El Consejo de Ministros aprobó el pasado 30 de marzo el anteproyecto de ley de Ciencia sin ninguna negociación previa, salvo el proceso de consulta pública de un texto mínimo del anteproyectoEl criterio de CCOO junto con la mayoría de las organizaciones y asociaciones científicas es que, el texto difundido que modifica la vigente Ley 14/2011, aumenta los problemas que afectan al sistema científico-técnico español, agravados por la crisis de 2009 y agudizados por la pandemia. Motivo por el que se ha realizado una convocatoria de protestas para el jueves 15 de abril.
Las movilizaciones están promovidas por coordinadora Marea Roja por la Investigación, integrada por CCOO y varias organizaciones de personal investigador, a la que se han ido sumando otros sindicatos y nuevas asociaciones científicas. En el cartel de convocatoria, con concentraciones en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Santiago de Compostela y Oviedo, hay que decir que se han ido añadiendo nuevas (Granada, Murcia, Tarragona, Zaragoza).
De la misma forma que se han incorporado nuevos lugares para concentraciones, a los convocantes iniciales también se han ido añadiendo nuevas organizaciones. Así, a CCOO, CNT y CGT (sindicatos inicialmente convocantes) se han incorporado también UGT y CSIF. Igual que ha sucedido con las asociaciones (Federación de Jóvenes Investigadores, Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios, Asociación Española para el Avance de la Ciencia, Ciencia con Futuro, JINTE-Jóvenes por la Investigación de Tenerife...).
La importancia de esta movilización es tal que en CCOO ha sido encabezada por nuestro Secretario Confederal, Unai Sordo, y se ha editado un número especial de la revista Confederal del sindicato:
GACETA SINDICAL (clic aquí para descargarlo).
En particular, el anteproyecto de Ley (APL) no resuelve el creciente envejecimiento de las plantillas del personal de la investigación, con edades de acceso que alcanzan los 43 años y tasas de precariedad que suponen el 40% en Universidades y OPIs y superan el 80% en el sistema sanitario. El sector privado presenta situaciones similares ante la drástica reducción del número de empresas innovadoras.
El APL no plantea una carrera profesional para el conjunto de personal de investigación. De hecho, ignora al personal de gestión, desprecia y excluye al personal técnico, y no reconoce los derechos laborales plenos para los trabajadores y trabajadoras del sector. Tampoco hace referencia al personal investigador sanitario y no afronta la necesaria coordinación de la movilidad y promoción interna dentro del sistema.
La modificación más importante es el sistema de acceso del personal científico, sustituyendo la escala funcionarial de Científicos Titulares (55% del personal científico en el CSIC y el 100% en OPIS) que se declara a extinguir, por el famoso Tenure-track, una figura teóricamente “fija” pero con dos cláusulas de despido. Un contrato fuera de la legislación española y que vulnera el Derecho Internacional, como indica el Ministerio de Trabajo, que lo considera “un contrato temporal más”.
Los problemas de financiación ni siquiera se mencionan en el texto, mientras la brecha en el gasto en I+D+i respecto al PIB sigue creciendo respecto a la media europea. Y no se afrontan los problemas de coordinación entre las distintas administraciones públicas, proponiendo una modificación mínima de las funciones del Consejo General de Ciencia y Tecnología, sin la relevancia y visibilidad de los Consejos de Sanidad o Política Fiscal.
La iniciativa tampoco apunta a construir un modelo eficaz para asegurar una transformación de nuestro sistema productivo hacia un modelo centrado en la innovación. El APL pretende mejorar la transferencia incentivando la participación en los beneficios del personal investigador. De nuevo, desprecia el papel esencial del personal técnico en la creación de tecnología y apuesta como único camino por la creación de spin-off, eliminado la barrera entre lo público y lo privado y permitiendo conductas que pueden incurrir en figuras delictivas tipificadas en el Código Penal.
Ante esta situación CCOO, reclama:
Un Plan de Choque contra el alarmante envejecimiento y precariedad de los trabajadores de investigación, que supera ya el 40%, y que ha sido duramente criticado por la Unión Europea.Un compromiso financiero plurianual que permita afrontar las reformas previstas y reducir nuestro diferencial respecto a los países de la UE.Desarrollar las carreras profesionales del personal de investigación, creando itinerarios profesionales definidos, claros y con un horizonte de estabilidad, con el fin de reducir de forma significativa la edad de incorporación a las figuras estables.Desarrollar la figura del Tecnólogo/a que aparece en la actual Ley de la ciencia y articular la carrera profesional del personal técnico, artículo 29 de la ley 14/2011.Fomentar mecanismos horizontales que permitan el intercambio y movilidad de personal entre las diferentes escalas: científica, técnica y de gestión, y entre los distintos actores del sistema (OPIS, Universidades, Sistema Sanitario).Negociación de todos los aspectos de la reforma de la ley en la Mesa de Diálogo Social. Reconociendo derechos laborales plenos para todo el personal del sector de la investigación, así como la negociación de las condiciones salariales y laborales.Establecer las modificaciones legales que permitan la coordinación eficaz entre las diferentes administraciones públicas, cuyos problemas se han hecho más evidentes durante la pandemia.Avanzar hacia un sistema de I+D+i que sirva de base a una transformación real de nuestro sistema productivo en un modelo centrado en la innovación, sin supeditar en ningún caso el sector público a la iniciativa privada.
El texto ha suscitado no sólo el rechazo de CCOO sino de la mayoría de sindicatos y de las asociaciones y colectivos de personal investigador.
Como respuesta al APL se han convocado concentraciones presenciales el jueves 15 de abril para exigir la retirada de este APL y proponer la negociación efectiva de un proyecto de ley que resuelva los problemas del sistema de investigación.
Las concentraciones se realizarán respetando las estrictas medidas de seguridad impuestas por la pandemia. El acto central tendrá lugar en Madrid a las 18 h, frente al Ministerio de Ciencia e Innovación. También se han convocado concentraciones presenciales en Barcelona, Santiago de Compostela, Oviedo, Valencia y Sevilla.
