, y que el Gobierno central tiene la responsabilidad ineludible de remover todos los obstáculos políticos y administrativos que están impidiendo que el personal funcionario y estatutario pueda acceder a la jubilación parcial.
CCOO exige una solución inmediata: si la única vía eficaz para cumplir este compromiso es la aprobación mediante real decreto-ley, debe hacerse de manera inmediata. No hay justificación posible para seguir retrasando la aplicación de un derecho ya pactado y necesario para garantizar condiciones dignas de salida del empleo público y una adecuada renovación de plantillas.
CCOO advierte de que no tolerará este incumplimiento y que no permanecerá impasible ante una nueva dilación. La organización sindical ya está planificando acciones de presión, tanto en el ámbito institucional como en la movilización del conjunto de las trabajadoras y trabajadores públicos, para obligar al Gobierno a cumplir sus compromisos. La paciencia del personal público tiene un límite, y que no se pueden seguir utilizando sus derechos como moneda de cambio ni mantenerlos bloqueados por decisiones políticas erráticas.
La aprobación del real decreto-ley para el personal laboral demuestra que sí es posible actuar cuando existe voluntad política. Por ello, CCOO exige que esa misma voluntad se aplique de manera inmediata al conjunto del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
No caben más excusas. No caben más retrasos. Es el momento de cumplir. Por ello CCOO continuará defendiendo, con firmeza y determinación, los derechos de todas las empleadas y empleados públicos hasta su plena recuperación.
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